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Que paguen los que más tienen
Diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner

La irrupción de la pandemia en el mundo ha dejado a la vista y ha acelerado un proceso de concentración de la riqueza y amplitud de la desigualdad social. Según el informe de 2019 de la ONG Oxfan International, 2153 multimillonarios acaparan más riquezas que el 60% de la población del planeta, el 1% más rico del mundo posee más del doble de la riqueza que las 6.900 millones de personas menos ricas, es decir que el 92% de la población mundial. Claramente algo viene funcionando mal, tal es así que algunos de los que forman ese ínfimo 1% han advertido que tanta desigualdad puede llegar a ser nociva , por lo que en el años 2010 han fundado en EEUU, la llamada “Patriotic Millonaries”, donde se reclama, entre otras cosas , sistemas impositivos más justos.

En una reciente entrevista, Morris Pearl, Director de Patriotic Millonaries ha sido sincero en cuanto al incremento de la desigualdad social y manifestó: “No hay razón que justifique que en términos proporcionales yo esté pagando menos impuestos que el encargado de mi edificio. El resultado es que yo me estoy enriqueciendo cada vez más cada año y mis hijos se están enriqueciendo porque yo me estoy enriqueciendo. No hay mérito individual en eso y hay una consecuencia clara: El encargado de mi edificio es cada vez más pobre.” El multimillonario nortemericano Nick Hanauer, ha advertido en una de sus charlas TED del año 2014: “Cuidado compañeros plutócratas, si no hacemos algo para corregir las desigualdades económicas evidentes en nuestra sociedad, las horcas vendrán hacia nosotros, porque ninguna sociedad libre y abierta puede soportar este aumento en la desigualdad económica”.

Nuestro país no escapa a este panorama, los cuatro años de retroceso neoliberal llevado adelante por el gobierno de Mauricio Macri han implicado un claro modelo de endeudamiento y transferencia de recursos de la clase trabajadora a los grandes empresarios; donde por ejemplo las Empresas prestadoras de servicios de luz y gas han obtenido ganancias exorbitantes, mientras que los usuarios afrontamos aumentos de hasta el 3000% en nuestras facturas. Aumentos que también recayeron sobre las fábricas, PYMES, cooperativas, clubes de barrio, sumado a la apertura indiscriminada de las importaciones nos han dejado como saldo casi un 11% de desocupación y un cierre de 24.505 Pymes (según datos de AFIP).

En este contexto nuestro país se enfrenta con la pandemia, y el proyecto conocido como “Impuesto a las grandes fortunas”, que surge de la iniciativa de los diputados nacionales Carlos Heller y Máximo Kirchner; viene justamente a intentar reparar esa situación de pobreza y desigualdad que ya existía desde antes de la irrupción de la covid 19. El proyecto que ya se encuentra en la Comisión de Presupuesto se titula: “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, y en los propios fundamentos del proyecto queda clara la situación que venimos refiriendo: “Que la Nación se encontró, al inicio del actual gobierno, con un estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social (…)El país encara la actual crisis derivada del covid 19 con niveles de pobreza y desigualdad alarmantes, que precisan de la adopción de medidas acordes al nuevo contexto, con el fin de proteger en mayor medida a los sectores más vulnerables de la población”.

“Que el Gobierno Nacional ha estado implementando distintas iniciativas que apuntan a garantizar la salud de la población, el ingreso de los hogares y la preservación del empleo. Todas estas decisiones requieren el uso de recursos fiscales adicionales, partiendo de una situación inicial de insostenibilidad de las cuentas públicas. Entre 2015 y 2019, los ingresos tributarios de la Nación disminuyeron 2,1 puntos porcentuales (p.p.) del PIB, en parte como consecuencia de la decisión deliberada de reducir los gravámenes sobre sectores de elevada capacidad contributiva. Por su parte, el gasto primario retrocedió 5,4 p.p. entre 2015 y 2019, con un fuerte ajuste de partidas que son críticas para la salud de la economía y el bienestar de las familias. Los intereses de la deuda, en tanto, aumentaron 2 p.p. del PIB. Que el Gobierno Nacional ha instrumentado una serie de políticas destinadas a proteger a las familias, la producción y el empleo, así como a asistir a las administraciones de las provincias. Dentro de las limitaciones de recursos que existen, el esfuerzo fiscal ha sido importante y tiene su correlato en el incremento del déficit primario. Que las naciones consideradas desarrolladas están volcando grandes cantidades de recursos en la economía y la salud para enfrentar los efectos de la pandemia. Estados Unidos implementó un paquete fiscal de unos 3 billones de dólares, lo que representa unos 14 puntos de su PIB”.

