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Dinero no convertible
Banco Central y bandera argentina

El trilema déficit fiscal + falta de liquidez y de crédito + fuga al dólar

Adaptación de Horacio Rovelli a la propuesta de MAURICIO PRELOOKER1


El trilema económico-financiero de la Argentina sobre todo de los últimos años, consiste en que en un bajo nivel de monetización y de crédito,2 se opera con un creciente déficit fiscal total, fundamentalmente por el impacto de los intereses de la deuda pública. La principal limitación para emitir dinero es que es tomado principalmente como medio de cambio y no como reserva de valor, razón por la cual una parte se destina a demandar dólares.

El problema tal cual lo asume el gobierno de Alberto Fernández es tratar de reconvertir el sistema en forma pausada y no condice con el nivel de exigencia de la actividad económica (muy golpeada por la desocupación, pobreza, cierre de establecimientos, convocatorias de acreedores, morosidad bancaria, etc., etc.) y la dinámica propia de crecer que implica aumentar la cantidad de dinero y de crédito en términos reales.

En ese marco se propone la creación de un Dinero No Convertible.


LA PROPUESTA DE MAURICIO PRELOOKER:

En primer término, en qué consiste la inconvertibilidad del nuevo dinero propuesto, que Mauricio Prelooker denominó “Bancor” en homenaje a John Maynard Keynes, y que lo define como un billete de banco, es decir, una casi moneda, que, a diferencia de los llamados "bonos" provinciales o nacionales, es de curso legal y aceptación obligatoria en todo el país, tanto para el sector publico como el privado, en todas las transacciones en que se compran y venden bienes y servicios de todo tipo, menos las financieras y, obviamente, las cambiarias.

No se puede comprar con ellos, -y de ahí su carácter no convertible-, la moneda local, las divisas extranjeras, los metales preciosos y los títulos-valores de cualquier naturaleza, estatales o privados, así como otros valores (cheques, certificados o no, facturas conformadas, etc.) susceptibles de un descuento bancario, es decir, que puedan ser convertidos en pesos.

La experiencia alemana de 1923:

¿Quién emitirá el Bancor? Su emisión estará a cargo de un Instituto Emisor ad hoc, a la manera del "Diskontobank" que utilizó el banquero alemán Hjalmar Schacht a fines de 1923 para emitir el "Rentenmark", una segunda moneda legal que comenzó a circular a la par de la primera, el Reichsmark, victima de una inflación aparentemente incontenible.

Con el "Rentenmark" se pulverizó en pocas semanas la hiperinflación alemana de 1923, la mayor que se recuerda en los anales de la historia monetaria mundial.

Debe recordarse, -para quienes se espanten ante el respaldo que se prevé para el Bancor-, que el "Rentenmark" estaba respaldado por una hipoteca de primer grado sobre toda la propiedad territorial alemana, tanto rural como urbana, tanto estatal como privada. Al mismo tiempo, estaba avalado por un crédito de 200 millones de libras esterlinas oro, concedido por el Banco de Inglaterra.

¿Cuál es el respaldo del Bancor? Esta moneda inconvertible queda respaldada, -ahora se dice, en términos más técnicos, securitizada o colateralizada-, mediante aval de un IMPUESTO EXTRAORDINARIO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA (que se detalla al final de la propuesta).

El Bancor, en este contexto, queda definido como una obligación o cedula con garantía del Fondo de Recaudación del Impuesto Extraordinario a la Propiedad de la Tierra (en el derecho comercial de los Estados Unidos se lo designaría como una "collateralized-mortgage-obligation" = CNIO). Con el respaldo del cual se lo dota, el Bancor se convierte en una moneda interna inconvertible.

De qué manera entrará en circulación el Bancor: A través de los pagos de sus obligaciones, efectuados por las municipalidades, las provincias y el Estado Nacional, a los cuales el Instituto Emisor girara Bancors en determinadas proporciones. Las mismas surgirán de un nuevo Pacto Federal Fiscal, que deberá tener sanción parlamentaria y dará prioridad absoluta a la reactivación de la actividad económica regional, la defensa.y la ampliación de las fuentes de trabajo existentes y la creación de otras nuevas.

