En estos últimos días, debido a las declaraciones del Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, se ha puesto en cuestión el carácter de “presos políticos” de los funcionarios y dirigentes políticos encarcelados durante el gobierno de Macri, entre ellos los casos más resonantes: Julio De Vido, Amado Boudou, Luis D´Elia y Milagro Sala. Según Cafiero, se trataría de “detenidos arbitrarios” y no de “presos políticos”, toda vez que han sido sometidos a un proceso penal, aún con graves irregularidades.

Antes de entrar en esta discusión, que simbólicamente creemos que tiene mucho peso, y de pensar si es necesaria una solución política o jurídica, resulta necesario defirnir al LAWFARE y a la incidencia de esta práctica en nuestro país y en América Latina.

La traducción al castellano del término “LAWFARE”, significa “guerra jurídica, miedo a la ley”, lo que nos lleva a preguntarnos ¿Existen guerras sin violencia, fuera de lo que comprendemos como una guerra convencional? Y más específicamente… ¿se puede plantear una guerra desde la ley o el derecho? Es importante conocer esta nueva operación llevada adelante en toda América Latina, donde por medio de la formación de “partidos judiciales” más la cooperación de los medios concentrados, se logra desprestigiar a los gobiernos populares, acallar opositores e incluso encarcelarlos. En este nuevo mecanismo de violencia más sutil se utilizan las herramientas jurídicas, para perseguir a ciertos dirigentes y a su vez generar legitimidad social y consenso en cuanto a que esa persecución es necesaria, justa y merecida.

Este tipo de operaciones requieren como condición necesaria la existencia de, por un lado: un Partido Judicial: es decir jueces y fiscales dispuestos a ejercer su poder en favor de determinados intereses políticos, y por el otro; la concentración mediática: grandes medios de comunicación en pocas manos, cuyos operadores se presten para instalar una premisa fundamental: “la corrupción es propia y definitoria de los gobiernos populares”. Así todas las conquistas sociales obtenidas por esos gobiernos se minimizan y vienen a ser la contrapartida inevitable de su inmoralidad intrínseca; mientras que la derecha se presenta como dispuesta a traer lo contrario: transparencia, eficiencia y reducción de cargas innecesarias.

Una vez en el poder, los gobiernos neoliberales, afines al gran capital y con su único objetivo de arrancar los derechos conseguidos; al no poder cumplir con su falsa promesa de prosperidad económica, empiezan a salir de cacería: “Hay que encarcelar a los corruptos, hay que lograr que la sociedad reniegue de sus propias conquistas, que se conforme con ver en prisión a los “verdaderos” culpables de su malestar”.

En este contexto es que en nuestro país se llevó adelante una persecución mediático-judicial, justamente contra aquellos funcionarios y dirigentes políticos que durante los gobiernos de Nestor y Cristina Kirchner, han realizado conquistas y han otorgado derechos a los sectores postergados: como la re estatización del sistema previsional por el ex vicepresidente Amado Boudou, o las obras de Milagro Sala en Jujuy, quien por medio de su Cooperativa ha construido viviendas, fábricas, hospitales y escuelas, hasta piletas climatizadas para los chicos que jamás habían accedido a una.

Armaron causas y condenaron con pruebas insuficientes (testigos en vez de pericias contables en presuntos delitos penales económicos), introdujeron la figura del “imputado arrepentido” (utilizada en la causa de los cuadernos) para arrancar confesiones y extorsionar a políticos y empresarios: formaron una red de espionaje ilegal sin precedentes para perseguir opositores. Violaron el derecho de defensa en juicio y presunción de inocencia de todas las maneras posibles, violaron el derecho de intimidad de las personas, denegaron arbitrariamente pedidos de excarcelación aun acreditándose la inexistencia de peligro de fuga o entorpecimiento en el proceso. Se manipularon los sorteos en las principales causas que involucraban a CFK; “casualmente” todas caían radicadas en el Juzgado Federal Criminal y Correccional 11 de Claudio Bonadio (principal exponente del LAWFARE en el país, recientemente fallecido). Evidentemente existió una persecución política durante la era macrista, donde no se persiguió la corrupción, sino a aquellos que fueron parte de un gobierno que generó derechos para todos los argentinos.

