La Corte Suprema de Justicia frenó  por cuatro votos a uno, el juicio por la obra pública que se iba a iniciar la semana próxima, el 21 de mayo, contra la senadora Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, el ex Ministro de planificación, Julio De Vido y otros imputados. El único que votó en contra fue el presidente de la Corte, Carlos Rosenkranz.

El abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, había pedido la realización de pruebas elementales como una pericia sobre las obras cuestionadas, y como los especialistas calculan que finalizarán la evaluación de las cinco obras recién en agosto, lo que tornaba imposible la iniciación del juicio en mayo. La Corte, le pidió al Tribunal Oral número 2 que le envíe todo el expediente para analizar “una privación de justicia” planteada por el abogado, Beraldi.

Cabe recordar que la base de la causa de la obra pública fue iniciada por Javier Iguacel, ex Ministro de Energía, cuando fue designado al frente de Vialidad el 15 de enero de 2016, quién en su momento, ordenó una auditoría sólo sobre las obras viales de Santa Cruz. 

A cargo de la auditoría quedaron dos ingenieros y un contador que presentaron sus conclusiones tres meses después. El estudio resultó favorable a Lázaro Báez y a la administración "K", ya que se dictaminó que no hubo obras pagadas y no realizadas, las que se hicieron estaban bien hechas, no pudieron determinar sobreprecios y los atrasos resultaron los habituales de todas las constructoras, en muchos casos por razones ajenas a las empresas. Uno de los ingenieros declaró que la diferencia entre lo pagado y lo realizado no alcanzó al 0,1 por ciento. Pese a todo, Iguacel, hizo la denuncia acompañado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

En este contexto, y en una avanzada que no respeta la división de poderes ni las instituciones de una república (la cuál la Alianza prometió venir a defender) el Ministro de justicia, Germán Garavano, aseguró: "La verdad que es un fallo muy inusual con un condimento político muy grande, preocupa. Esto lo que hace es impedir la realización de un juicio oral, que es el momento donde los fiscales acusan y las partes acusadas se defiendan". Las críticas, también llegaron por parte de el diputado y consejero de la Magistratura, Pablo Tonelli, y sobre todo de la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso (quién cabe recordar que para ocupar dicho cargo, debería ser abogada, y no lo es,) solo que fue nombrada por decreto por el presidente Macri.