El ministro del gobierno de facto boliviano Arturo Murillo, amenazó públicamente a la delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo de Bolivia que viajó el jueves, para dar apoyo al pueblo de Bolivia y hacer un relevamiento de la situación de extrema violencia que vive el pueblo boliviano y que da cuentas de graves vejaciones a los derechos humanos.

El funcionario boliviano sostuvo que “extranjeros que están llegando para tratar de incendiar el país” y los amenazó diciendo que “anden con cuidado” porque “los estamos mirando, los estamos siguiendo”. Puntualmente, un grupo de cuarenta dirigentes sociales y de derechos humanos argentinos arribó a Bolivia con el objetivo de elaborar un registro de las muertes y abusos sufridos por la población desde la consumación del golpe de Estado, contra Evo Morales.

Ya desde su arribo al país hermano, la comitiva de Derechos Humanos, integrada por por Juan Grabois (CTEP), el abogado Roberto Carlés, Pablo Pimentel y Mauricio Rojas (APDH), Victoria Freire (Observatorio de Género y Políticas Públicas de la Ciudad), Daniel Catalano (ATE), Marianela Navarro (FOL), Sergio Smietniansky (CADEP), y el jurista Luis Arias, entre otros, debió enfrentarse a los ataques y amenazas del gobierno de facto de Jeanine Añez. 

Según Roberto Carlés: "Nos estaban esperando", la policía boliviana los retuvo, los separó del resto de los viajantes e identificó, por nombre y apellido, a 12 de los integrantes de la comitiva y los llevó a otra habitación para hacerles unas preguntas. Según Luis Arias: "Seleccionaron a las personas cuyos nombres habían aparecido en la prensa y los sometieron a un interrogatorio". "Nos empezaron a preguntar por nuestro recorrido en el país, a dónde ibamos a ir y a quién ibamos a visitar. Nos trataron con mucha hostilidad y después de unas horas nos dejaron ir"". 

El periplo, continuaría, según lo narrado por Carlés: De camino a la zona de embarque, dónde fueron interrumpidos por una patota de diez personas vestidas de civil. "No sabíamos si eran fuerzas de choque o gente vinculada a Luis Fernando Camacho. Nos empezaron a insultar, a amenazar, a preguntarnos qué hacíamos en Bolivia. Nos llamaban 'gauchos comunistas' y 'homosexuales'. Hacían referencia a los cartoneros, estaba claro que querían hacernos saber que sabían quiénes éramos y provocarnos para que reaccionásemos. El lugar estaba desierto: habían liberado la zona".

En un momento, empezaron a empujarlos y golpearlos, y hasta el Secretario General de ATE, Daniel Catalano, ligó una patada. Según el propio Catalano: "Por los borcegos que usaron suponemos que eran fuerzas policiales de civil. Mientras tanto, la policía uniformada estaba al lado presenciando todo el hostigamiento y no hacía nada".

Del relevamiento, surgieron historias y testimonios espantosos: desapariciones, asesinatos, detenciones arbitrarias, violaciones, torturas y hospitales que se rehúsan a atender a los heridos de la represión. Puntualmente existen denuncias de desapariciones, detenciones arbitrarias (entre ellas, tres jóvenes con síndrome Down), torturas a niños y niñas, asesinatos como producto del accionar represivo de las fuerzas policiales, heridos por bala de plomo, incendios, entre otras atrocidades.

Gran parte del relevamiento se realizó en la Iglesia San Francisco de Asís, lugar donde habían sido velados los muertos producidos por la represión en Senkata, y según el testimonio de Marianela Navarro, delegada del Frente Organizaciones en Lucha: "La situación es muy terrible, las familias denuncian no ser atendidas en los hospitales. Muchos de los heridos están en las casas porque cuando asisten a los hospitales les arman causas por terrorismo y sedición".

Por su parte, Luis Arias, precisó: "Los hospitales públicos no quieren atender a los heridos y la defensorías oficiales no quieren defender a las víctimas. Existe un profundo odio racial que se dirige especialmente contra los sectores más vulnerables y las mujeres". 

La comisión puntualizó que existe un profundo ensañamiento contra las "mujeres de pollera". Se han registrado numerosos casos de violaciones y agresiones sexuales contra mujeres y niñas indígenas, atacadas en vida y luego de su muerte.

Según Carlés: "Nos piden ayuda, nos piden justicia. Lo que ellos han sufrido ha sido prácticamente ignorado por la comunidad internacional. Y se sienten solos"