Esta nueva metodología no es incompatible con la expansión del crédito bancario, al contrario, se potencian ambas. ¿Quiénes recibirán en primer lugar los Bancors? Los funcionarios y empleados nacionales, provinciales y municipales, así como los jubilados y pensionados, cobraran parte de sus sueldos y jornales y sus haberes en Bancors en un porcentaje a determinar, y la otra parte en dinero en efectivo, porcentaje que irá variando en su composición según las necesidades.

También se emplearán parcialmente los Bancors para pagar las deudas del Estado (Nacional, Provincial, y Municipal) con los contratistas y proveedores. Se cancelarán de igual manera los abultados montos correspondientes a juicios perdidos por el sector público, tanto con empresas como con jubilados y particulares. El resultado prácticamente inmediato de este "shock de Liquidez" será una considerable ampliación del mercado interno. Prelooker continua diciendo que se debe recordar que bajo el nombre de "cheque postal", se constituyó una segunda moneda que fue utilizada durante varios años en la década del 50, por economistas tan ortodoxos como Ludwig Erhard en Alemania y Jacques Rueff en Francia (Ministro del gobierno de Charles de Gaulle) Su emisión en esos dos países provocó el retiro de la circulación de un 60%, aproximadamente, de la moneda oficial, sin afectar los precios.

Aplicando esta misma metodología al caso argentino:

  1. Al ampliar la circulación como medio de pago por Bancors que no es convertible, se reduce considerablemente la capacidad de compra de las divisas extranjeras. Por consiguiente, esta emisión de una moneda no convertible en divisas limita la fuga de capitales (de hecho al comprar, por ejemplo en un supermercado con Bancors, se asegura que la utilidad del comercio no se puede convertir en dólares o cualquier otra divisa y “fugarse”).
  2. Al elevar en gran escala la demanda interna global de los bienes de consumo perecederos, y en una segunda etapa de los durables, los bienes de capital y los servicios, se apuntala el aumento a corto plazo de la oferta global, maximizando la utilización de la capacidad instalada y asegurando el empleo de la mano de obra. Esta reactivación económica generará, obviamente, un considerable aumento de la recaudación fiscal (vía impuestos y tasas que deben adecuarse en sus pagos), con un mayor equilibrio presupuestario, sobre todo de las provincias y municipios.
  3. Se prohibirá la colocación a interés y el descuento bancario de estos billetes en todo el sistema bancario y financiero, así como su empleo para establecer cauciones a termino y constituir avales bancarios y comerciales. En consecuencia no se puede utilizar para financiar importaciones o exportaciones. Su campo de operaciones es el mercado interno, y es donde circularan, "quemando las manos" de quienes los empleen, pues no podrán ganar intereses sobre ellos. La formación de un mercado secundario de estos billetes se vuelve igualmente imposible, porque no se puede canjearlos por monedas o metales preciosos, lo cual impide que se pueda depositar a interés en colocaciones bancarias de cualquier tipo, después de convertirlos en pesos.

Por otra parte, al dotarse al Bancor de un aval muy sólido de carácter inmobiliario, es factible que se produzca una razonable conversión de pesos a Bancors, y de Bancors a pesos.

Los Bancors en circulación podrán ser utilizados para el pago de impuestos, tasas y aranceles nacionales, provinciales y municipales, así como de bienes y servicios del sector público. Al recibirlos el Estado Nacional, a través del Instituto Emisor, los destruirá, y el B.C.R.A. los reemplazará por la emisión de igual cantidad de pesos, que el sector público utilizará para cancelar sus propios gastos. Todos los Bancors que circulen todavía después de transcurridos (digamos) cinco años de su emisión serán rescatados a la par, en cuatro cuotas anuales iguales y sin interés. Con tal fin, se emplearán los pesos que se reservarán en un Fondo Especial de Securitización, a los cuales se sumarán, en caso necesario, fondos provenientes generados por la ampliación de la recaudación fiscal. No olvidemos que esta es siempre proporcional al aumento de volver a tasas mayores de crecimiento inducida por las medidas.

