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Dra. Natalia Salvo: "El lawfare nos afecta a todos y a cada uno de los ciudadanos"
Dra. Natalia Salvo

Natalia Salvo es abogada laboralista, Asesora sindical, Asesora de la Cámara de Diputados de la Nación, Docente Universitaria UBA y UNPAZ. Integrante de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio. Entrevista realizada por la Dra. Macarena Alonso en los Ciclos de Comunicación y Derecho, en simultáneo con el Programa Otras Voces FM 92.3 Crisol.

Macarena Alonso: Buenos días Natalia, te agradecemos mucho que estés acá, justo en esta semana que fue tan movida. ¿Qué pensás sobre la ampliación de los procesamientos que dictó el Dr. Alejo Ramos Padilla en la causa de espionaje ilegal? En esto tu rol fue muy importante como abogada de Pedro Etchebest, quién inicia la denuncia por extorsión a D Álessio y Stornelli.

Natalia Salvo: Es como bien dijiste, esta causa transforma su objeto procesal inicial, nosotros iniciamos una denuncia por extorsión, inicialmente contra Marcelo D´Alessio, el Juez Bonadio y el Fiscal Stornelli. El punto de inflexión fue el allanamiento a la casa de D´Alessio, donde se transforma el objeto procesal a una Asociación ilícita, en dónde después se suman un montón de víctimas que se constituyen como partes querellantes, las líneas de investigación y el objeto procesal se ampliaron. Hoy se puede ver como se está cerrando esta etapa inicial de instrucción, en relación a una organización criminal paraestatal, donde el Estado ha terciarizado el espionaje ilegal a través de distintas organizaciones. En este caso la conexión con el Estado se ve en uno de los procesados de esta semana que es el ex agente AFI Pinamonte, que está muy concatenado con Destéfano, responsable del área jurídica de la AFI, que fue quien se presenta ante el Juez Carzoglio, para decirle que debía procesar a Moyano en 2018, fíjense como está articulado todo. Esto es una muestra de cómo se fue degradando el Estado de Derecho, cómo se fue utilizando la amenaza de la ley penal para perseguir a los opositores políticos. Realmente esta utilización de servicios de inteligencia, para perseguir para aquellos que representan un peligro para cierto sector político, nos refresca el pasado nefasto de la última dictadura militar. Veo ahora como se está armando este rompecabezas y en lo que tiene que ver con la causa de Dolores, como el Estado terciarizaba el espionaje ilegal a través de distintas organizaciones.

M.A: Que importante es para esto la denuncia que iniciaron ustedes, y el gran trabajo del Juez Ramos Padilla. Ahora te pregunto ¿Cómo afectan estas cuestiones a nuestra vida cotidiana? muchas veces la gente mira todo esto y lo siente totalmente ajeno.

N.S: Es así, pero te voy a dar un ejemplo. Al inicio del gobierno de Mauricio Macri, varios jueces que hicieron lugar a medidas cautelares por los aumentos tarifarios fueron desplazados; y lo fueron en función de esta arquitectura de persecución a jueces que no eran cómplices con la ideología del gobierno de ese momento. Tenemos que entender que en nuestro sistema de frenos y contrapesos, el poder judicial está para defender los derechos de toda la ciudanía, de la aplicación de la ley. Si ese poder judicial es utilizado como instrumento de determinado proyecto político y encima es contrario a la ley; se pierde la independencia del poder judicial y como efecto dominó esto decanta en los derechos económicos y sociales de la población. Tomo como ejemplo el tema de los tarifazos porque fue algo que nos pegó en el bolsillo a todos. Muchos jueces laborales fueron también señalados y perseguidos para que saquen fallos acorde al desguace del Estado, como fue el caso de TELAM, donde se despidieron 354 trabajadores. Eso afecta a todos y cada uno de los ciudadanos.

M.A: Es que es muy grave para la democracia, que existan estas organizaciones paraestatales. ¿Cómo crees que va encaminado el caso de Bruglia y Bertuzzi , que crees que puede pasar?

