El Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes de Naciones Unidas reclamó al gobierno de Macri derogar el decreto 70/2017 a través del cual se restringió el ingreso de ciudadanos extranjeros al país y se facilitó su expulsión.

Ya anteriormente, el decreto mencionado había sido rechazado por el Comité de los Derechos del Niño o el Comité Contra la Tortura, pero en este caso puntual, y en esta esta resolución el organismo advierte por primera vez sobre las consecuencias que generó, las expulsiones masivas y separaciones familiares, que de acuerdo con la Defensoría General de la Nación suman al menos 125 casos, de los cuales 109 son de madres o abuelas de residentes en Argentina que tuvieron que separarse de sus familias.

Sin lugar a dudas, esos datos fueron tomados en cuenta por el órgano de la ONU, que pidió al gobierno que tuviera especial atención en estos casos para no seguir vulnerando derechos humanos. 

A partir de la presentación que realizaron organismos de derechos humanos y asociaciones protectoras de migrantes a principios de septiembre en Ginebra, el Comité denunció que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU): "no cumple los fundamentos básicos de la Convención” a la que Argentina, está suscrita desde 2007. Por lo tanto, desde la ONU, emitieron una serie de recomendaciones urgentes, por las cuales el país deberá rendir cuentas en octubre de 2020, y otras a largo plazo que tendrá que informar dentro de cuatro años. 

La declaración del Comité de la ONU hace especial hincapié en las expulsiones masivas de migrantes que se registraron en los últimos dos años. De acuerdo al colectivo Migrar no es Delito, 870 personas ya fueron separadas de sus familias, mientras que a otros 830 migrantes ya les comunicaron su deportación, aunque la organización espera que con esta resolución sus expulsiones “se congelen”.

Un caso paradigmático que llamó la atención de la Convención fue el de Vanessa Gómez Cuevas, la migrante peruana que en febrero de este año fue expulsada del país, dejando detrás de sí a dos de sus hijos desamparados. 

La resolución ordena al Estado argentino que “la detención administrativa sólo debe utilizarse como medida de último recurso”, e insta al Gobierno a que tome en cuenta alternativas a la 'retención' que actualmente se aplica a los migrantes”.