En política el poder es la capacidad para hacer lo que se juzga conveniente según los valores e intereses que se sostienen y se defienden. Tan simple como eso y tan difícil de ejercerlo para todos los gobiernos que se sienten comprometidos con el interés común. Dentro del sistema capitalista, de corte liberal individualista, maximizado en los últimos 30 años por la globalización ultraliberal, el poder real o fáctico lo detentan las minorías a través de las corporaciones económicas asociadas a las corporaciones mediáticas y judiciales con el apoyo de la embajada de EEUU.
En la mayoría de los países occidentales esas corporaciones tienen un poder muy superior al de los gobiernos elegidos democráticamente por la ciudadanía. Manejan entre otras cosas la producción, comercialización y distribución de alimentos, de bienes básicos, de servicios públicos, de la información y la comunicación, de las finanzas y del comercio exterior. Los Estados, gobiernos y políticos en general tienen un margen de acción y decisión muy limitado por la presión conjunta de estos grupos, que juegan articulados y conforman una oposición implacable frente a cualquier política pública que afecte sus intereses.
En América Latina este proceso se evidencia en el poder de desestabilización que han demostrado en la última década, logrando desbancar gobiernos populares por medio de golpes de Estado predominantemente militares como los de Manuel Zelaya en Honduras (2009), Fernando Lugo en Paraguay (2012) y Evo Morales en Bolivia (2019) o los predominantemente parlamentarios como el de Dilma Roussef en Brasil (2016), apoyados como en los casos anteriores por las cúpulas judiciales, militares y del clero, los medios masivos de comunicación y la embajada de EEUU, o golpes blandos mediáticos basados en el lawfare como en Argentina en el 2015 y la persecución mediático judicial para evitar que Rafael Correa pueda presentarse a los comicios electorales de 2021 en Ecuador.
Si bien estos distintos tipos de golpe lograron triunfar, en los casos de Argentina y Bolivia la población reaccionó rápidamente y recuperó el gobierno democrático en Argentina luego de cuatro años y en Bolivia tan sólo después de un año. Y todo hace suponer que lo mismo va a ocurrir en este año en Ecuador, y probablemente en Brasil en 2022.
Esto sumado a los casos emblemáticos de la férrea defensa del gobierno popular por parte de la población venezolana a pesar del asedio que sufre desde la emergencia de la Revolución Bolivariana en 1999 con la primera presidencia de Hugo Chávez Frías, y la insurrección popular en Chile, donde la población movilizada logró el año pasado forzar un referéndum histórico, donde el 79% decidió erradicar la Constitución de Pinochet de 1980 y obligó a la redacción de una nueva Carta Magna bajo la modalidad de Convención Constitucional, con la totalidad de los miembros elegidos por el voto popular.
Estas son muestras muy concretas de que las poblaciones sudamericanas están preparadas y decididas a defender tanto sus intereses como a los gobiernos populares que los representan. Esto también permite poner en crisis la teoría de la correlación de fuerzas entre los gobiernos populares y los poderes reales o fácticos, que en un primer análisis parece señalar que esos gobiernos tienen siempre un margen de maniobra demasiado limitado como para hacer aquello para lo que fueron elegidos.
Hay que recordar que el poder de los gobiernos populares es tan fuerte como el apoyo que tienen en sus bases de votantes y el nivel de conciencia política de esas bases. También se debe subrayar que la verdadera correlación de fuerzas sólo se expresa en la práctica política real y no en la teoría política.
Un ingrediente más para este análisis es que en las condiciones reales de un país específico como el nuestro, donde el poder político es presidencialista, juega un papel importante la vocación, convicción y decisión de quien ejerce el Poder Ejecutivo.
En un momento de crisis como el actual el nivel de conciencia de la población, del Movimiento Obrero Organizado y de las Organizaciones Sociales, sumados a la manifiesta conducta de medios y corporaciones para empobrecer aún más a la ciudadanía dejan en segundo plano las potenciales debilidades de la coalición de gobierno que ganó las elecciones del 2019.
Otro factor importante es el de las alternativas que tienen quienes ejercen el gobierno y los riesgos que cada una involucra.
