En una Carta Apostólica del papa Francisco en forma de “Motu Propio” (documento de propia iniciativa titulado “Vos estis lux mundi", Ustedes son la luz del mundo), el Vaticano dio a conocer hoy una serie de normas que reglamentan los procesos a los miembros de la Iglesia acusados de abusos sexuales y que entrarán oficialmente en vigor el 1 de junio de 2019.  

Se aplicará, a todos los delitos en los que "se obligue a alguien, con violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad, a realizar o sufrir actos sexuales; realizar actos sexuales con un menor o con una persona vulnerable; producir, exhibir, poseer o distribuir, incluso por vía telemática, material pornográfico infantil".

También incluye cualquier caso de violencia contra las religiosas por parte de clérigos, así como el supuesto de acoso a seminaristas o novicios. Del mismo modo, los delitos de encubrimiento, las "acciones u omisiones dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles o investigaciones canónicas, administrativas o penales".

Los religiosos tienen la "obligación de informar al un obispo o al superior religioso" y esto no "interfiere ni modifica ninguna otra obligación de informar que a las autoridades civiles competentes".

El documento deja bien en claro que sobre los denunciantes: no pueden ser objeto de "prejuicios, represalias o discriminación", así como nadie puede imponerles la obligación de silencio con respecto al contenido, por lo que pueden hablar con ellos con quien quieran, incluida la prensa.

"Las autoridades eclesiásticas se han de comprometer con quienes afirman haber sido afectados, junto con sus familias, para que sean tratados con dignidad y respeto, y han de ofrecerles, en particular, acogida, escucha y seguimiento, incluso mediante servicios específicos; atención espiritual y asistencia médica, terapéutica y psicológica, según sea el caso".