Si bien el ministro de hacienda, Nicolás Dujovne, se empeñó en aclarar que no se trataba de un control de precios ni de precios máximos impuestos, sino de “un acuerdo de caballeros”, con las empresas para frenar el aumento indiscriminado en los artículos básicos de la canasta familiar, ya se produjeron las primeras reacciones negativas en las empresas firmantes del acuerdo.

Desde la Secretaría de Comercio Interior, conducida por Ignacio Werner, se informó que se recurrió al despliegue de un cuerpo de 350 inspectores para controlar los 2415 puntos de venta de Precios Cuidados y se mencionó, incluso, que se aplicarán multas de hasta 200 millones de pesos por el incumplimiento de las normas de exhibición y abastecimiento, y también que se convocó a las entidades de defensa de los consumidores colaboraran en alertar sobre faltantes de productos en los puntos de venta o alteración de precios por encima de lo pactado, las reacciones en las empresas involucradas en el acuerdo de precios, no se hicieron esperar.

Se trata de 16 empresas, de las cuales algunas firmas líderes, como Molinos Río de la Plata, Bagley, Arcor, Mastellone, Adecoagro, quiénes aportaron la mayor parte de los productos de terceras marcas para que el gobierno pudiera confeccionar su anuncio. En la misma situación, se encuentran otras firmas que, sin estar en posición dominante en sus respectivos mercados /ejemplos: (Ilolay, Bodegas Norton o Morixe), contribuyeron en gran medida a confeccionar la lista de “Esenciales” congelados por seis meses.

Desde las empresas, aseguraron: “Si el acuerdo es voluntario, no se entiende que se nos amenace con sanciones”. El titular de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), Daniel Funes, de Rioja, comentó que “hay que sentarse a negociar con el gobierno una reglamentación adecuada a la ley, porque tenemos algunas observaciones”. Al ser consultado si tenían previsto un encuentro, el dirigente empresario respondió que “a Copal le han ofrecido sentarse a negociar, pero no nos han convocado”.