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La alternativa del diálogo y el consenso
La oposición salvaje e irreductible del poder real demuestra sistemáticamente, desde las Paso de Agosto de 2019, que el diálogo y el consenso son imposibles y que está decidida a ir por todo. Clausuró las vías políticas y parlamentarias y su único objetivo es derrocar al gobierno sea como sea. Esto muestra que la alternativa del diálogo y la negociación sólo puede ser posible abandonando el proyecto político económico para el que el gobierno fue elegido, con las consecuencias nefastas que esto significa para las condiciones de vida de las mayorías populares y para la continuidad del movimiento nacional, popular y democrático en el mediano plazo. Propicia la pérdida de confianza de la población en las posibilidades reales que tienen la democracia, los partidos, las coaliciones políticas y los procesos eleccionarios para mejorar sus condiciones de vida. Abre el camino a las actitudes individualistas por fuera de la ley y legitima como necesarias las políticas autoritarias y represivas.
La alternativa dialoguista parece no proponer nada para ganar y mucho para perder. El riesgo es claro.
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La alternativa de enfrentar pública y manifiestamente a la oposición.
Otra alternativa es la de ejercer el poder político democrático utilizando todos los resortes que la constitución y las leyes permiten al Poder Ejecutivo para llevar adelante el proceso de transformación para el que la población lo votó. Significa enfrentar a la oposición en todos los frentes, con un equipo ministerial y funcionarios públicos decididos y capaces para llevar adelante el proceso de transformación. En este caso, ante la cruda y manifiesta actitud antidemocrática y antipopular de la oposición, los integrantes más liberales y conservadores de la coalición gobernante no tienen muchas posibilidades de salirse de la misma, declararse neutrales o pasarse al bando contrario, por lo menos sin perder gran parte de su capital político y abandonar los proyectos personales que tienen de cara a las próximas elecciones del 2021 y el 2023.
Varias cuestiones fortalecen esta alternativa:
La realidad muestra que los grupos de poder concentrados siempre avanzan y se envalentonan frente a un gobierno dialoguista que no se planta en sus convicciones, y tienden a recular frente a un gobierno firme que los enfrente públicamente.
Enfrentar pública y manifiestamente a los enemigos del pueblo permite a la población aumentar su nivel de información, de conciencia política y de participación democrática activa en defensa de sus intereses y del gobierno que los representa.
Genera las condiciones para que el Movimiento Obrero Organizado, los Movimientos Sociales, sectores del empresariado PyME, de la justicia y el Clero y otros sectores de la vida política y económica se definan y abroquelen en defensa del Gobierno Nacional. Obliga también a definirse públicamente a los sectores antidemocráticos y antipopulares.
Otra es que aun si el gobierno pierde la pulseada, su base de sustentación electoral mayoritariamente seguirá insistiendo en apoyar a futuro alternativas democráticas populares, como enseñan la resistencia popular posterior al golpe sangriento de 1955 y el apoyo al gobierno de coalición en 2019 para erradicar en cuatro años la aventura macrista a pesar de la furiosa estigmatización mediático judicial contra el peronismo kirchnerista.
En esta alternativa el gobierno no tiene casi nada para perder y mucho para ganar. El riesgo de perder es mucho menor que el de claudicar. Si el gobierno perdiera la pulseada, lo haría junto al pueblo que representa. La experiencia de enfrentar a sus enemigos siempre es positiva para los pueblos y negativa en el mediano plazo para las fuerzas reaccionarias.
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La alternativa de hacer la plancha.
La tercera alternativa es tratar de sobrevivir hasta el fin del mandato exhibiendo estadísticas con tendencias auspiciosas, replicando tácticas marketineras de los gobiernos liberales, publicitando obras públicas e inversiones en Ciencia y Tecnología entre otras cosas, destacando los logros coyunturales y prometiendo un mayor bienestar a futuro. Mejorando en pequeña escala entre otras cuestiones el estado calamitoso de la salud, la educación, el desempleo, la pobreza y la indigencia que dejó el macrismo, y negociando por debajo de la mesa con los poderes fácticos conservándoles los privilegios a cambio de que lo dejen seguir respirando.
El riesgo de esta alternativa es que sus bases no acompañen a la coalición en las elecciones del 2021 y pierda aún mas poder político, con lo que le sería más difícil llegar al 2023.
En este caso se abren las puertas a un final del tipo del gobierno de Alfonsín o de De la Rúa.
Corolario.
Según este análisis, más allá de la teoría de la correlación de fuerzas, parece que el futuro se define en gran parte por las convicciones y la actitud de quien ocupa el Poder Ejecutivo. En ese caso los límites de la personalidad van a ser un factor determinante. Esperemos que Freud esté con nosotros!!!
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