Mauricio Prelooker asemeja la inyección de estos fondos en la economía, y sin que le cueste al país un solo centavo de intereses, a un enorme autopréstamo que el país se hace a sí mismo, recuperable con el propio aumento del PIB, y al favorecerse las cuentas fiscales, a la par que se apuntala la demanda agregada sin presionar sobre los precios y sobre su conversión en divisas e instrumentos financieros.

Las medidas propuestas, junto con otras que constituyen su natural complemento, como debe ser la aparente contradicción de hacer un exhaustivo seguimiento de la formación de los precios de los bienes de uso difundido y de los precios minoristas, esencialmente los de los productos que se venden en la cadena de supermercados,3 conforman la garantía de su aplicación.

No obstante, es evidente que la emisión de una moneda inconvertible, por mejor realizada e inobjetable que fuera desde el punto de vista técnico, será del todo insuficiente si no forma parte de un plan integral que articule con las políticas monetarias, cambiarias, comercial, fiscal, de ingresos, etc.. Debe formar parte del mismo Plan Estratégico.

Plan Estratégico que cuenta de tres etapas:

Base y Punto de Partida: Se debe consolidar la macroeconomía, de hecho las devaluaciones realizadas por el gobierno de Cambiemos frenó las importaciones y mejoró ante la caída del nivel de actividad, las cuentas externas, lo que en conjunto conforman la base y punto de partida a la que debe agregarse las medidas y fines de corto y de mediano y largo plazo.

Corto Plazo:

  1. La concreción de la Matriz Insumo-Producto, indispensable para saber la interrelación en la cadena productiva y distributiva, así como los márgenes de ganancia de cada sector y de las principales empresas de cada sector.
  2. Convenio de Precios: Esencialmente con las grandes empresas productoras de bienes de uso difundido, (acero, aluminio, petroquímica, cemento, etc.), y con los grandes productores y distribuidores (entre ellos los grandes supermercados) de alimentos y otros componentes de la Canasta Básica Total.
  3. Acuerdos de inversión que permitan desarrollar tecnología en nuestro país

Mediano y Largo Plazo:

  • La conformación de un Mapa Fiscal que relacione los beneficios y los pagos que reciben y que hacen a los distintos estamentos estatales a las grandes empresas del país.
  • Constitución de un Consejo Económico-Social que defina los sectores estratégicos que permitan acrecentar nuestra producción e integración en la región y en el comercio internacional.

 

EN SÍNTESIS:

El Dinero No Convertible propuesto por Mauricio Prelooker permite expandir la liquidez incrementando la monetización de nuestra economía, con todos los beneficios del rol de dinero como nexo de interrelación e impulso del circuito económico, sin tener que pagar el costo de la constante derivación del ahorro monetario a dólar, y con el menor impacto a los precios dado que impacta más y antes en la producción.

Se debe considerar en primer lugar que es un bono nacional, no provincial, pero es obvio que la mayor proporción del déficit de las provincias va a ser “cubierto” por la Administración Nacional (así como la moneda no convertible sirve para pagar impuestos provinciales y tasas municipales).

Además la experiencia de los Bonos Provinciales fue traumática, pero dio una solución a la falta de liquidez y al pago de deudas.  El objetivo es incrementar el grado de monetización,  y que no se convierta esa mayor liquidez en dólares,  bien con el Dinero No Convertible  se le das respuesta a los tres  problemas a la vez (el trilema déficit fiscal + falta de liquidez y de crédito + fuga al dólar).

ANEXO I:

IMPUESTO EXTRAORDINARIO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA

La imposición a la propiedad rural en Argentina y de acuerdo a la Constitución Nacional, es facultad de las provincias. Lo que se propone es, como respaldo del Dinero No Convertible planteado, un impuesto nacional que actúe como complemento de los provinciales para garantizar una mayor progresividad y homogeneidad de la carga que permita captar la renta diferencial de la tierra.4 Convirtiéndose a su vez en un mecanismo idóneo y más que justificado para detraer recursos de uno de los sectores más privilegiados del país.

