La Justicia federal abrió una investigación e imputó al presidente Mauricio Macri y los ex ministros de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel, junto a otros funcionarios de la Alianza Cambiemos, por “administración fraudulenta”, por el intento de privatizar “a precio vil” las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López. 

Todo proviene de una denuncia presentada en noviembre pasado por los diputados nacionales del Frente para La Victoria, los diputados Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana, en la que se sostiene que el Gobierno licitó las centrales por menos del valor que el Estado puso para una parte de su construcción licitada por Enarsa en 2010, por la mitad de la valuación fiscal que la Auditoria General de la Nación fijó en 2012 y por apenas algo más del doble que la ganancia obtenida por cada una de ellas en un solo año.

Cabe recordar que en el medio, Iecsa (del grupo de la familia presidencial recibió una indemnización de 1600 millones de pesos por la ruptura del convenio para continuar la construcción que había licitado, mientras que la Central Puerto, en manos de Nicolás Caputo, el “amigo del alma” del Presidente y cónsul honorario de Singapur, avanza para quedarse con las dos centrales termoeléctricas.