N.S: Bueno, no puedo saber qué es lo que va a pasar porque sería futurología, si puedo verlo desde el mismo prisma, Aristóteles decía “se puede decir muchas cosas del ser pero no cualquier cosa”. Se puede tener distintas interpretaciones de una norma, pero no se puede decir lo que una norma no dice. La norma constitucional dice que para la designación y traslado de jueces tiene que haber acuerdo del Senado, es un acto complejo de Estado donde intervienen los tres poderes. Esto tiene que ver con la misma lógica del sistema de pesos y contrapesos, a estos jueces que se apoltronan en un determinado cargo no se les está afectando el principio de estabilidad. Además no concurrieron a dar explicaciones al Senado pero sí la dieron en los medios, y ahí dejo picando el rol de estos últimos. Entonces tenemos jueces que desprecian la Constitución y hasta lo que dice el Consejo de la Magistratura. Lo que hace el presidente de la Corte es representar los intereses de determinados sectores de los monopolios mediáticos en vez de cumplir con lo que ordena la Constitución.

M.A: Queda claro en esto la necesidad de complicidad mediática y queda expuesto en la defensa que estos mismos medios hacen de Daniel Santoro; como si fuera una víctima por ejercer la libertad de prensa. Como si por ser periodista tuvieras impunidad para hacer cualquier cosa.

N.S: No hay ninguna profesión ni ningún oficio que te de carta blanca para cometer delitos. Cuando son utilizados los derechos fundamentales para una democracia, como sin lugar a duda son la libertad de prensa y la libre expresión; en este caso se pasa a justificar a una persona y no a una profesión. Santoro si cometió un acto ilícito o un delito, tiene que responder penalmente por eso. Y si hay un alto grado de probabilidad en función de las pruebas que surgen de la causa, de que integró una asociación ilícita paraestatal para intimidar y coaccionar a través de sus noticias; y como dice el juez lo hizo de manera dolosa; no hubo un error ni un engaño. El juez es claro en esto: no se lo está persiguiendo por sus notas periodísticas, ni por el contenido de las mismas y mucho menos se le pide la provisión de fuentes. Lo que se le atribuye es que sus acciones servían para extorsionar e intimidar, y la asociación ilícita no es una coalición que se esfuma. Es una organización que actuó desde 2016 a 2019 en el radio de todo el país incluso afuera para blanquear dinero. Santoro tuvo lugar a su derecho de defensa, no exhibió su teléfono, reconoció en medios periodísticos que borró las conversaciones de su teléfono. Hay un conocimiento acabado que D´Alessio le pasaba información, incluso de sus propios compañeros de Animales Sueltos para ver como pensaban y si estaban alineados con CFK. Entonces sea Santoro o sea Juan Pérez está siendo investigado por la comisión de un delito penal. No obstante eso se está garantizando el principio de inocencia, ya que su procesamiento no está firme. El principio de inocencia es fundamental en un Estado de derecho.

M.A: Todo lo que pasamos con el gobierno anterior, es como si se hubieran revertido todos los principios del derecho penal. De eso se trata el lawfare, pensar que en Ecuador armaron una causa de los cuadernos prácticamente igual a la nuestra. Esto no sucede porque sí, no se hizo solamente para atacar al kirchnerismo, sino para imponer otro modelo.

N.S: Fiijate que el término “LAWFARE” se empezó a utilizar militarmente: lawfare significa “guerra jurídica” como se logra romper, quebrar, en el mejor de los casos quebrar la ley para convertirla en una herramienta de persecución. Por eso se lo llama el “Segundo Plan Condor”, por lo que fue el terrorismo de Estado para imponer un nuevo modo de acumulación financiera destruyendo los derechos que habían surgido al amparo de los Estados de Bienestar; y son los derechos laborales, económicos y sociales. Lo que se hizo mediante el terrorismo de Estado se vio en la ley de entidades financieras y en la poda que se hizo de nuestra LCT. Antes lo hacían mediante el terrorismo de Estado, ahora lo hacen con esta flexibilización o quibre de la ley, lo dijo el mismo embajador de los EEUU “vamos a trabajar con los jueces de la Argentina”. Hay que decirlo, no son la mayoría, son la minoría de los jueces que se prestan para esto, y se ve principalmente en el fuero penal. Por eso insisto con esto de que la ley puede tener distintas interpretaciones pero no puede decir lo contrario como el “derecho creativo” del que hablaba Bonadío o la doctrina “Irurzun” del poder residual de los ex funcionarios para aplicarles la prisión preventiva, siendo que esta es la excepción y no la regla. Nosotros, como personas del derecho, no podemos permitir que se utilice la ley como instrumento de persecución; en eso tenemos que estar muy unidos y no es difícil, es volver a los principios fundamentales del derecho.