El nuevo impuesto propuesto abreva en el impuesto inmobiliario que rigió en la provincia de Buenos Aires entre los años 1948 y 1974. En ese período, tal como reseñan los autores Eduardo Basualdo y Miguel Khavisse5, este tributo tenía al propietario como sujeto de imposición, a diferencia del actual gravamen que grava al objeto, esto es, las tierras y sus mejoras. Hasta el golpe militar del 1955, además, rigió un recargo del 25% en la alícuota cuando el propietario fuese una sociedad anónima y otro 25% si el propietario residía más de tres años en el exterior.

Actualmente, la aplicación de la biotecnología a la producción agropecuaria permitió un aumento considerable de los rindes por hectárea y la posibilidad de cultivar en zonas que hasta hace poco tiempo resultaban no cultivables. Más allá de la expansión del consumo actual, en los próximos años el avance de los biocombustibles impactará en la rentabilidad de los campos por el lado de la demanda. Ambos efectos se complementan (por oferta y por demanda) para generar rentas extraordinarias que el sistema tributario debe captar.

La recomendación para crear el Impuesto Extraordinario a la propiedad de la Tierra es que alcance a todas las propiedades rurales englobadas bajo un mismo propietario en todo el territorio nacional, cualquiera fuera su figura jurídica, con una base imponible determinada de acuerdo al valor de mercado y con las alícuotas marginales progresivas. A su vez, se debe articular con los gravámenes inmobiliarios rurales, al permitir el pago a cuenta del gravamen nacional.

El Impuesto extraordinario a la Propiedad de la Tierra actuaría como complemento de los Derechos de Exportación (retenciones) a la producción agropecuaria y de los Inmobiliarios Rurales provinciales, pero, a diferencia de éstos gravaría al sujeto y no al objeto.

Con respecto a los Derechos de Exportación, el Impuesto Extraordinario a la Propiedad de la Tierra no podría ser un sustituto, porque es necesario que ambos coexistan. Simplificando, tal vez en exceso, el impuesto propuesto extraería la renta diferencial de la tierra a los propietarios y los Derechos de Exportación a la ganancia extraordinaria de los productores. En realidad, los dos gravámenes, por la traslación hacia delante o hacia atrás según el caso, se reparten la apropiación de las rentas extraordinarias de la propiedad de la tierra y de su explotación.

En los Derechos de Exportación la carga se reparte entre el productor y el propietario de la tierra al definirse, por lo general, el arrendamiento del campo medido en quintales de un producto agrario (que puede cambiar según la zona, pero suele ser la soja) o en cabezas de ganado. Así, por ejemplo, si el productor arrienda el campo por 500 quintales y produce 5.000 quintales, el Derecho de Exportación correspondiente al alquiler se lo trasladará al propietario de la tierra, pero sobre él recaerán los Derechos de exportación por los 4.500 quintales restantes.

En el caso del Impuesto propuesto a la propiedad de la tierra, al gravar de manera diferencial de acuerdo tanto al valor potencial de la tierra (independientemente de su uso) como al conjunto de tierras en cabeza de un mismo propietario con alícuotas progresivas, la carga tributaria será distinta para los diferentes sujetos alcanzados, proporcionalmente más alta cuanto mayor sea el valor de la hectárea y mayor el patrimonio del propietario de las tierras.

Esta complementación, permitiría una imposición más alta a los grandes hacendados y reduciría la carga de los pequeños propietarios de tierra y productores agropecuarios. Se resolvería, de esta forma, la limitación de los Derechos de exportación de no poder diferenciar la imposición de acuerdo al tamaño de la explotación.

