Para explicar el concepto de “empresa recuperada”, es necesario remontarse a un momento de nuestra historia más crítica: la crisis del 2001, que fue el resultado de la implosión del modelo neoliberal: las privatizaciones y la flexibilización laboral de los ´90 y asimismo de las políticas aplicadas a partir de la última dictadura militar de 1976: apertura de las importaciones, promoción de la bicicleta financiera y destrucción de la industria nacional. Es importante señalar que solo entre 1976 y 1980 el valor adquisitivo del salario cayó un 40% y nunca pudo recuperar su nivel anterior. También merece recordar que en el año 1974 el índice de participación de los asalariados en la economía fue el más alto de su historia, así como la desigualdad y desempleo las más bajas.

La “Empresa recuperada”, es una forma de gestión por medio de la cual los mismos trabajadores dirigen la producción luego de un conflicto o abandono por parte de sus dueños, ante una situación de crisis. Es decir, es una forma de gestión que rompe con la lógica de la propiedad privada de los medios de producción e irrumpe en el corazón del neoliberalismo. La experiencia ha demostrado que a pesar del abandono por parte de sus propios dueños, los procesos de recupero no han sido pacíficos, sino por el contrario, han sido fruto de largas batallas burocráticas, judiciales y también de enfrentamiento con la represión policial. Por eso mismo si hay tres verbos que definen al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas son: “Ocupar, resisitir y producir”.

La crisis de 2001 nos dejó con un saldo de 50% de argentinos bajo el límite de la pobreza y un índice de 21,5% de desocupados para el año 2002. Fue en ese difícil contexto en el que surgen los movimientos de empresas recuperadas; cuando los propios trabajadores, ante la eventualidad de verse privados de sus empleos, como asimismo ante la ausencia de respuesta por parte de los sindicatos; se ponen al hombro la tarea de recuperar sus fuentes de trabajo. Ante un empresario que decide cerrar la fábrica, presentarse a concurso de acreedores y liquidar sus bienes en una quiebra; los trabajadores se quedan ahí en su lugar de trabajo, en la puerta de la fábrica cerrada, cuidando aquello que les pertenece y negándose a un futuro que solo augura miseria. Afuera se engrosan las filas de desocupados y ellos entienden que pueden seguir produciendo, que conocen los procesos, las máquinas, el giro comercial. Es decir, la estrategia de la recuperación se vuelve una alternativa para preservar las fuentes laborales en un escenario desfavorable.

El caso paradigmático en nuestro país fue el de la ex ZANON, fábrica de baldosas de Neuquén, hoy llamada FASINPA (fábrica sin patrones), una gran empresa recuperada por sus trabajadores, dirigida por los mismos obreros, que sirvió de ejemplo para que muchos trabajadores se lanzaran a esa tarea de recuperar sus fuentes de trabajo. Así tenemos el caso de Brukman, Hotel Bauen, IMPA, Maderera Córdoba, Cooperativa Textil Patagonia, Alcoyana, entre las más conocidas.

Vamos a contar brevemente el caso de la ex Zanon, para luego pasar a la cuestión de la regulación jurídica. La empresa fue fundada en 1979 por el empresario italiano Luigi Zanon, fundador también del parque de diversiones Ital Park. Una anécdota para no dejar pasar es que el empresario en su discurso inaugural felicitó a la dictadura militar de Videla “por mantener a la Argentina segura para las inversiones”. La fábrica fue líder en la región, con la mayor producción de América Latina. Para 1998 la planta contaba con 500 trabajadores y exportó 10 millones de dólares. En julio de 2000 murió un trabajador de 22 años en un terrible accidente laboral, lo que desencadenó una huelga de 9 días y a fin de ese año se logró un cambio en la dirección sindical de mano de Raúl Godoy, militante del PTS, gracias a quien se frenaron los despidos que la empresa intentó hacer. En el año 2001 se desplomaron las ventas, se dejó de pagar a los proveedores y para noviembre de ese año se anunció el cierre de la fábrica y el despido de sus 380 empleados. Los trabajadores realizaron una marcha en reclamo de sus puestos de trabajo y fueron brutalmente reprimidos, siguieron con piquetes, ollas populares y recibieron el apoyo total de la comunidad. En marzo de 2002 los trabajadores pusieron a funcionar la fábrica, mientras daban la batalla en la justicia, ya que para ese entonces Luigi Zanon reclamaba la propiedad de la empresa. El apoyo de la comunidad y la organización interna fue decisivo para un resultado favorable, para el año 2005 se habían contratado 170 nuevos trabajadores, la fábrica llegó a construir un Centro de Salud y en 2009 se dictó una ley de Expropiación. Lamentablemente la fábrica volvió a tener problemas, por un lado debido a la obsolencia tecnológica y por la política tarifaria de la era macrista, además porque aún hoy persisten las deudas con los acreedores de la ex Zanon.

Como señalamos en un principio, el mecanismo de recuperación de fábricas en manos de los obreros no es bien recibido por el poder real, aún en caso de abandono por parte de los mismos propietarios. Existe un interés de mantener incólume e incuestionable el “derecho de propiedad” por sobre todos los otros, por ello estas experiencias cooperativas se vuelven enemigas del neoliberalismo. Dentro de estas experiencias de organización no hay patrones, las ganancias se dividen por igual, y cada uno sabe que tiene que producir por el bien de todos: la cooperación y la solidaridad son claves para llevar adelante estas organizaciones.

