Después de que el Gobierno macrista anunciara que le iniciaría al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, un juicio político para destituirlo del cargo, la Corte Suprema de Justicia, definió, por unanimidad, otorgarle la asistencia que solicitó ante los legisladores de la comisión de Libertad de expresión de la Cámara de Diputados. 

La Corte firmó la entrega de un auto y dos contratos para el juzgado federal de Dolores que lleva adelante la investigación de la megared de espionaje ilegal y extorsión que integra Marcelo D'Alessio: "Autorizar la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura suscribir, partir del día de la fecha hasta el 31 de mayo del corriente año, los contratos favor de (dos) agentes -cuyas categorías presupuestarias continuación se detallan- para desempeñarse en el Juzgado Federal de Dolores. Secretario de juzgado Jefe de despacho".

A todo ésto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, ratificó sus cuestionamientos al juez Ramos Padilla. Sin embargo, evitó confrontar con el respaldo otorgado al juez por parte de la Corte Suprema. "Nos parece bien que si un juez está en funciones reciba el apoyo que deba recibir", dijo el ministro al concluir el acto de apertura del año judicial, encabezado por el presidente de la Corte suprema, Carlos Rosenkrantz.

Mientras, la diputada Elisa Carrió, denunció penalmente al falso abogado Marcelo D'Alessio, con quien solo reconoció una reunión "en el bloque" y dijo que le parecía una persona "delirante", por presunto enriquecimiento ilícito y sigue su objetivo de presentarlo como una persona cercana al kirchnerismo y despegarlo de la Alianza Cambiemos.  Los audios y mensajes de D'Alessio aluden, sin embargo, a una relación cercana con Carrió y con la diputada Paula Oliveto.