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LAWFARE OTRA MIRADA. Que el Covid-19 no oculte el lawfare
Lawfare

Hay algunas consideraciones sobre el LAWFARE que no quiero que se pierdan de vista, porque las hago desde el lugar de “padecerlo en carne propia».

La persecución a la que han sometido “selectivamente” a mi compañero, es mi causa, es mi persecución.

Lawfare o guerra judicial, aplica al abuso del debido proceso, aplica en Argentina a todas las causas armadas por el régimen Macrista  para perseguir “selectivamente” a dirigentes a políticos que participaron de un Gobierno nacional 2003-2007 y 2007-2015, que se dio la tarea de aplicar un modelo social nacional para salir de una crisis muy severa, logrando transformaciones importantes , enfrentando intereses poderosos en bien del pueblo argentino y en busca de la tarea de reconstruir el país y su potencial industrial y de desarrollo.

Cuando explicito esto ya Néstor Carlos Kirchner, líder indiscutido de ese proyecto, ha fallecido hace casi 10 años y la actual Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, ¿continúa perseguida judicialmente, pero en funciones paralizadas por el COVID19?

Dirijo mi atención – como en estos últimos 4 años de macrismo -, a mi marido, a su gestión que algún día será completamente reconocida y reivindicada por todos no lo dudo, salvo, claro está, NO por los grupos económicos poderosos: ej. Macri en funciones ejecutivas (y sus socios), Clarín y la Embajada de EEUU, a quienes perjudicó en sus intereses económicos contrarios al interés nacional o a quienes no obedeció  y por ello lo atacaron, ensombrecieron y ocultaron su tarea política y su gestión pública  al frente del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios durante 12 años .

Y dirijo y focalizo mi atención de esa forma porque es imposible entender íntegramente el Lawfare de modo teórico. Hay que vivenciarlo, hay que padecerlo desde algún lugar para entender su entramado.

Porque nunca imaginé que pudiera amalgamarse la comunicación mentirosa, que puede interpretarse como mala prensa o falta de pago de “pauta publicitaria”, con la actuación judicial.

Sólo la connivencia y el dialogo entre medios de prensa poderosos y de integración monopólica y actuación judicial (oscura, funcional o condicionada) dan como resultado la persecución, la descalificación y la estigmatización al que piensa distinto en el hacer político, al que ha obrado defendiendo un interés propio de la función pública: el interés del Estado por creer en su capacidad para resolver los problemas reales en una sociedad, sin cooptación, sin prevaricar, sin aceptar el mandato y los “modos” que condicionan a un país en sus tres aspectos, esos que tan bien describe el justicialismo: INDEPENDENCIA ECONOMICA, SOBERANIA POLITICA Y JUSTICIA SOCIAL.

Y siempre que un gobernante argentino busca ese norte, te topas con el NORTE y sus aliados y los carroñeros locales que se hacen de las migajas en el camino.

El Lawfare actúa bajo la “apariencia de derecho”. No es como en la dictadura cívico-militar , que fusilaba sin juicio previo al “adversario” ( generalmente un joven con ideas de cambiar el mundo);  es un paso más en la perversión, es armar causas, llevarlas a la justicia adicta y funcional de turno que actuaria sin respetar la constitución y las leyes, de forma amañada y antijurídica, sesgada y direccionada a los “ enemigos elegidos” que NO SE SOMETIERON ante los “poderosos” y así, bajo la apariencia de una actuación legal, encarcelarlos, escarniarlos ante la sociedad con todas las herramientas de difusión, “castigarlo” y “exhibirlo como delincuente” por no obedecer, por no arrodillar al país, por no permitir el saqueo de unos pocos, por defender el patrimonio y la soberanía... Por hacer su trabajo.

Es la vejación y la perversión llevadas al extremo buscando arrastrar a la persona  en su honra y la de su familia, violando estos magistrados y estos comunicadores todas las normas de convivencia social empezando por el principio de inocencia, que enseña que nadie puede ser tratado como culpable hasta tanto una sentencia firme desvirtúe ese estado. ¡Pero ojo!, no cualquier sentencia. Debe tratarse de una dictada en base a pruebas legítimamente obtenidas (no a artículos periodísticos malintencionados de medios monopólicos), pruebas reales y legitimas, no falsas y pericias serias, no truchas.

Además, en virtud del principio de inocencia, mancillado por estos jueces, el “imputado“ (el acusado de un delito) NO DEBE SER PRESENTADO COMO CULPABLE Y LOS REGISTROS JUDICIALES, LEGAJOS Y COMUNICACIONES NO PODRAN CONTENER INSCRIPCIONES ESTIGMATIZANTES O QUE DESVIRTUEN EL ESTADO JURIDICO DE INOCENCIA.

En nuestro País, la palabra “corrupción“, violatoria del principio de inocencia, corrió como excusa y practica en cada letra periodística, preparada de antemano y acordada en el marco del lawfare entre los magistrados actuantes y sus referentes en la comunicación.

