El Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 8 intimó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a rendir cuentas por la deuda que tiene el gobierno con los beneficiarios de las presiones no contributivas que fueron dadas de baja de forma intempestiva, por el gobierno macrista en 2016.

A partir de un pedido de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la jueza Adriana Cammarata exhortó a la Andis a presentar toda la documentación sobre las retribuciones adeudadas que la entidad tendría que haber empezado a pagar el 5 de abril, luego de la medida cautelar interpuesta por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Los organismos de derechos humanos denunciaron que el Estado incumplió el fallo poque no retribuyó el beneficio al total de afectados y que no se sabe qué critierios utilizaron para determinar a quiénes se les debía devolver y a quiénes no.

La Andis asegura haber devuelto las pensiones a 3166 beneficiarios en 2016 sobre un total de 70 mil y alrededor de 43 mil por los ajustes de 2017 sobre un total de más de 100 mil, aunque los perjudicados aseguran que la cuenta es insuficiente y deja a muchos por fuera. La jueza Cammarota convalidó el reclamo y citó a los funcionarios a una audiencia el próximo 20 de noviembre. 

El mismo Jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun, precisó en su informe ante la Cámara de Diputados dque el total de las bajas ejecutadas en 2016 eran de 66.251. De ese total, apenas 14387 responden a cancelaciones por “supuesto fallecimiento”, conclusión, el gobierno devolvió por las bajas de ese año apenas un 6% del total.

La intención es clara, y perversa, dejarle a la próxima gestión, presidida por Alberto Fernández, una tarea titánica: Si a a una persona que se le dio de baja en 2016 hay que abonarle tres años y medio, de forma retroactiva, lo que equivalen a 13 pensiones por año por tres. Eso habría que multiplicarlo por el total de los afectados.