La Argentina se constituyó desde su independencia como provincias unidas y fue la alianza entre los caudillos del interior y la burguesía porteña la que derrota a Rosas en Caseros. Pero el puerto de Buenos Aires no quiso compartir los ingresos de la aduana, el mayor ingreso tributario de la época y, eso provocó la escisión de la provincia de la Confederación Argentina, quienes igual establecieron un régimen federal de gobierno y el 5 de marzo de 1854 fue electo presidente el general Justo José de Urquiza y la Ciudad de Paraná fue la sede de su gobierno.

La batalla de Pavón y la invasión de los ejércitos porteños a las provincias significaron una ruptura decisiva y el término "Confederación Argentina" dejó de usarse. Tras casi un año de acefalía, asumió la presidencia el ex gobernador porteño, Bartolomé Mitre (octubre de 1862), de la rebautizada “Nación Argentina”

Mitre y su ejército de Venancio Flores, Sandes, Paunero, Irrazabal sembrando el terror lograron defenestrar a los caudillos populares del interior y nombrar en su lugar a representantes porteños y/o de familias tradicionales del lugar que conformaron una verdadera casta dominante, conformando una incipiente “liga de los gobernadores”

El problema para Mitre y los porteños fue que la Liga de los Gobernadores se fue acrecentando con el tiempo, lograron afincarse en determinadas producciones (azúcar, vino, producción agrícola y ganadera) y decidieron que necesitaban independizarse de la tutela de los porteños, por lo que en 1880 sitiaron por tierra y por mar a la Ciudad de Buenos Aires. Fungía como Presidente de la República Nicolás Avellaneda y como Gobernador de la Provincia Carlos Tejedor, el primero abandonó la casa de gobierno en la ciudad para alojarse en esa época en el pueblo de Belgrano, declarando que el gobierno de Buenos Aires se había alzado en armas contra la Nación.

Hubo alguna que otra contienda hasta que Tejedor lo nombró a Bartolomé Mitre como Comandante en Jefe de las tropas porteñas, ese mismo día (23 de junio de 1880) se firmó un armisticio de 24 horas, luego de varias entrevistas entre el presidente Avellaneda y el representante porteño Mitre, se llegó a un acuerdo por el cual se dictó una generosa amnistía para los sublevados a cambio de la renuncia incondicional de Tejedor a la gobernación, el nombramiento de nuevos representantes y la aceptación de que la ciudad se entregaría a la autoridad nacional para convertirse en territorio federal como capital de la República 1.

Una vez más Mitre respondiendo a los intereses de Inglaterra laudó en contra de sus mandantes y a favor de lo que fue el modelo agro exportador de 1880, donde el centro estratégico eran las grandes estancias de todo el país y el puerto era administrado por la Nación bajo la influencia de comerciantes ingleses

El interior que se impuso fue un interior oligárquico, tan oligárquico como el de la Provincia de Buenos Aires, quienes en forma conjunta nombraban las principales autoridades incluida los presidentes, comenzando por el mismísimo Julio Argentino Roca que había nacido en Tucumán, y era en ese momento Ministro de Guerra de Avellaneda y, como tal, realizó la Campaña de Desierto y, otros Presidentes eran de Salta (Victorino de la Plaza y José Evaristo Uriburu), de Córdoba (Juárez Celman y José Figueroa Alcorta) y porteños como Manuel Quintana que no dudó en proponerle a Inglaterra que bombardeara el Puerto de Rosario en 1876 cuando el Gobierno de Santa Fe, en ese entonces a cargo de Servando Bayo, no acató la ley que ordenaba la conversión a oro de todas las emisiones de papel moneda realizadas por el gobierno de la provincia.

Así se modeló este país llamado Argentina, dependiendo del mercado externo, lo que se frenó con la crisis de 1930 y la necesidad de sustituir importaciones y crecer hacia adentro.

La tierra estaba repartida de manera desigual y la productividad agrícola insuficiente, principalmente usada para ganadería. La idea era que los impuestos podían contribuir a mejorar ambos aspectos, esa fue la razón por lo que, tras la crisis de 1930, los gobiernos conservadores de principios de los años cuarenta introdujeron un alícuota progresiva en el impuesto inmobiliario rural con el objetivo de incentivar su fragmentación y estimular la colonización agrícola, política que fue continuada por los gobiernos peronistas, hasta que la Revolución Libertadora lo derogó.

Fue el gobierno del Dr. Arturo Illia el que trató de restablecerlo y se le opuso la Sociedad Rural, el Senado de la Nación y el Ejército Argentino

El crecimiento económico se logró industrializándose y con ello la expansión de una clase obrera que implicó jornadas de lucha como el Cordobazo hace 50 años atrás y, la burguesía local se asustó y decidió volver al país de enclaves productivos ligados al exterior y que la misma pobreza y la desocupación disciplinara a los trabajadores.