Con respecto a los impuestos provinciales, estos actuarían como pago a cuenta del Impuesto Extraordinario, lo que permitiría alcanzar dos efectos que potenciarían el instrumento. Por un lado, permitiría evitar la elusión existente en los inmobiliarios rurales originada en la división de las propiedades. Por otro lado, con la concurrencia entre la administración nacional y las provinciales, también debería lograrse una mayor eficiencia en la recaudación de las provincias por el entrecruzamiento de bases y la conveniencia de mantener actualizado el valor fiscal de sus tributos.

La cuestión a resolver en este aspecto es la valuación catastral. De acuerdo a la Ley 26.209 promulgada en enero de 2007, la valuación parcelaria corresponde a cada una de las provincias y la CABA (Artículo 14) y en consecuencia le cabe un rol central al Consejo Federal de Catastro creado por la misma norma en su Artículo 15 para, como dice en el siguiente Artículo (16), contribuir a “coordinar las metodologías valuatorias con la finalidad de unificar criterios, destinados a informar a los organismos tributarios pertinentes en toda la Nación”. La Ley de Tierras, al crear un registro de la propiedad de la tierra, allana el camino para disponer de la información necesaria para la instrumentación de este impuesto.

Volviendo a la articulación entre el Impuesto Extraordinario con otros tributos, es necesario analizar la relación con los impuestos nacionales a las Ganancias, y a los Bienes Personales.

La vinculación del impuesto propuesto con el impuesto a las Ganancias (o a las rentas efectivas) requiere una evaluación exhaustiva, pero siguiendo a los autores como Dino Jarach que han trabajado el tema, podremos afirmar que se puede mantener el Impuesto a las Ganancias y crear el nuevo impuesto como complemento. E incluso se puede explorar sustituir el concepto de renta efectiva por el de renta potencial, pero debe observarse que cuando el propietario arriende su campo, la renta efectiva que obtenga debería seguir alcanzada.

En cuanto a su vinculación con el Impuesto a los Bienes Personales se pueden manejar varias alternativas. Para definir la más conveniente hay que contemplar que los inmuebles rurales propiedad de Personas Físicas están excluidos.

Este panorama es perfectamente trasladable al resto del país y en consecuencia tomamos el camino de Basualdo y Khavisse para definir el criterio general de nuestra propuesta cuando expresan que “no sólo es necesario modificar la estructura del actual impuesto inmobiliario rural sino reemplazarlo por un régimen que mantenga la progresividad pero que defina como sujeto de imposición a los propietarios y que discrimine la carga impositiva que debe asumir cada una de las formas de propiedad”. Respecto a este último aspecto, es pertinente recordar que hay claros antecedentes históricos basados en la imposición adicional a las sociedades anónimas. Dichos criterios deberían también aplicarse a los condominios y los grupos societarios ya que los mismos son una parte constitutiva de la propiedad agropecuaria de nuestros días.

Implementar un Impuesto Extraordinario a la Propiedad de la Tierra nacional tiene la ventaja de ampliar la base imponible a todo el territorio argentino y por tanto garantizar una mayor progresividad con relación a impuestos provinciales con sus mismas características. Si un mismo propietario tuviera campos en más de una provincia, las alícuotas a aplicar serían las correspondientes a la base imponible del conjunto, aspecto imposible de resolver 

mediante impuestos provinciales. Se trata, por lo tanto de un impuesto a la propiedad que englobaría al conjunto de inmuebles rurales de un mismo contribuyente en todo el territorio nacional y, mediante la aplicación de alícuotas progresivas marginales o sobre el excedente, permitiría imponer una carga mayor cuanto mayor fuese el patrimonio del sujeto alcanzado. El impuesto propuesto tendría como base imponible el valor venal o de mercado de las propiedades, lo que por cierto genera problemas administrativos para su aplicación, salvables mediante los avances tecnológicos disponibles en los últimos años (información satelital, sistema GIS, etc.).

El óptimo sería considerar como un mismo contribuyente a las empresas, condominios, grupos societarios que estén vinculadas o controladas (en términos de los artículos 34 y 35 de la Ley 19.550) y las personas física que figuren como socias de tales asociaciones. Esto requeriría un estudio profundo del derecho que debe hacerse con personal avezado. Si no fuera posible, debería incorporarse, tal como rigió en la provincia de Buenos Aires, un adicional para los casos cuyos titulares fueran figuras jurídicas distintas a las personas físicas.