No todo es color de rosa, ni el camino es fácil. Los cuatro años de macrismo hicieron estragos para la industria nacional y en especial para este tipo de empresas. Las políticas que llevan adelante los gobiernos pueden favorecer o por el contrario desfavorecer este tipo de emprendimientos. Como también señalamos anteriormente, no existe una regulación específica que contemple al “trabajador autogestionado”, y la figura jurídica que se usa para encuadrar a estas organizaciones es la de la “cooperativa de trabajo.” El INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) es el organismo que regula en la materia y que depende del Ministerio de Desarrollo Social. También dentro del ministerio, se encuentra la recientemente creada DIRECCIÓN NACIONAL DE EMPRESAS RECUPERADAS. En materia jurídica es de mencionar que en el año 2011 se modificó la la Ley 24.522de Concursos y Quiebras, otorgándole prioridad para la adquisición de la empresa a los trabajadores, aun cuando no estuvieran conformados como cooperativa.

En la actualidad existen en el país cerca de 400 fábricas recuperadas, que brindan trabajo a cerca de18.000 trabajadores, muchas con una experiencia de casi 20 años en autogestión (entre ellas del rubro alimenticio, calzado, automotriz, de servicios, etc), pero que se encuentran muy golpeadas luego de resistir a los cuatro años macristas. A la apertura indiscriminada de las importaciones, devaluación y tarifazos; se le ha sumado la medida de aislamiento obligatorio, que según Luis Alberto Caro, presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas: “un 80% de ellas están paradas, y el resto trabajando muy poco” (fuente ámbito financiero).

En este contexto de pandemia, y a pesar de que se ha brindado una línea de crédito para las Cooperativas, impulsados desde el INAES y el Banco Central, los mismos resultan insuficientes ante la gravedad de la situación que estamos atravesando. Es necesario hoy más que nunca contar con una legislación específica para este sector, sea en materia tarifaria, acceso al crédito y a la adquisición de maquinaria y/o tecnología. Y en ese sentido, resulta positivo que en abril de este año, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas ha presentado en el Congreso Nacional, firmado por el diputado Leonardo Grosso y acompañado por otros diputados y diputadas por el Frente de todos un proyecto de ley que propone declarar de utilidad pública la recuperación de empresas por sus trabajadores. El “Proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas” (Expediente1400-D-2020) propone que “toda Unidad Productiva que se encuentre en estado de cesación de pagos, cierre del establecimiento, abandono de sus titulares, desmantelamiento, vaciamiento por parte de las/os empleadores, disolución de la sociedad con causal de liquidación o de cierre por cualquier causa, y sin perjuicio de los procesos judiciales que pueda o no tener iniciados, podrá ser expropiada y cedida en favor de las/os trabajadores de la misma que se hallen conformados en cooperativas de trabajo o en trámite de constitución y que deseen continuar con la actividad productiva”. El Poder Ejecutivo cederá en comodato los inmuebles expropiados por la aplicación de esta ley a la cooperativa de trabajadores/as, para la consecución de su objeto social, con la condición de que ésta ceda parte de sus instalaciones, no utilizadas para la producción, para el desarrollo de actividades sociales, educativas, culturales, tareas de cuidados y/o de formación profesional. La ley propone además una serie de exenciones tributarias para las empresas recuperadas y crea el Registro Nacional de Empresas Recuperadas (RENACER).Aquellas cooperativas inscriptas en el RENACER tendrán acceso a una serie de beneficios:

• Asistencia técnica, jurídica y acompañamiento para la sustentabilidad económica de la empresa recuperada;
• Preferencia como proveedores del Estado;
• Tratamiento fiscal preferencial para favorecer el mantenimiento y generación de puestos de trabajo de la empresa;
• Líneas de créditos, programas de fomento y desarrollo tecnológico;
• Acompañamiento y asistencia por parte del Estado en los trámites correspondientes para la exportación de productos;
• Acceso a la tarifa social para aquellos servicios afectados a la producción.
• Asistencia técnica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

A modo de conclusión, entendemos que la legislación específica es sumamente importante en dos sentidos: ayudar a las empresas recuperadas ya existentes a recuperarse de la crisis provocada por la pandemia covid -19, y a paliar los efectos negativos de los cuatro años de neoliberalismo, y en segundo lugar, para crear mecanismos de resolución ante los conflictos laborales que en la actualidad se están suscitando. Ejemplo de ello el caso de los trabajadores de la fábrica de alfajores “La Nirva”, cuyos trabajadores han formado una cooperativa de trabajo e intentan recuperar su fuente de empleo, ante el abandono de los actuales dueños. Es necesario no solo por los puestos de trabajo que se pueden recuperar y mantener, sino por la función social que llegan a cumplir estas cooperativas. Los trabajadores son capaces de resistir y producir, y es importante que el Estado este de este lado para cumplir esa tarea de defender la industria y el trabajo nacional.