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Lawfare y reforma judicial
Cristina Fernández de Kirchner

El objetivo de esta columna es explicar la necesidad de una pronta reforma del Poder Judicial y cómo ello resulta indispensable para desmantelar el proceso del “lawfare”, así como para poder llevar adelante reformas económico y sociales del tipo progresista en nuestro país.

Antes que nada resulta necesario definir al LAWFARE y a la incidencia de esta práctica en nuestro país y en América Latina. Asimismo es importante definir cómo y desde donde se elaboró la “teoría del poder blando” en el cual se definen nuevas formas de dominación sin necesidad de invasiones ni guerras territoriales.

Esta teoría fue elaborada por el profesor Joseph Nye (n-1937) intelectual y estratega de Harvard, según la cual, para que E.E.U.U mantuviera su hegemonía económica y dominio de los bloques emergentes, era necesario “penetrar en los territorios enemigos y destruir su voluntad política”. Para ello se utilizaría el poder blando (que implica manejar la agenda política de esos territorios, influir su ideología, modelar las subjetividades) y en menor medida el poder duro (guerras tradicionales, invasiones, amenazas, intimidaciones). En este contexto el llamado “lawfare”(guerra jurídica) implica un nuevo mecanismo de violencia más sutil donde se utilizan las herramientas jurídicas, para perseguir a ciertos dirigentes (de partidos populares) y a su vez generar legitimidad social y consenso en cuanto a que esa persecución es justa y merecida. Es importante conocer esta nueva operación llevada adelante en toda América Latina, donde por medio de la formación de “partidos judiciales” más la cooperación de los medios concentrados, se logra desprestigiar a los gobiernos populares, acallar opositores e incluso encarcelarlos.

Este tipo de operaciones requieren como condición necesaria la existencia de: por un lado, un Partido Judicial: es decir jueces y fiscales dispuestos a ejercer su poder en favor de determinados intereses políticos, y por el otro; la concentración mediática: grandes medios de comunicación en pocas manos, cuyos operadores se presten para instalar una premisa fundamental: “la corrupción es propia y definitoria de los gobiernos populares”.

En este contexto es que en nuestro país se llevó adelante una persecución mediático-judicial, justamente contra aquellos funcionarios y dirigentes políticos que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, han realizado conquistas y han otorgado derechos a los sectores postergados: como la re estatización del sistema previsional por el ex vicepresidente Amado Boudou, o las obras de Milagro Sala en Jujuy, quien por medio de su Cooperativa ha construido viviendas, fábricas, hospitales y escuelas, hasta piletas climatizadas para los chicos que jamás habían accedido a una. Lo mismo ha ocurrido en Brasil, Ecuador e incluso en Bolivia donde en ese caso se ha llegado al extremo de propiciar un golpe duro.

Entonces la reforma del Poder Judicial deviene necesaria para empezar a desarticular los mecanismos del lawfare, porque claramente una justicia corporativa, vinculada a los intereses de las oligarquías y los grupos económicos concentrados, alejada de los intereses populares; va a ser más factible de ponerse en contra cada vez que se requieran realizar transformaciones económicas y sociales beneficiosas para las mayorías. Y cuando se habla de “reforma judicial” se trata de cuestionarnos acerca de la forma de selección de jueces, los mecanismos de control, la responsabilidad ante sus fallos, la procedencia social de los jueces. En ese sentido el acceso democrático a la función judicial es clave, cuando personas de clase trabajadora pueden por medio de mecanismos claros y transparentes acceder a la carrera judicial. Es importante quitarle el carácter corporativo y de “casta” a la justicia, así como en los mismos procesos judiciales, es fundamental que los jueces conozcan a las personas sobre cuyos derechos deciden: es notable señalar que hoy en día en un juicio común como puede ser un caso laboral, un juez llega a dictar sentencia muchas veces viendo al trabajador una sola vez al final del proceso, o a veces ninguna. Esa distancia, producto muchas veces del cúmulo de tareas de los juzgados, hace que la persona perciba al juez como una entelequia y no como alguien involucrado en su caso.