Esa es la razón que explica y fundamenta las consecuencias de una cada vez mayor centralización, concentración y extranjerización de la economía Argentina, donde todo aquello que no se integre a bajo costo al mercado internacional es relegado a un rol cada vez más secundario, profundizando la verdadera brecha entre la minoría que aprovechando las ventajas naturales de la posesión de la tierra más fértil del mundo y el rico subsuelo, puede vender (y comprar), y en cambio, la situación cada vez más ruinosa de las economías crecientemente vegetativa de las regiones y de la población.

EL CONSENSO Y LA RESPONDABILIDAD FISCAL

Las provincias por la Constitución Nacional son las encargadas de cobrar los impuestos directos a la propiedad y lo hacen muy deficientemente, con lo que la dependencia y debilidad de los gobiernos provinciales es doble, por un lado, supeditados al gobierno nacional, tanto en la distribución de los recursos coparticipables como en las transferencias corrientes y de capital que la Nación decida que se debe hacer en tal lugar físico (que pertenece a las provincias). Y, por otra parte, las provincias son incapaces de cobrar tributos a los sectores más ricos, como queda en evidencia que el total del Impuesto Inmobiliario Rural cobrado en todo el país (Y la Argentina cuenta con recursos naturales y técnicos que produce el mayor rinde por hectáreas de soja, maíz, trigo, cebada, girasol, etc.), representa menos del 0,4% del PIB.

El mayor ingreso tributario de las provincias es el Impuesto a los Ingresos Brutos que es un impuesto al Consumo (es un impuesto indirecto que se traslada y lo paga el consumidor final) y representa las dos terceras partes de la recaudación y, el impuesto inmobiliario rural es solo el 2 o 3% de la recaudación, por ejemplo, más pagan los propietarios de viviendas de los pueblos y del primero, segundo y tercer cordón del gran Buenos Aires, que los dueños de la tierra.

En ese marco las provincias (menos San Luis) firmaron con la Nación un acuerdo donde se comprometen para reducir la “presión tributaria”, a disminuir y hasta eliminar para el año 2020 en adelante, la alícuota de sus dos principales impuestos, IIBB (que repetimos es su principal ingreso propio) y Sellos. Y todavía es peor en el Impuesto a los Sellos, donde se fijó una alícuota máxima de 0,75% para este año 2019, del 0,5% para el 2020, del 0,21% para el 2021 y eliminan el gravamen desde el 01/01/2022

Si observamos la estructura tributaria nacional, los impuestos que gravan consumo, ganancia y bienes patrimoniales, las dos terceras partes son gravámenes al consumo, donde solamente tomando el IVA representa el 7,82% del PIB. En cambio el impuesto a las Ganancias (que pagan cada vez más trabajadores) es el 4,90% del PIB; y Bienes Personales (patrimonio) representa el 0,14% del PIB, por ende es el Consumo, que desciende fuertemente por las políticas contractivas del gobierno de Cambiemos, el principal soporte impositivo del país, tanto para el gobierno nacional como para las provincias (por la coparticipación federal de impuestos), y en cambio es ínfimo el impuesto al patrimonio (En la Nación: Bienes Personales y en las Provincias el Impuesto Inmobiliario y a la patente automotor).

ENCLAVES EN LAS PROVINCIAS

Independientemente de cada gobierno, todas las provincias presentan enclaves productivos, con muy poco multiplicador de trabajo y de inversión en la región, que usufructan de la ventaja comparativa y contribuyen mínimamente con el fisco local y nacional.

Por ejemplo, la Provincia de Mendoza, su actividad principal es la vitivinicultura, siendo la provincia más importante en la producción de Vinos Argentinos. La mitad de las explotaciones agrícolas mendocinas corresponden a dicha rama, con el 70 por ciento de los viñedos del país e igual porcentaje de producción vínica, Mendoza es el principal centro vitivinícola de América y Argentina.

Con sus más de 1.200 bodegas es la base de la economía mendocina, sin embargo, la riqueza es para los grandes productores y fraccionadores de vinos, el Estado deja que el precio se regule por el mercado cuando existe una asimetría enorme con la gran mayoría de los productores, donde el productor entrega su producción a los industriales que las reciben e incumpliendo con la Ley 9.133 que regla el registro de entrega de uva a los bodegueros, la pagan cuando quieren y el precio que quieren.

