Por un lado, y en plena cortina de humo, especialidad del asesor político de imagen del gobierno de la Alianza Cambiemos, Durán Barba, de instalar un tema para desviar la atención del foco de lo urgente del contexto del país, es decir, una grave situación económica, debatida entre una escalada inflacionaria, ajuste ordenado por el Fondo Monetario y tarifazos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vuelve a la carga con la seguridad, instalando (otra vez), la baja de la edad de imputabilidad.

La ministra lanzó la frase, porqué no decir casi amenaza: “A partir de los 15 años, si (un adolescente) comete un delito grave, va a tener consecuencias graves”. Ya en plena campaña electoral, y con un claro mensaje al electorado que apoya la "mano dura", la frase fue disparada en fue hecha durante un acto de campaña en la provincia de Neuquén, en la que se refirió a la criminalidad juvenil. Cabe recordar que según estadísticas oficiales, menos del 7% de los delitos son cometidos por menores de 16 años. 

Por otra parte, la ministra de seguridad, casi protagoniza una "tensión diplomática", ya que el gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez, realizó un reclamo formal ante el gobierno macrista, por la intromisión de la ministra de Seguridad,  en cuestiones internas de ese país. Puntualmente, dicho reclamo formal, fue presentado por la cancillería ante el embajador argentino en Uruguay, Mario Barletta. El reclamo, surge del malestar provocado en las autoridades uruguayas, después de que Bullrich, hiciera un video en respaldo a una senadora del derechista Partido Nacional de ese país en el que sostuvo que "allí (en Uruguay) hay una politíca de "permisividad" hacia la delincuencia", recomendando tener “una policía que sienta que está respaldada por el poder”. O sea, exporta la doctrina Chocobar.