Del monto de impuesto determinado de acuerdo a esta escala se deberían deducir los pagos de los Inmobiliarios Rurales provinciales correspondientes a las propiedades incluidas en la base imponible de cada contribuyente (para evitar la doble imposición). Además, nuevamente siguiendo la experiencia pasada de la provincia de Buenos Aires, debería incluirse un coeficiente de acrecentamiento para aquellos propietarios residentes en el exterior.

ANEXO II:

CHEQUE CANCELATORIO.

Lo creó la Ley 25.345 para comprar propiedades (inmuebles, terrenos, etc.), pero debe ser transformado para que su uso sea exclusivamente en pesos. Se debe contar con dinero local y si se poseen divisas, hay que depositarlas en el banco, que libra el cheque cancelatorio. Contra ese cheque, el BCRA entregaría dinero local al tipo de cambio oficial.

ANEXO III

CAMBIO DEL CONCEPTO DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL ROL DEL BCRA

Existe una amplia gama de instrumentos para generar créditos y liquidez al sistema económico argentino, para lo que principalmente se debe terminar con la lógicas rentista de las leyes 21.526 de reforma financiera de 1977 y 24.144 de Carta Orgánica del BCRA de Domingo Cavallo, que permiten la aberración que el Estado Nacional tome deuda, se la venda al BCRA al tipo de cambio oficial (porque sus pagos son en pesos) y después el BCRA le vende esos dólares (que son deuda externa nacional) a los bancos y a los grandes clientes que lo solicitan a través de los bancos. Ese camino debe ser anulado para propiciar el crédito a la producción y al trabajo, para que el crédito vuelva a ser un bien público, tanto porque se nutre con la agregación del ahorro de los ciudadanos como porque su uso repercute en la economía de toda la población.

Basta ver que antes de la reforma financiera de 1977 el crédito al sector privado, no solamente era mucho mejor distribuido, abasteciendo a diferentes sectores y regiones del país, sino que representaba el 25 al 40% % del PIB, a mayo 2020 representa el 11,3% del PIB, y solo es negocio para los grandes bancos a los que les confiere un poder excepcional sobre la mayoría del país.

  • 1. Economista argentino que hizo pública la propuesta en 1999, y que escribió diversas obras al respecto (Por ejemplo: “Economía del Desastre, como salir de la crisis y construir un país mejor” - Ed. Prometeo), que falleció en noviembre del año 2001.
  • 2. En mayo de 2020 M2 (Agregado monetario: es el efectivo en circulación más los depósitos a la vista de los residentes, excluidas la administraciones centrales, en entidades emisoras. Incluye además  los depósitos a plazo fijo de hasta dos años y los depósitos disponibles con preaviso de hasta tres meses) representa aproximadamente el 12,4% del PIB, y el crédito total al sector privado (en pesos y en divisas) es de un 11,% del PIB, recordemos que antes de la reforma financiera de 1977 era del 35 al 40% del PIB,
  • 3. La fuerte concentración comercial se refleja en que según Roberto Dvoskín (especialista en comercio al por menor, Secretario del área en el gobierno de Alfonsín), los grandes supermercados tenían en el año 2013 la siguiente participación en el mercado: Carrefour del 29%, Cencosud (Jumbo) 21%, Coto 20%, Casino (Supermercados Libertad) 7%, La Anónima 7%, y Wal Mart 5%, que debe ser mayor aún en el año 2020
  • 4. David Ricardo: “Que el recurso de Tierra no se puede reproducir, su cantidad es limitada y la calidad no es homogénea, lo que la hace generadora de una renta diferencial”
  • 5. Basualdo, Eduardo y Khavisse, Miguel - El Nuevo Poder Terrateniente. Investigación sobre los nuevos y viejos propietarios de tierras de la provincia de Buenos Aires. Editorial Planeta (1993)

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