La empresa brasileña constructora, Odebrecht, demandó al Estado argentino por discriminación frente a otras firmas luego de que suspendiera a la compañía en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RNC). La compañía sostuvo que el régimen macrista, aplicó un “doble estándar” porque no actuó de la misma manera ante las empresas locales que admitieron pagos ilegales en la Justicia.

Sobre Obredrecht, recayó una suspensión preventiva debido a que quedó salpicada por escándalos de corrupción, cosa que le impidió competir en nuevas licitaciones. Transcurridos más de 14 meses la constructora pidió su rehabilitación. En su demanda, Odebrecht reclamó que le emitan el certificado de capacidad de contratación y le permitan competir por nuevos proyectos de obra pública. Cosa que no sucedió.

Según Obredrecht, con el correr de la investigación a cargo del juez Bonadío (cuándo no), por presuntas coimas en la obra pública, no se ha "generado hasta el momento ningún acto concreto" en la investigación sobre las demás empresas involucradas.

La empresa pidió una medida cautelar que recayó ante la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, Marra Giménez, y luego radicó una demanda contra el Estado. El Estado le hizo una serie de requerimientos de información sobre todos los procesos judiciales y administrativos que afronta en la Argentina o en el exterior.

La firma brasileña, en tanto, tomó la requisitoria del Registro como una maniobra para demorar su rehabilitación que evidenciaba "el doble estándar existente en este caso".

A todo ésto, la jueza Marra Giménez consideró que las novedades judiciales provenientes de la causa judicial excedían "el marco del presente proceso", pero, de igual forma, la demanda contra el Estado para discutir la suspensión en el Registro de Constructores, sigue en vigencia.