Pero para no salirnos de la cuestión atinente al lawfare, resulta interesante citar una frase de Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta y actual vicepresidenta de la Nación, quien al declarar ante el Tribunal Federal N° 2 de Comodoro Py, el 2/12/2019 ha expuesto luego de una magistral exposición de cuatro horas: “Este es el tribunal del lawfare, que seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar la historia” Acertadamente Cristina define exactamente como el mecanismo: Un tribunal que condena de antemano, no en base a pruebas y elementos fehacientes, sino con una finalidad política determinada. Y esto resulta peligroso no solo para los dirigentes o políticos sino para la ciudadnía toda: abriéndose las puertas a la arbitrariedad, al avasallamiento de las garantías constitucionales y al principio de inocencia y defensa en juicio. Tristemente las condenas las escriben los mismos medios hegemónicos, las tapas de diarios y los operadores mediáticos del establishment pasan a actuar como jueces, ¿y los jueces del lawfare? También pasan a ser parte de un entramado siniestro y antidemocrático, pasan a formar un “partido judicial” y a esconderse en lo que el mismo presidente Alberto Fernández llamó “los sótanos de la democracia”. Por ello es que una de los principales anuncios desde su asunción fue la de trabajar en la Reforma Judicial . En los últimos días el presidente anunció que en 10 días se enviará al Congreso un proyecto de Ley que entrará por la Cámara de Senadores y que se basa principalmente en los siguientes puntos:

  • Creación de un Consejo para el afianzamiento de la Justicia: consejo de expertos para revisar distintas dimensiones del poder judicial y el de la Corte Suprema. Este consejo funcionaría en paralelo junto al proceso de la Reforma.

  • Corte Suprema: cantidad de integrantes y funciones: en ese sentido el presidente cree que no habría necesidad de ampliar l número, pero se pondría en consideración del Consejo de expertos. También se trata la creación de salas por especialidades.

  • Recurso Extraordinario: Este punto trata sobre los casos que llegan a la Corte Suprema, mediante el recurso extraordinario de la ley 48, según nuestro sistema procesal cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma y eso hace una sobrecarga de trabajo y a la vez no llegan los casos que deberían llegar o tardan demasiado tiempo.

  • Ministerio Público: Se plantea la necesidad de fortalecer el sistema acusatorio, adoptado en el Código Procesal Penal Federal, en el cual se le otorga más participación al fiscal en el proceso penal y al juez se lo coloca en un rol de control en el proceso.

  • Juicio por Jurados: Instituido por la Constitución de 1853 nunca se llevó a la práctica a nivel Nacional, lo que se entiende es una deuda para con la participación de los ciudadanos en la Justicia.

  • Reorganización de los Tribunales Federales: En sintonía con lo aquí conversado, el presidente A. Fernández ha manifestado: (fuente Telam): “Nos proponemos impulsar un reordenamieto de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”. Por ello lo que se plantea es terminar con la concentración de procesos en pocos juzgados (los de Comodoro Py), mediante la creación de un nuevo fuero federal penal, de modo que en lugar de los 12 juzgados federales los casos de corrupción queden en manos de al menos 50 jueces; y se unificará el fuero contencioso administrativo federal con el civil y comercial.


Para concluir y teniendo en cuenta los lineamientos generales que propone la reforma, queda preguntarnos si esto por si solo va a lograr como consecuencia un poder judicial más democrático y más cercano a las necesidades populares. Consideramos que como toda transformación estructural va a llevar un proceso, va a generar resistencia y no va a ser un cambio de un día para el otro; pero sí es imprescindible contar con la suficiente voluntad política para empezar en ese camino. Seguramente desde el mismo poder y desde las usinas mediáticas van a atacar esta reforma como un “avasallamiento a la república y a la división de poderes” como siempre suelen hacer, por eso resulta sumamente interesante la creación de este Consejo de juristas expertos para que acompañen en este proceso de reforma. Tenemos que entender que una reforma al Poder Judicial, va a acercarnos a los ciudadanos a la Justicia y va a propiciar el funcionamiento de una sociedad democrática y libre. El mecanismo del Lawfare no tiene como único objeto perseguir a un determinado grupo político, sino instaurar sistemas injustos, crueles y desiguales. Nuestra América Latina es prueba fiel de eso.
 

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