El decreto 591/2019, firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun, y el ministro de Producción, Dante Sica, flexibiliza las restricciones para el ingreso de “desechos de papel y cartón, chatarra ferrosa, chatarra de aluminio, desechos de material plástico y vidrios”, entre otros, sin necesidad de ningún certificado de inocuidad sanitaria y ambiental algo que estaba expresamente prohibido desde 1991 cuando se sancionó Ley de Residuos Peligrosos. 

La norma ya publicada en el Boletín Oficial modifica los decretos reglamentarios de la ley de Residuos Peligrosos para permitir el ingreso de “sustancias y objetos”, procedentes de otros países, que puedan ser utilizados para otras finalidades o para los que exista un mercado o demanda específica.  Según grupos ambientalistas y cartoneros criticaron la medida: “Nos deja abiertos a ser el basural del mundo”

Los especialistas en materia ambiental juzgaron la medida como preocupante, por su carácter regresivo en materia de derechos ambientales, y sospechoso por el momento en que salió publicada, casi de manera secreta, en medio de un caótico contexto político y económico tras la derrota del oficialismo en las PASO.

El riesgo ambiental y contra las cooperativas de cartoneros 

* El decreto representa una “regresión ambiental” y entra en contradicción con el artículo 41 de la Constitución Nacional:

Artículo 41- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

* Al eliminarse el requisito de inocuidad y peligrosidad, cabe plantearse cuál es la seguridad de que no ingresen residuos altamente peligrosos y / o contaminantes. 

* Se atenta directamente contra las cooperativas de cartoneros que viven de la venta de material reciclado. Es decir, la importación de desechos reciclados provocaría la baja del precio de los materiales que se recuperan los cartoneros. Al bajar el precio de los materiales reciclables, implica menor posibilidad de ingreso a un trabajador cartonero.