Todo empezó cuando la asociación civil, Abogados por la Justicia Social (AJUS), en septiembre de 2018, elevó una denuncia detallada, a la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU que encabeza el jurista peruano Diego García-Sayán, quién le dio un plazo de 60 días al gobierno macrista, para contestar los cargos sobre sospechas de violación de la independencia judicial.