El juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, respondió a la denuncia del Gobierno ampliada con las escuchas de la llamada “Operativo Puf”, tomadas a ex funcionarios detenidos en el penal de Ezeiza, con las que el macrismo y algunos imputados en la causa de Dolores pretenden desacreditar la causa que el juez de investiga maniobras de espionaje ilegal en el llamado “D’Alessiogate", presentando un descargo ante el Consejo de la Magistratura.

 Según uno de los escritos presentados por la defensa, que ejerce su padre, el juez Juan Ramos Padilla: “El trámite de un proceso de remoción, que debería ser un procedimiento ejemplar, transparente e inobjetable, se ha transformado en una disputa política encabezada por el presidente Mauricio Macri, la Agencia Federal de Inteligencia, el ministro de Justicia, el representante del Poder Ejecutivo (en el Consejo), sus aliados políticos y judiciales, contra mi defendido”.

Mientras que en otro escrito: el juez denunciado explica su postura y pide la desestimación de la denuncia y, en un tercer escrito puntualmente, hay un pedido para que declaren ante el Consejo desde el propio presidente Macri, el ministro de justicia, Garavano, los jefes de la AFI, el juez Federico Villena que ordenó las escuchas en el penal de Ezeiza, luego utilizadas para armar una causa, las dirigentes de la Coalición Cívica/ Alianza Cambiemos Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic que usaron las escuchas, el juez Claudio Bonadio que las investiga, los presos espiados, un grupo de periodistas y hasta la ex presidenta y Senadora Cristina Fernández de Kirchner.