Por un lado, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, logró que la Legislatura local aprobara su proyecto para cobrar por las prestaciones médicas que reciban los extranjeros. Cabe recordar que el gobernador, viene de amenazar por las redes sociales con cobrar la atención médica a los bolivianos y cruzarse con la ministra de Salud boliviana por un caso puntual.

Desde la oposición al gobernador Morales, se criticó duramente la ley, a la que calificaron como inconstitucional, regresiva y uno de “papelones más grandes de la Legislatura de Jujuy”. Para Juan Manuel Esquivel, legislador por Unidad Ciudadana, el cruce con Bolivia por un caso concreto “se tiene que resolver de manera diplomática” ya que el “impacto económico de la atención sanitaria de extranjeros es nulo, sólo un 5% de las atenciones médicas son a extranjeros en Jujuy”.

Por otro lado, y puntualmente en la provincia de Chubut, y sin presentar un solo estudio o estadística, y en concordancia con los expuesto en su momento por la Ministra de seguridad de la nación, Patricia Bullrich, el gobernador Mariano Arcioni, firmó un decreto para prohibir el ingreso a la provincia o expulsar a extranjeros condenados, con antecedentes penales o con condenas no firmes, y sostuvo que “la realidad actual de la Provincia de Chubut demuestra que el aumento del número de delitos está relacionado con la presencia en el territorio de ciudadanos extranjeros”. 

La xenofobia argentina institucionalizada: Jujuy y Chubut, los ejemplos más notorios. El obvio objetivo: Echarle la culpa a los extranjeros, de todo.