El Tribunal Oral Federal número 2, que lleva adelante el juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner, respecto de la causa conocida como "vialidad", mediante una nota dirigida al jefe de Gabinete, Marcos Peña, le reclamó al Gobierno nacional una serie de medidas de prueba solicitadas por la defensa de la ex presidenta.

El Tribunal le recuerda que ya había realizado ese mismo pedido el 25 de abril, del cual nunca tuvo respuesta. Con la firma del presidente del tribunal, Jorge Gorini, los jueces exigen la totalidad de las resoluciones tanto del Ministerio de Planificación como de la Dirección Nacional de Vialidad, "a través de las cuales se ampliaron y modificaron las partidas presupuestarias establecidas en las leyes de presupuesto previstas para los ejercicios 2004 a 2015".

También pidieron "la totalidad de los Actos Administrativos a través de los cuales la Secretaría de Obra Pública, la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y cualquier otro organismo dependiente del Ministerio de Planificación Federal, asignaron fondos del fideicomiso creado por el Decreto 976/01 para cualquier cumplimiento de fines específicos".

Según explicó, mediante un comunicado, Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner: "La acusación que se efectúa en contra de CFK sostiene que desde su gobierno, a través de distintos actos administrativos, se reasignaban de manera especial las partidas del presupuesto votadas por el Congreso de la Nación en favor de las empresas de Lázaro Báez". Y además sostiene que: "la acusación es falsa" y la ex Presidenta "jamás favoreció a las empresas de Báez". "Las reasignaciones de partidas tenían carácter general, representando ello una facultad administrativa que desarrollan habitualmente todos los gobiernos"