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La Planificación territorial como política pública clave para el afianzamiento del Estado bienestar y creación de Acciones de Responsabilidad Social.
ordenamiento territorial

Lo primero que quiero señalar es que la planificación territorial es una política pública. Es la madre de las PP y por ello es clave para el afianzamiento del Estado de bienestar y además es la plataforma (enclave o base) para la creación de Acciones de Responsabilidad Social.

De eso voy a hablarles hoy. Mucho antes del año 2004, cuando comienza el trabajo de sistematización de lo que se llamó Plan Estratégico Territorial (PET), empezó lo que se conoce como: Relevamiento de necesidades o, identificación de problemas o prioridades o búsqueda de consensos y acuerdos locales para la racionalización de la inversión pública.

Podemos llamarlo como sea, lo cierto es que ese diagnostico de las necesidades de infraestructura, tenía como objetivo empezar a pensar el desarrollo sustentable, empezar a mirar la geografía, mirar el territorio para tomar decisiones.

¿Por qué? Yo diría básicamente por dos cuestiones;

  1. Porque la planificación estratégica del territorio es una herramienta decisiva que garantiza el necesario protagonismo de un Estado activo diseñando y ejecutando un tejido de la red de obras públicas que articula el país más allá de los intereses particulares de cada provincia o de cada región con una mirada integral y de conjunto y con el concepto de crecimiento armónico.
  2. Porque la planificación territorial es una técnica de realización de valores constitucionales. Ya que nuestra Constitución proclama toda una serie de principios que necesariamente se vinculan a la ordenación del territorio, desde su propia estructura federal (ejemplo de ello es el Preámbulo, que proclama el espíritu de Nación entendido en todo su conjunto y hace referencia a “… promover el bienestar general… para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino…”. Y la cláusula de progreso del artículo 75 y el llamamiento, también en su apartado 19, a “promover el crecimiento armónico de la Nación y el poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”.

De allí que se reconozca a la planificación del territorio como una herramienta necesaria en una sociedad democrática avanzada, y en un modelo de gobernanza multinivel (el federalismo) como el nuestro, dónde es necesario el liderazgo del Ejecutivo de la Nación, resultó imprescindible para promover el desarrollo sustentable o sostenible, entendido este como equilibrio adecuado entre el crecimiento económico y el respeto de la naturaleza.

Planificación territorial y planificación económica, está siempre ausente en el modelo de economía neoliberal porque es claro que cualquier proyecto de planificación del territorio, que suponga además inversión en infraestructuras, se enfrenta con las resistencias ultra liberales contrarias a una iniciativa pública que colabore en el direccionamiento de las distintas actividades que hacen al desarrollo local, a la sustentabilidad, a la cohesión social.

Hemos tenido en nuestro país un PET que el gobierno liberal 2015-2019 abandonó, que este gobierno aún no ha continuado ni reivindicado y que hoy todos deberíamos conocer, para potenciarlo y reformularlo en sus alcances desde lo público y lo privado, máxime cuando nos toca avanzar en un planteo de relocalización, de volver a lo local, a “vivir con lo nuestro”, abandonando los planteos globalizadores y buscando nuevas formas de vincularnos y de interactuar con los otros países.

En el camino que he elegido de vincular el derecho administrativo con las políticas públicas y con las acciones de RS, con el hilo conductor de la eficacia, las herramientas como el PET son base de trabajo en RS aplicado de modo indicativo para la necesaria convergencia o complementariedad entre Políticas Públicas y acciones de RS.

¿Para qué? Para abandonar definitivamente el camino filantrópico de la RS y avanzar sobre acciones que conviertan a la RS en un nuevo modelo de organización social, una nueva cultura organizacional que busca conciliar y equilibrar al Mercado, el Estado y la Sociedad.

Para que esto ocurra es necesario lograr sintonía entre los distintos agentes responsables e incluso promover los marcos jurídicos de actuación público privado para que esta planificación estratégica se fortalezca desde las PP y desde la RS.

Mi experiencia en control y gestión desde el Estado me indica que la mayor virtud de la planificación territorial, de la inversión pública y de la construcción de infraestructuras es lograr un Estado Social, porque esto permite reconocer que no solo existe el MERCADO y el ESTADO sino que además hay una SOCIEDAD, que es soporte y razón de ser de ese Estado y de ese Mercado, y que sin ella ninguno de los dos podría existir y que reclama porque sus expectativas sean contempladas.

Recordemos un documento de hace más de veinte años, en unos tiempos en los que todavía eran predominantes los discursos ultra liberales, originado en estas mismas fuentes para anticiparse a muchos de los problemas que entonces como ahora sufriríamos a resultas de relativizar las funciones públicas. El Informe del Banco Mundial sobre el papel del Estado en un mundo en cambio advertía en 1997 de las severas consecuencias de olvidar el necesario protagonismo del Estado, incluyendo la construcción de infraestructuras.

Este documento anunciaba el principio del fin de las corrientes de pensamiento hegemónicas durante los “felices noventa”, en la crítica descripción de las mismas que hace STIGLITZ, Premio Nobel de Economía y buen conocedor, –por dentro–, de las políticas (erradas) del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Permítanme que le cite por su indiscutible autoridad: “Si el FMI subestimó los riesgos que sus estrategias de desarrollo conllevaban… también subestimó los costes sociales y políticos a largo plazo de medidas que devastaron a las clases medias y sólo enriquecieron a un puñado de opulentos, y sobrestimó los beneficios de sus políticas fundamentalistas de mercado”.

