* EL CORREO
La fiscal Gabriela Boquín le reclamó a la sala B de la Cámara Comercial que se expida sobre el expediente referido a la deuda del Correo Argentino, de la familia del presidente saliente, Mauricio Macri, además de señalar que se debe abrir en forma urgente el procedimiento de “salvataje”, lo cuál implicaría poner las respectivas acciones a la venta y que el posible interesado además diga cómo les pagará a los acreedores su millonaria deuda.
Puntualmente, éste, podría ser el paso previo a la quiebra, algo de lo que huye la familia Macri, ya que a su vez, podría arrastrar a sus empresas activas. Desde el nuevo dictamen de la fiscalía, en absoluta coherencia con los términos de un planteo anterior, se puntualiza en que: “Se han dilapidado cuantiosos activos a lo largo de la inusitada extensión que se le ha dado al trámite del concurso en abierta violación al principio de igualdad ante la ley respecto de otros concursados"
Además, y como si esto fuera poco, se denuncia que el juez federal Ariel Lijo, que tiene la causa penal sobre el acuerdo intentado entre el Correo y el Estado para licuar la deuda, retiene el expediente comercial hace dos meses, cuando la ley solo le permite consultarlo durante cinco días.
Puntualmente, en la presentación judicial se pide a la Cámara Comercial que obligue al grupo de la familia del presidente saliente, Macri, a poner las acciones en venta y a detallar cómo pagará a sus más de 700 acreedores la deuda de 4500 millones de pesos. Contra la intención de los representantes estatales y de los empresarios a apostar a "ganar tiempo" y seguir dilatando la cuestión, la fiscal, solicita acciones de carácter urgentes.
* PEAJES:
Después de meses de movimiento alguno, finalmente la Procuración del Tesoro por fin, entregó a la Justicia una prueba fundamental, para la causa que investiga los negociados de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste. Hacía varios meses que el juez Canicoba Corral le reclamaba al Gobierno macrista el dictamen que había emitido el ex jefe de los abogados del Estado, Carlos Balbín, ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). Balbín va a declarar en Comodoro Py.
El dictamen que el Gobierno se negaba a entregar, comprometería seriamente al Ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al propio Presidente saliente, Mauricio Macri, quienes están acusados de haber actuado en connivencia con Autopistas del Sol S.A. (cabe recordar que el Presidente saliente era socio y accionista) para sacarle al Estado 500 millones de dólares a cambio de levantar aquella demanda ante el Ciadi.
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