Creería ya que a más de un año del lanzamiento de esta sección en nuestro queridísimo portal Identidad Colectiva, hay algunos tópicos, temas o argumentos que deben haber obtenido su atención e interés, al margen de las opiniones personales de cada uno, que seguramente con muchos de ustedes las hemos discutido en privado, en muy poco tiempo logramos un espacio de debate sobre la más amplia variedad de áreas de la política agroeconómica.

Tengo la suerte de no tener que explicar mi orientación, ni mis convicciones políticas o económicas ni de esforzarme por ser objetivo o imparcial ya que de artículos de opinión se tratan estas líneas y no soy periodista.

En muchas seguramente demostré cierto enfado o perplejidad respecto a los aconteceres de una agenda que, a pesar de estar copada por la pandemia, daba y sigue dando giros inesperados, operaciones de poca monta y fundamentalmente una gran incertidumbre de cara a lo que venga.

Uno de estos temas, que seguramente a muchos de ustedes ya se les vino rápidamente a la cabeza, son los biocombustibles. Su producción, su promoción, sus beneficios y una larga lista de etcéteras que hemos tratado en estas líneas. Tristemente célebres por estos días por la aprobación por el Congreso del nuevo marco regulatorio que reemplazará a la ley 26.093 y complementarias.

Las distintas dimensiones afectadas por la nueva ley sancionada la podemos dejar para algunas líneas después, ahora me gustaría ir directo al hueso, COMENZÓ EL PROCESO DE DESTRUCCION DE LA PRINCIPAL POLÍTICA AGROINDUSTRIAL DE LOS DOCE AÑOS DE GOBIERNO DE NÉSTOR Y CRISTINA KIRCHNER.

La ley aprobada en el año de 2006 impulsada y reglamentada bajo la órbita del Ministerio de Planificación con la coordinación y un amplio consenso con el sector privado del que fue gran partícipe el sector privado a través de distintos actores y profesionales como ser Claudio Molina, presidente de Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógenos, generó un marco que construyó en Argentina un complejo de más de 50 biorrefinerías en 10 provincias, con inversiones por tres mil millones de dólares que ocupan 60 mil puestos de trabajo y facturan hasta U$S 2.500 millones por año sólo en biodiesel y bioetanol. Miren si Argentina no estaría necesitando inversiones de esta magnitud.

La primera etapa, es decir los quince años de vigencia del régimen de promoción fue un éxito indiscutible, con sus aciertos y errores, de haber mediado algún grado de conocimiento, consenso y proyección de mediano y largo plazo seguramente la segunda etapa hubiera sido igual de exitosa para el agregado de valor de las materias primas agrícolas argentinas. Sin embargo prevaleció la ignorancia, el prejuicio y la coyuntura.

La nueva ley sancionada apuesta al estancamiento, atenta contra los puestos de trabajo generados hasta el momento y los compromisos internacionales en materia ambiental protegidos por el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional.

Viola los distintos principios de progresividad al ir contra los cortes previamente establecidos a partir de los cuales las industrias moldearon sus escalas o peor aún los deja en manos de la Secretaría de Energía para que esta actúe de forma discrecional seguramente a favor de los grandes poderes del sector hidrocarburos por lo que seguramente derivará en una enorme conflictividad judicial.

Mantiene pisada la posibilidad de que finalmente despegue uno de los sector con mayor potencial de nuestro sector agropecuario, el del agregado de valor al maíz, al haberlo apuntado directamente en la redacción de la ley favoreciendo desproporcionalmente al bioetanol de caña, en un market share que correctamente se distribuía 50/50.

La provincia de Buenos Aires seguirá imposibilitada de contar con una estructura agroindustrial como potencialmente podría siendo la segunda mayor productora de maíz, menos inversiones, menos producción, menos puestos de trabajo, mayor pobreza y desigualdad.

Este será un error no forzado que costará caro en el marco de las necesidades de nuestro país. Queda el gusto amargo de que no se favoreció el ambiente de consenso y debate que este proyecto merecía y que el peronismo se sigue pegando un tiro en el pie respecto a favorecer un contrapunto e intercambio proactivo con el sector agropecuario siendo, al menos en lo que a biocombustibles refiere, una continuidad agravada de las políticas del macrismo.