Desde el momento en el que Claudio Posse, guía de este portal (Nota del editor: el autor se refiere al portal Identidad Colectiva, fuente de esta nota), me propuso empezar a “escribir algo” sobre campo, economía política o “lo que quiera”, supe que había un tema que iba ser perpendicular a todos los artículos, en todos iba a tratar de meterse, ese tema son los derechos a las exportaciones, las llamadas retenciones. Por suerte eso no paso, en las cinco ediciones que ya pasaron supimos ir navegando por distintos temas, algunos más polémicos, otros más técnicos y algunos hasta más didácticos.

¿Por qué hoy se me ocurre hablar de retenciones?

Hay muchos factores que hacen a esta cuestión, el país está en una encrucijada, o lo va a estar en el cortísimo plazo entre recomponer la producción y volver a recaudar para que no derive en una crisis de dimensiones nunca vistas, el acceso al crédito está cortado, el default, a la vuelta de la esquina y la maquinita en algún momento se rompe, ¿o no?

Respecto a recomponer la producción, poco a poco iremos viendo como la industria logra reponerse tras casi dos meses de cierre total (en el caso del AMBA podría extenderse aún más), pero los datos son irrefutables, en Abril se produjeron CERO automóviles en el territorio nacional, es decir el segundo complejo exportador más importante del país, arranca desde el subsuelo.

Para recomponer la producción, sea cual sea el contexto geopolítico, desarrollarse puertas adentro o abrirse al mundo, el país va a necesitar dólares para importar capital de trabajo y/o mercancías que dinamicen un proceso de recuperación que se avizora será muy gradual.

Según el informe de comercio exterior de INDEC sobre el año 2019, de los diez complejos exportadores más importantes del país seis corresponden al sector agropecuario, del cuarenta más importantes, treinta. Gran parte de estos mantuvieron y algunos hasta mejoraron su rendimiento durante la cuarenta, algunos en cambio se vieron muy afectados ya sea o por problemas logísticos generales (entre los cuales se encuentra la histórica bajante que afecta al río Paraná), problemas logísticos puntuales (como algunos cierres de fronteras provinciales) o por caída en la demanda de los productos derivados (como es el caso de la industria de los biocombustibles).

Acá están los dólares que el país necesita. El sector agropecuario claramente goza de ventajas comparativas y competitivas frente a otros sectores de la economía dadas por la fertilidad de nuestras tierras, la tecnología aplicada y la variedad de regiones agroclimáticas entre otros factores, por lo tanto, los gobiernos a lo largo de la historia (no es un invento ni de Néstor ni de Cristina) han recurridos a gravar de forma diferencial al sector, en particular, a los productos de exportación. El primer antecedente de “retenciones” se remonta a fines de 1958 durante el gobierno del desarrollista Arturo Frondizi, aunque la discusión sobre el sistema impositivo del agro tiene sus orígenes allá por 1821 en un documento de trabajo de Bernardino Rivadavia.

Generalmente la aplicación de derechos de exportación se condice con la necesidad de recaudar del Estado, la situación actual no es ajena a esa necesidad por lo cual se elevaron a la discusión parlamentaria proyectos como el denominado “impuesto a la riqueza”. Se preguntaran por qué no un nuevo aumento a las retenciones, la presión fiscal sobre el sector ya es elevada, se registró una caída en el precio de los commodities agrícolas y el dólar oficial se mantiene con leves variaciones a la suba pero que no llegan a compensar al factor precio. Poner este tema en la agenda generaría nuevas tensiones entre el sector político y el agropecuario que podrían decantar en un cese de comercialización en el cual el país quedaría muy expuesto.

A la hora de plantear este tipo de discusiones se observa en la dirigencia política una grave falta de creatividad, como así también una representación agropecuaria, y empresaria en general, reaccionaria, quizás este momento era propicio para motivar una reforma impositiva integral, entiendo que el tiempo apremia y el consenso sobre un impuesto a la riqueza es amplio y su aplicación es “rápida”. La necesidad de estas soluciones coyunturales habla muy mal de la estructura del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto a los Bienes Personales, el proyecto en discusión tiene más que ver con este último gravamen mencionado ya que apunta a los patrimonios de personas físicas, con el riesgo de ser declarado inconstitucional por doble imposición.

Fuente: Identidad Colectiva