Todo ello acompañado de una gran cartelización y extranjerización de esas bodegas con grandes inversionistas franceses, estado unidenses y chilenos y, con grandes empresas que han diversificado sus inversiones en bodegas y viñedos, como Pérez Companc. Resultado, Mendoza entra en una profunda recesión con fábricas metalmecánicas cerradas, trabajadores desocupados y niveles de pobreza del 37,6% de su población para el primer semestre de 2019, pobreza y desocupación que supera a las provincias de cuyo

O el caso de la Provincia de Salta, que, como todo el norte argentino sufre la pobreza como si fuera un país del África Subsahariana y por las mismas causas, un modelo dependiente del exterior.

La provincia de Salta concentra el 3,1% de la población de nuestro país (1.340.000 habitantes) y el Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia, en términos de participación en el total de la Nación, representaba el 1,56%, (Unos U$S 6.000 millones), esto explica que el PIB per cápita es uno de los más bajo de la Argentina (U$S 4.300 por año) y muy mal distribuido. Según el INDEC en el primer semestre de 2019 la pobreza en Salta es del 41,8% de su población y la indigencia es del 7,7%.

Salta tiene inversiones como la del Grupo Juramento, de Jorge Brito (Banco Macro) con tierras, ganado y frigorífico en Anta y en Orán; Pérez Companc que es dueño de La Salteña; Pluspetrol presidida por Edith Rodríguez de Rey con inversiones en petróleo y en Litio en Salinas Grandes (salta y Jujuy); Los Peña Braun tienen campos con soja; y, Alfredo Olmedo quien cuenta con 110 mil hectáreas y es el mayor productor sojero individual del país con tierra propia, pero todos funcionan como enclaves, no generan trabajo en la provincia, donde las actividades con mayor nivel de ocupación son los servicios públicos y el comercio (57%), relegando a la agricultura, ganadería y pesca (18,6%), a la industria (11,6%), a la construcción (9,5%) y a la minería (3,3%) y emplean en total 150.000 puestos privados y 90.000 públicos, con una informalidad laboral (trabajo en negro) en la provincia que alcanza al 44,8%, superior al 33,4% del nivel nacional.

O el caso de la Provincia del Chaco, que cuenta con 1.135.000 habitantes y presenta crecientes niveles de marginación y un alto porcentaje de familias con necesidades básicas insatisfechas. Según el censo del INDEC del primer semestre de 2019, en Gran Resistencia el 36,2% de los Hogares y el 46,9% de las personas son pobres Muy relacionado con esto se observa una deficiente infraestructura de servicios que agrava la situación.

Los productores agropecuarios minifundistas o campesinos comparten el espacio físico con grupos aborígenes, pero tienen bajo acceso a la tierra y, por el contrario, los grandes productores, que constituyen una minoría, poseen la mayor parte de ésta. A esto debe sumársele la irregularidad en los títulos de tierras, la ocupación de tierras fiscales y privadas y, los campos comuneros.

Según un estudio de la Agencia de Desarrollo de Inversiones, el 80% de los productores chaqueños poseen superficies de hasta 60 ha. y, debido a la expansión de la frontera agrícola, se incorporaron un conjunto relevante de nuevas explotaciones de mayores extensiones, de 10.000 ha y más, que se destinan en su mayoría al cultivo de cereales y oleaginosas, fundamentalmente soja.

Actualmente la soja ocupa la mayor proporción de hectáreas sembradas de la provincia (39%), seguida por las hectáreas sembradas de girasol (22%), maíz (17%), algodón (13%) y trigo (7%), es la provincia con mayor superficie cultivada con cereales y oleaginosas fuera del área pampeana, según los datos del Ministerio de Hacienda de la Nación. Dicho proceso fue coincidente con la disminución del peso del cultivo de algodón.

Áreas extensas del bioma del Gran Chaco fueron taladas y quemadas para la producción de soja. El Gran Chaco es un ecosistema de extraordinaria biodiversidad, donde viven especies autóctonas como el jaguar, el piche llorón o el oso hormiguero gigante, así como comunidades indígenas como los Ayoreo, Chamacoco, Enxet, Guarayo, entre muchos otros.

Sus principales inversores son grandes empresas con puertos propios ligadas al exterior, como Vincentín Cereales SA, de la familia Vincentín que producen soja y tiene la cadena del algodón, donde cuentan con las plantas desmotadoras en Gral. Pinedo – Chaco y de su hilandería industrial por su empresa controlada: Algodonera Avellaneda S. A.

Monsanto Argentina: De la firma Bayer de Alemania, produce y vende semillas y agroquímicos y es una de las firmas que (junto a Cargill y ACA) en los últimos años se han apropiado de 2.791.302 de hectáreas en disputa en la región chaqueña. Las víctimas: 18 mil familias campesinas e indígenas.