Quienes conocimos las opciones de intervención pública económica de la Argentina de los años noventa comprendemos el pleno sentido de la afirmación, y a estas alturas no tenemos duda en cuanto a la necesidad de que sea el Estado el que propulse el crecimiento, sabiendo que cuando deja de hacerlo, especialmente promoviendo las infraestructuras, así como servicios básicos (educación, sanidad, suministro de agua, energía, telecomunicaciones, sistema de pensiones y asistencia social a las familias y  colectivos desfavorecidos), no se realiza ninguno de los objetivos constitucionales.

La historia es maestra elocuente de los resultados de las políticas públicas. Una perspectiva de análisis de medidas o de indicadores y de resultados sirve para superar cualquier análisis teórico interesado o distorsionado, Para ello sirve ver y repasar ¿Cómo salieron finalmente los Estados Unidos de la Gran Depresión? GALBRAITH nos recuerda los graves fallos macroeconómicos que, presididos por prejuicios (entre puritanos y mezquinos) empeoraron la situación y la alargaron durante años. Sólo el New Deal impulsado por Franklin D. ROOSEVELT sirvió para salir del círculo vicioso de esa economía de la depresión que tanto nos han recordado KRUGMAN, AMARTYA SEN a la vista de la crisis financiera internacional y sus dramáticas consecuencias, todavía hoy sufridas intensamente en muchos países.

Yo recuerdo en mi libro el período del New Deal la creación de la Public Works Administration, una administración específicamente ocupada en la construcción de obras públicas. Que tuvo múltiples reacciones en contra que tuvieron que soportar estas políticas, incluyendo las declaraciones de inconstitucionalidad de la Supreme Court, después replanteadas tras la comprobación del amplio respaldo popular y los efectos beneficiosos y necesarios de la inversión en infraestructuras y de la inversión social. Una historia que también nos demuestra que la interpretación constitucional debe evolucionar para dar respuesta SIEMPRE a las demandas y necesidades sociales.

Por supuesto, la historia de los desencuentros institucionales característicos del desarrollo de políticas públicas verdaderamente transformadoras de la realidad arroja enseñanzas dignas de tener en cuenta: estos conflictos pueden prevenirse siendo particularmente cuidadoso en el empleo de procedimientos que tengan presentes todos los intereses afectados, intentando involucrar en el proyecto de país a los actores públicos y privados que deben protagonizarlo.

De eso se trata crecer como sociedad, esa es la oportunidad de participación que tenemos hoy desde la RS, conociendo y reconociendo las PP ejecutadas y en ejecución para ver dónde estamos, y darnos cuenta cuál es nuestra responsabilidad social, (valor compartido, compromiso con el entorno y con la sustentabilidad o el nombre que más nos guste para llamar a esa obligación ética).

Si partimos de la necesidad de dar andamiaje jurídico-administrativo a la planificación y a las acciones de RS asociada a ella, lo más correcto es enmarcarlas entre las técnicas de promoción del crecimiento económico desde lo público y desde lo privado y resulta acorde a la definición de RS que dimos y recuerdo: “ nueva forma de organización  social  que busca conciliar la competitividad y la rentabilidad propia de la empresa privada con la sustentabilidad, con el crecimiento económico, con el desarrollo local y con la cohesión social“  y  que persiga además el equilibrio territorial y económico dentro de una provincia, entre las diversas provincias;  para luego avanzar en el objetivo de la integración regional con el resto de los países de América Latina y consolidar así un verdadero modelo social regional y de crecimiento para corregir las desigualdades.

Nuestro país en el lapso 2003-2015 ha avanzado en proyectos económicos específicos y muy propios. Conocer todo lo que se ha hecho y se hace desde el Estado Nacional, Provincial y Municipal es clave para la Planificación del Territorio y muy útil y necesario para diseñar acciones responsables, convergentes o complementarias con las PP que contribuyan al desarrollo de nuestro país, que contribuyan a consolidar la situación económica y social para el mayor bienestar de la población.

Como instrumento capaz de proporcionar un esquema general susceptible de dar sentido a las múltiples decisiones que contribuyen a definir cualquier política con eje territorial, incluso para racionalizar decisiones relativas a la localización de  actividades que si se producen desde perspectivas aisladas hipotecan el desarrollo de otras muchas y es la forma de articular y resolver cuestiones tan relevantes que van desde la gestión del agua, hasta la localización de instalaciones imprescindibles para la energía atómica.

Y siempre son los gobiernos locales los que le dan legitimidad al integrarlo en sus territorios estableciendo las condiciones básicas que garantizan la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible, armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la igualdad de trato y de oportunidades la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente.

La actividad del Estado es fundamental para garantizar los servicios e infraestructuras mínimas para la vida en comunidad y que la participación de los distintos niveles de gobierno en las decisiones es imprescindible para coordinar y sintonizar municipios, regiones y Estado en proyectos clave para el desarrollo del país crecimiento equilibrado y sustentable.

A esa planificación ha de sumarse la RS, para alcanzar un verdadero equilibrio entre lo económico y lo social, el desarrollo y el ambiente, y los intereses públicos y privados que están presentes en el territorio.

Por eso la tarea es la articulación de redes que actúen como nodos de producción y comercio, así como de grandes centros de la producción técnica, científica, cultural y de innovación. Es urgente en ese marco que la RS no sea figurativa o de momento, que no se confunda con la filantropía y que se alinee a las Políticas Públicas porque es la forma de favorecer sinergias necesarias para el crecimiento económico inclusivo.

Para alinear la RS a las Políticas Públicas, y articular un dialogo sistemático hay que buscar creativamente los mecanismos para que puedan plantearse de propuestas idóneas y para agilizar el proceso de toma de decisiones y hay que proponérselo porque es el primer paso para reconocer el entorno y lo que a cada uno le toca hacer para crecer en equidad y en igualdad de oportunidades.


Fuente: Identidad Colectiva

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