“Según lo expresado por organismos de Naciones Unidas, como la propia CEPAL y la FAO “la recesión económica mundial aumentará la pobreza y el hambre y otras formas de inseguridad alimentaria, en especial en países con redes de protección social débiles (...). La población en condiciones de pobreza extrema en América Latina y el Caribe podría llegar a 83,4 millones de personas en 2020 (...). La gran tarea que tenemos por delante es impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria”.

Pues bien ¿En qué consiste este impuesto? ¿A quiénes afecta? Deberán pagar este aporte único quienes al 31 de diciembre de 2019 declararon una riqueza superior a los 200 millones de pesos. Comenzaría con una alícuota del 2% que se incrementaría a partir de que el patrimonio sea mayor, con un máximo del 3,5% que pagarían aquellos que tengan declarados $ 3.000 millones o más.

Según lo establecido en el proyecto, por los bienes que las personas alcanzadas tengan en el exterior deberán pagar unas alícuotas un 50% más grandes (es decir, con un mínimo de 3% y un máximo de 5,25%). Si un 30% o más de los fondos en el exterior son repatriados en los primeros 60 días desde que entre en vigencia la ley, se eliminará este diferencial.

La AFIP será el organismo encargado de dictar las normas complementarias a la ley y de la recaudación, que se espera ronde los $ 300 mil millones (cerca de US$ 4 mil millones al tipo de cambio oficial).

Según el proyecto, lo recaudado se destinará de la siguiente manera: un 25% para programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural; un 20% a comprar equipamientos de salud para atender la pandemia; un 20% a apoyar a PyMEs con subsidios y créditos; un 20% para financiar un relanzamiento del plan Progresar destinado a jóvenes estudiantes; y un 15% para urbanizar barrios populares.

Es importante aclarar, a contramano de la desinformación que llevan adelante los medios hegemónicos, que este impuesto no viene a afectar patrimonios de la clase media, de aquellos que son propietarios de uno o dos inmuebles; el impuesto que es una contribución de pago única grava las fortunas que ascienden a más de 200 millones de pesos, lo que equivale, para ejemplificar al equivalente a 15 departamentos mono ambiente en CABA. Se estima que solo 12.000 personas estarían alcanzadas por el impuesto.

Repasemos algunos titulares de los medios hegemónicos, en este caso INFOBAE económico: “Los tributaristas afirmaron que el impuesto a la riqueza generará una ola de juicios”, “Impuesto a la riqueza: en que consiste la cuestionada norma que no se aplica en ningún país y que el gobierno buscará aprobar en el Congreso”. “El impuesto a la riqueza está destinado a crear más pobreza”

No es cierto que este tipo de proyectos no se esté tratando en otros países, según un informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina) hay propuestas en marcha en España, Italia, Suiza, Rusia, Brasil, Perú, Chile y Ecuador, en donde se avanza en una mayor justicia tributaria, apuntando a recauda más de parte de los que más poseen. El concepto de “Justicia impositiva” implica que un sistema tributario solo será justo si resulta funcional a un conjunto de instituciones económicas y legales justas. Es decir que un sistema impositivo no puede valorarse solo en su faz técnica y economicista, sino que la justicia impositiva está estrechamente vinculada a la Justicia distributiva y dentro de un orden jurídico que respete y garantice el pleno goce de los derechos humanos, entre ellos los derechos económicos sociales y culturales (garantizados en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos).

Como de costumbre tratamos en nuestro programa, la derecha y sus medios concentrados buscan modelar la subjetividad de las personas a la medida de su conveniencia, por eso intentan de todas las formas posibles convencer de que proyectos como este son el inicio de un “régimen comunista” y que de a poco “van a ir por todo”, incluso a expropiar autos y casas. Eduardo Galeano contaba una anécdota sobre Salvador Allende, quien le manifestaba su preocupación al encontrar a una empleada doméstica muy pobre enterrando su ropa en el jardín, por el miedo que los medios de comunicación le habían transmitido acerca del socialismo. Por eso es necesario seguir dando la batalla en la comunicación, explicando que proyectos como el Impuesto a las grandes fortunas resultan más que necesarios para resolver los desequilibrios tan grandes que existen a nivel social, que ya venían de antes y que se han agravado con los efectos de la pandemia. Que este proyecto es un proyecto de Justicia Social y que solo está exigiendo, por única vez, que quienes mejor posicionados están a nivel económico contribuyan con aquellos que más necesitan de la asistencia del Estado.
 

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