Mientras eso ocurría, se iba llevando adelante el mayor endeudamiento de la historia, la fuga de capitales, el enriquecimiento sin escalas de Macri, sus funcionarios y sus empresarios amigos, mientras se desguazaba el Estado, se cerraban ministerios, se condenaba a cada vez más familias a la pobreza extrema, al desempleo, a la falta total de oportunidades. Miles de personas eran arrojadas a la

calle, mientras tanto las empresas energéticas aumentaban exponencialmente sus ganancias, mientras cerraban más pymes y más comercios. Pero los programas de chimentos ofrecían el show: nos mostraban el baño que Julio De Vido usaría en la cárcel o a Amado Boudou esposado en pantuflas: y en esto no nos podemos permitir perder la memoria: los medios concentrados y sus operadores fueron imprescindibles para hacer posible estas operaciones; pues lejos de interesarse por encontrar la verdad, no hicieron más que crear aquella que al poder real le conviene.

A su vez, el Lawfare no fue un fenómeno nuestro, sino que se trata de una metodología utilizada en toda América Latina, por ello en Brasil el ex presidente Lula resultó encarcelado, la ex presidenta Dilma Rousseff destituida en ejecicio su mandato; por ello en Ecuador se llevó adelante una causa de los cuadernos idéntica a la nuestra (vaya casualidad). Por algo la derecha se encuentra hoy gobernando en la mayoría de los países de América Latina, y si los golpes blandos no alcanzan, son capaces de dar un golpe mayor , como es el caso de Bolivia.

Y ahora para volver al comienzo de esta columna, considero desde ya que es importante llamar las cosas por su nombre: en nuestro país tenemos presos políticos, ya que si bien fueron sometidos a procesos penales, los mismos fueron plagados de irregularidades y en manifiesta violación del principio de inocencia y de defensa en juicio. Nuestros compañeros fueron perseguidos a causa de su pertenencia a los gobiernos kirchneristas y por haber llevado adelante políticas orientadas a la redistribución del ingreso y al principio de justicia social. Fueron víctimas del mecanismo del lawfare, el chivo expiatorio donde depositar las broncas sociales, mientras se llevaba adelante un plan de saqueo y de destrucción del Estado. ¿Le quita el carácter de presos políticos por haber sido encarcelados por procesos judiciales, aún en violación de las garantías constitucionales? ¿A pesar de las conversaciones del presidente de la Suprema corte de Jujuy donde admite haber metido presa a Milagro “para que no moleste”, a pesar de que se ha documentado que el testigo arrependido Vanderbroele ha recibido un millón y medio de pesos para incriminar a Amado Boudou? ¿No resultan estos extremos suficientes para viciar de nulidad todo los procesos, en función de la teoría ABC de derecho penal, cual es la de los frutos del árbol venenoso?

Y aquí en este reconocimiento o desconocimiento del carácter de presos políticos, se le presenta una disyuntiva al gobierno actual. Si son presos políticos estaría la posibilidad de dar una solución vía indulto (requiere sentencia firme, es dispuesto por el poder ejecutivo) o amnistía (la dispone el congreso, en cualquier etapa del proceso). Si se delega la resolución de los casos al mismo poder judicial entramos en la contradicción de que se trataría de mismo poder que los condenó; lo que nos lleva a reconsiderar una profunda reforma judicial. Los mismos presos políticos han manifestado que quieren demostrar su inocencia mediante una sentencia, lo que llevará un tiempo considerable. Realmente el lugar en que estamos no es fácil pero es urgente dar una respuesta. Se trata de compañeros que están pagando con su libertad la pertenencia y el compromiso con un proyecto político, que han hecho mucho por la ampliación de nuestros derechos y que han padecido todo tipo de privaciones y daño a su salud e integridad. Que son víctimas del lawfare y de un gobierno que nos endeudó por un siglo, cuyos integrantes deberían responder por ello ante la Justicia. Pero eso será materia de una próxima columna.