M.A: Es importante difundirlo y que la gente entienda que no se trata de cuestiones abstractas, sino que hacen a nuestro día a día y entender que todas estas operaciones tienen un objetivo que es sacarnos derechos.

N.S: Hay algo que es básico, vinieron a destruir el articulo 18 (legalidad, defensa en juicio) y también el 14 bis de la Constitución Nacional (derechos laborales y sociales). Cuando decíamos que el modelo macrista de ajuste no cerraba sin represión, fíjate el año en que se aprueba la reforma previsional fue el de mayor espionaje, cuando espiaron a Moyano era porque venían por la reforma laboral, querían una reforma como la Brasilera, por goteo. Por eso tiene una finalidad el espionaje, hay un para que, para quebrar a un determinado colectivo. Y no lo pudieron aprobar por la gran fuerza de los movimientos sociales y de trabajadores. Yo recuerdo ese día de calor en la Plaza congreso, nos persiguieron, tiraron gases, lo que se vivió ese día fue terrible yo estuve presente.

M.A: Y la flexibilización laboral que también se dio en los hechos.

N.S: Yo pongo como ejemplo el de la casa de la pantera rosa, que la pintaban y era una cosa de cartón que se caía y no había nada. Lo que se hace es minar la estructua protectoria y te dicen: “sí sí tenemos protección laboral” pero flexibilizamos el ingreso, o ponemos contratos basura, flexibilizamos la salida intentando imponer régimenes de capitalización como el de la construcción. Por eso hay que tener cuidado con ciertos argumentos como el de Marcos Galperin que se quejaba de que reivindicamos convenios de 1975 cuando entonces ellos reivindican una Constitución de 1853.

M.A: ¿Cómo ves la reforma Judicial?

N.S: Como laboralista te digo, la reforma de Organización y Competencia de la Justicia Federal Penal es un primer paso en función del anuncio del Presidente en el día de asunción. Desterrar el lawfare, la politización del poder Judicial. Pero por ese fuero federal penal pasa solo el 3% de la población ¿Pero cuántos pasan por la justicia laboral? Es un primer paso, es necesaria. Hace 18 años ejerzo como abogada y muchos clientes me dicen de tener miedo de que su caso no salga con el cambio de gobierno, fíjense como se percibe, esa sensación de desprotección que los mismos medios también promueven. Tenemos que lograr que la gente se enamore del discurso judicial y deje de ser algo aristocrático, circunscripto a pocas personas. Eso hace a la democratización, no es un tema para eruditos sino que nos atañe a todos.

M.A: En tu carácter de docente, que le dirías a los estudiantes de derecho a los jóvenes que se reciben.

N.S: Puedo contar algo de mi historia personal, mi mamá es abogada y yo siempre peleaba mucho con ella, era rebelde. Todos me decían que tenía que ser abogada y yo me rehusaba, hasta que hice un examen con una psicopedagoga cuando iba a quinto año y ella me dijo que tenía que pensar en estudiar derecho. La verdad es que encontré en muchos profesores, referentes y referentas ver en el derecho una herramienta de protección para los más vulnerables, como decía Scalabrini Ortiz los poderosos no necesitan del derecho. El mensaje que les doy es que vean en el derecho un instrumento de protección, que desde el poder siempre van a tener una resistencia pero con la ley en la mano siempre encontrarán una forma de reolver de los conflictos. No se crean los discursos de la justicia por mano propia, eso encubre la la ley de los poderes fácticos. Hay que entender al derecho como una construcción colectiva y popular, sin tenerle miedo a la palabra “ popular”.

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