Con esta práctica amenazante, se avanzó atemorizando a todo aquel que quisiera alzar la voz. Al punto vergonzoso Y ABERRANTE que en nuestro país -quiero testimoniar – a mi marido, siendo Diputado Nacional, sus pares en el Congreso lo entregaron para encarcelarlo en una causa en la que NO HABIA PRESTADO DECLARACION INDAGATORIA y lo hicieron sin evaluar el merito o razón para ello. Ante el solo pedido de un Juez acorralado.

La Declaración Indagatoria es el primer acto procesal de defensa, de eso también se lo privó. Claro, seguramente habría carpetazos “periodísticos” armados contra los legisladores que quisieran pronunciarse a su favor, no lo dudo.

Esta forma de “aniquilamiento” de las personas, no podrá prosperar porque es una forma corrupta de actuar que va en contra de la ley, en contra de la democracia, en contra de la administración de justicia y en contra de Estado de Derecho.

El funcionamiento del Estado y de sus instituciones exige una mirada sobre estos delitos cometidos por buena parte de la justicia y por el poder mediático; el escenario político actual, –pandemia mediante y aun antes–, no está dando respuesta alguna a este flagelo con consecuencias graves para el interés nacional y el bienestar de nuestro país.

El discurso triunfalista del Presidente que asumió el 10 de diciembre del 2019, se aleja cada vez más del reconocimiento de esta realidad y de que quienes queremos un sistema de Justicia sin dobleces y de los magistrados dispuestos a ello que no puedan avanzar para desentrañar la connivencia y el armado de causas que compromete incluso a gobiernos extranjeros. Necesitamos desandar el camino en la dirección de la Justicia, lo necesitamos más desde la invocación de Presidente al NUNCA MAS.

Me niego a pensar que esta situación de ausencia de ESTADO (en sus tres poderes) para corregir el daño hecho, no solo a mi marido, sino también al pueblo argentino con el saqueo macrista y el endeudamiento que no ha sido denunciado, que está siendo peligrosamente legitimado a favor de los buitres, se mantenga por la necesidad de reivindicar a nuestro país como el “patio trasero” del poder económico foráneo y los caranchos locales.

Me niego a pensar que el Plan Estratégico Territorial que llevó adelante el Ministerio de Planificación Federal a cargo de Julio De Vido, con obras en todo el país y que el gobierno macrista paralizó y abandonó, no sea reivindicado, que los responsables del abandono y destrucción de estas obras no sean denunciados ante la justicia, que el perjuicio económico no sea resarcido.

Me niego a creer en la connivencia y en la complacencia. Me cuesta creer que ningún titular de la “vindicta publica” se haya sorprendido ante las declaraciones casi en cadena nacional del ex presidente Macri, reconociendo tener dinero mal habido y que no haya sido inmediatamente investigado por sus dichos.

La descripción que en campaña fue precisa y convocaba a recuperar la institucionalidad perdida, más la independencia económica, más la soberanía política, más la justicia social, HA EMPEZADO A VOLAR BAJITO ….

La muestra está también en la permanencia de magistrados designados provisoriamente, por traslado o por mantener “estado judicial“ que permanecen en la justicia federal y también en el reciente dictamen ante la Corte del Procurador General Provisorio, sobre la acción declarativa de certeza presentada por el Congreso Argentino para validar las sesiones virtuales en época de pandemia e impedir con ello que se cuestione luego su legitimidad.

Hace poco más de un año, en un encuentro de DDHH en la Ex Esma, escribí un documento titulado ”LA TAREA ES IMPEDIR LA DEMOLICION DEL ESTADO DE DERECHO”, lo hice en un tiempo distinto con mi marido encarcelado y viendo genuflexión en la sociedad como cuando en la dictadura nos acallaban la voz.

Hoy veo que la genuflexión es nuevamente la actora principal, y el poder económico que acecha nuestro país y nuestros recursos, sigue colonizando mentes perezosas, esta vez de quienes creíamos DIRIGENTES NACIONALES, con mayúscula.

Y termino nuevamente convencida que :“Así como la Operación Cóndor funcionó como un plan de coordinación y mutuo apoyo entre las cúpulas de esos regímenes en América del Sur entre 1970 y 1980 para servir a los intereses directos de Norteamérica; los grupos dominantes y hegemónicos planificaron lo que se dio en llamar Plan Atlanta -orquestado en la ciudad homónima en el 2012- que consiste básicamente en atacar a los gobiernos nacionales y populares ...” Actas de Periodismo y Comunicación | Vol. 4 | N.º 2 | Diciembre 2018 | ISSN 2469-0910  ... y que en Argentina hoy no hay voluntad política de impedir la demolición del Estado de Derecho.


Fuente: Identidad Colectiva

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