El diputado Rodolfo Tailhade (FpV-PJ) denunció penalmente al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y al secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, Antonio Garade, por el delito de malversación de fondos públicos, luego de que el Gobierno macrista, aprovechando el traspaso de las compañías Edenor y Edesur a las jurisdicciones de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, para modificar el contrato de concesión y condonar multas millonarias a las distribuidoras.

En su presentación, Tailhade detalla que la estimación de la deuda por multas de ambas compañías ascendería a 35 mil millones de pesos, pero el Estado las estableció en apenas 7 mil millones que, según el Gobierno Nacional, serán computados a “futuras inversiones”, evitando que los usuarios reciban una compensación económica de 7 mil pesos promedio “en medio de los tarifazos eléctricos”.

Según Tailhade, la “condonación de multas” comenzó con la decisión del Estado nacional de traspasar el servicio público de distribución de energía eléctrica a las jurisdicciones de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, en un acuerdo firmado el 28 de febrero de este año por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, la gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dónde las partes consideraron necesario que se dé una solución integral a los reclamos pendientes entre el Estado nacional y las concesionarias.

Dos meses después, Lopetegui y Garade acordaron con Edenor y Edesur que los montos de las penalidades por Apartamientos de la Calidad del Servicio con destino a usuarios, impuestas por el ENRE a las concesionarias, se destinen a “inversiones adicionales” para el período 2017-2021.

Según la denuncia de Tailhade, dicho acuerdo, viola el contrato de concesión y reglamento de suministro en la relación usuario y concesionario, y además afirma que: “Por ello, y advirtiéndose que el gobierno nacional, con la finalidad de beneficiar de manera ilegítima a las empresas, ha modificado unilateralmente el destino de las multas que corresponden ser acreditadas en la cuenta de los usuarios individuales, sin que tuviera competencia para ello, se concluye con claridad que se han malversado fondos, dirigiéndolos hacia las concesionarias y sustrayéndoselos a los usuarios, únicos titulares de los montos dinerarios provenientes de las multas”