Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, el gobierno macrista habilitó el uso de pistolas Taser, a las fuerzas policiales y de seguridad federales.

Con un reglamento proveniente del Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, se instruyó tanto a las autoridades de la Policía Federal, como a las de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y Gendarmería "a que procedan a la inmediata implementación de cursos de capacitación" para  el empleo de armas electrónicas no letales. 

El viceministro de Seguridad, Gerardo Milman, declaró que “no son armas para largas distancias”, sino para ser utilizadas “donde hay mucha acumulación de ciudadanos”.  Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) advirtió que “el uso de las Taser requiere de dispositivos de salud y de seguimiento y control que hoy ninguna de las policías del país tiene”.

Las Taser le deben su "apodo" de “instrumento de tortura” a la utilización discrecional que realizan las fuerzas que la usan en las calles. Desde el Cels, advirtieron que "En un modelo que promueve el uso excesivo de la fuerza, cualquier arma puede ser un problema, aun las 'menos letales".

Por su parte, La compañía texana Taser reconoce el peligro que implica la utilización de las 300 pistolas “no letales” , y a la vez, admite que los dardos pueden atravesar varias capas de ropa así como también penetrar hasta una pulgada dentro de la piel, provocando heridas, si la persona está con el torso desnudo o se apunta a una parte descubierta del cuerpo a poca distancia.

Técnicamente los dispositivos no son armas de fuego, aunque utilizan un sistema de propulsión de nitrógeno comprimido para transmitir pulsos eléctricos administrando una descarga de 50 mil voltios que deja al individuo incapacitado en forma inmediata. El X26 utiliza dos dardos conductores lanzados a una distancia de hasta 11 metros y transmite una señal eléctrica que ataca al sistema nervioso periférico, afectando la movilidad y el equilibrio.