El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, es el negociador argentino del tratado y/o acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, rechazado por las principales cámaras industriales de Argentina y Brasil. A pesar que el Gobierno, que pretende avanzar en lo que es en realidad, un auténtico proceso de liberalización de la economía, y pretende mostrarlo como un gran logro de gestión, cuando en realidad las conversaciones con Europa, estarían limitadas apenas a un “entendimiento político”. 

De hecho, existen múltiples trabas para implementar el acuerdo. Puntualmente, en Propiedad intelectual, comercio agrícola y compras del Estado son los tres puntos donde la Unión Europea presenta una posición intransigente para precisamente proteger a sus empresas y productores. En cambio, y como era de esperarse de gobiernos neoliberales tanto en Argentina como en Brasil, la posición sudamericana es lograr un acuerdo a cualquier costo, sin importar el impacto sobre la débil estructura industrial.

Los puntos más duros de la negociación está la restricción exigida por Europa para los cupos de importación de productos del Mercosur, tanto de origen vegetal como animal, con el aditamento de mantener la prohibición absoluta para los transgénicos. El sector agropecuario es uno de los pocos que podría beneficiarse de la apertura comercial ya que el acuerdo destroza, una vez más, al sector industrial. Las principales cámaras empresarias del Mercosur reclaman la inclusión de una “cláusula de desarrollo industrial” y la preservación de diversos instrumentos de protección a la producción y el empleo “fundamentales para el funcionamiento actual y futuro del Mercosur”