La fiscal Gabriela Boquin denunció que el Correo Argentino, del Grupo Macri, desvió sumas millonarias (al menos 35 millones de pesos) hacia estudios jurídicos, consultoras y empresas de publicidad dirigidas o pertenecientes a personas vinculadas al actual Gobierno (o sea al mismo Macri y o asociados  en su defecto) y al propio directorio de la empresa, provocando una “pérdida de activos” a la empresa.

Un dato que cabe destacar, que no es para nada menor, es que Correo es una empresa que declara desde 2003 que no tiene actividad alguna. Los funcionarios nombrados, en misteriosos retiros de dinero, son: el estudio del actual diputado Pablo Tonelli, el de Pablo Clusellas, secretario legal y técnico de la Presidencia y el de Jaime Kleidermacher, representante legal histórico de los Macri, todo en un supuesto contexto de asesoramiento en el expediente del concurso de acreedores. 

Además, y como si todo esto fuera poco, el dictamen de la fiscal Boquin, pide que se investigue el rol del hoy secretario de Modernización, Andrés Ibarra, quién en su momento fuera el director y apoderado del Correo, e intervino en la designación de abogados que representan al Estado y tiene injerencia, desde su función.

Boquín es la misma fiscal que denunció  en 2017 que el acuerdo que intentó firmar el Correo de los Macri con el Estado (o sea Macri empresario, vs. Macri presidente, condonándose deudas), en junio de 2016, era “ruinoso y abusivo”, porque implicaba la condonación del 98,87% de la deuda.

No hay que olvidar que la empresa Correo (el Grupo Macri) reclama al Estado, que se le paguen distintas resarcimientos por consecuencias de la expropiación de la empresa, cuando lleva 17 años sin pagarle su deuda al Estado, hoy superior a 4.000 millones de pesos. 

Puntualmente por este tema, hay en paralelo una causa penal en trámite, que analiza las responsabilidades del ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad,  y de Juan Moccoroa, el director de asuntos jurídicos que había ido a firmar el convenio ante la Cámara Comercial. También quedaron imputados los representantes de la empresa Jaime Kleidermacher y Jaime Cibils Robirosa.