Cargill: Es la mayor empresa exportadora argentina, y una de las líderes en alimentos, productos y servicios para el sector agroindustrial. Se trata de una firma multinacional con sede en los cinco continentes a través de 30 países. Tiene en Puerto Vilela la acopiadora y la molinera que era de Bunge y Born, pero decidieron desprenderse de ella y trasladarse a otras plantas en el país que son más modernas y mecanizadas y con mejor salida a la hidrovía del Paraná2.

Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) que está formada por 150 Cooperativas agropecuarias que junta a 50.000 productores, son acopiadores de granos que poseen molinos y fábrica de aceites y cuentan con una filial en Puerto Vilela –Chaco

Todos ellos reproducen generosamente el capital invertido, pero la provincia es una de las más pobres.

CONCLUSION

Se debe obrar con criterio, con coraje, y con decisión para dar cumplimiento al Artículo 16 de la Constitución Nacional que dice: “La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”, que es el primer paso ante lo insignificante que pagan de impuestos los ricos del país y gozan de la renta agraria, minera, petrolera, financiera, etc., que es el ineludible punto de partida para que la economía crezca y distribuya mejor el ingreso, recreando eslabones de la cadena del proceso productivo y reorientando la producción hacía el mercado interno.

Paralelo a una imprescindible reforma tributaria se debe planificar que tipo de integración queremos y que se puede hacer, la Argentina cuenta con recursos naturales, pero también con una mano de obra capacitada hoy fuertemente desocupada y mal paga, que se debe capacitar más para generar trabajo.

El federalismo fiscal argentino sufre de un elevado desequilibrio vertical, producto de la asignación de potestades tributarias y responsabilidades de gastos entre los diferentes niveles de gobierno. Como consecuencia, los gobiernos provinciales no pueden financiar con recursos propios la proporción del gasto de la que son responsables.

Esa brecha intenta ser compensada con un régimen de trasferencias cuyo pilar fundamental es la Ley de Coparticipación Federal Nº 23.548. Adicionalmente existen regímenes especiales complementarios derivados de la propia coparticipación o de determinados impuestos y otras trasferencias presupuestarias de carácter discrecional que el gobierno nacional gira a las provincias bajo diferentes modalidades.

Las relaciones fiscales entre gobiernos transcurren en un complejo sistema de transferencias configurado al calor de las recurrentes crisis fiscales, y procesos de descentralización con financiamiento parcial. El marco de este sistema es la Ley de Coparticipación Federal con sus innumerables alteraciones que, a pesar del mandato constitucional de 1994, no ha podido ser modificada.

El resultado del proceso del federalismo fiscal en Argentina ha conducido a un sistema complejo, identificado hoy como “el laberinto de la coparticipación”.

Este “laberinto” de la coparticipación se ha complicado en los últimos años. La eliminación de las Cuentas Especiales, que en su momento insinuaban aires de mejoras en la administración financiera gubernamental, duró poco. Fueron sustituidas por la proliferación de Fondos con Afectación Específica y Fondos Fiduciarios. Mecanismos que han rigidizado y, en muchos casos  no obstante recientes modificaciones de exposición en el presupuesto nacional, desligado del control presupuestario tradicional el manejo de importantes recursos públicos, debilitando la transparencia en el control del gasto de los gobiernos. Se han vulnerado viejos principios de integridad y universalidad del presupuesto, se ha oscurecido el destino de los recursos públicos y, por cierto, lo que cada jurisdicción o provincia aporta y recibe finalmente del fondo común, y se ha hecho más rígido el manejo de las finanzas públicas, en razón de dichas afectaciones.

Pero lo que es claro, es que el régimen no ha podido resolver el objetivo básico de su constitución: garantizar el adecuado financiamiento de los bienes públicos a cargo de cada nivel de gobierno.

La Nación hace un uso indiscriminado de las afectaciones específicas previstas en el inciso 3 del art. 75 de la Constitución Nacional o, más aún, la violación del acuerdo federal o el ejercicio de un federalismo coercitivo por parte de la propia Nación. Precisamente, el inciso 3 del art. 75 es la válvula de escape única (a excepción del uso del crédito, claro) con que contaría el Gobierno Nacional ante un shock negativo imprevisto sobre sus finanzas.

La alternativa de no afectar recursos implica modificar los impuestos nacionales y toda modificación tributaria nacional conllevará coparticipar sus efectos con las provincias, es decir, alentando el aumento del gasto provincial en el caso del aumento de la presión tributaria nacional y obligando a reducir el gasto provincial de todas maneras - como ocurre en el caso de la afectación específica -, ante la reducción de la misma.

Y esto es lo determinante en un plan de ajuste como el que anuncia el gobierno nacional.

La pregunta obligada es como hace San Luis para financiar su economía con menores recursos de la Nación y con menor partida para los subsidios en transporte y en energía, cuando los precios de los combustibles y del gas y la electricidad son mayores.