Durante el 2016, en plena presidencia macrista, se hizo un fuerte lobby desde el Grupo Macri, para instalar la megaminería en Mendoza y de esta forma, según Macri presidente, se hiciera de ésta un eje extractivista del país.

Puntualmente, ya en 2018, el ex gobernador Cornejo, decreto mediante, le concedió permisos a empresas del grupo Macri para realizar explotación de nuevos yacimientos de cobre encontrados en el sur mendocino. Según el propio decreto: “Acéptese formal y sustancialmente, el Recurso de Apelación, interpuesto por el Contador Julio C. Pulisich, en representación de Minera Geometales S.A., en contra de la Resolución Nº 454 del año, 2014, emitida por el Honorable Consejo de Minería".

La firma Geometales, cuyo titular era Franco Macri, funciona desde 1997 dedicándose a negociar propiedades mineras con otras empresas. Además de la mina de Malargüe, que lleva el nombre de la nieta de Franco, "Francesca", la compañía tiene otros yacimientos en la misma Mendoza, tanto así como  en San Juan, y el llamado “anillo de El Teniente” en Chile, una de las minas de cobre más grande del mundo. 

Con ese decretazo, el gobierno provincial garantizaba implementar el uso del fracking (estimulación hidráulica) en el sur de Mendoza además del fuerte lobby minero para reactivar proyectos. Una vez que el Gobierno mendocino de la Alianza Cambiemos, triunfó nuevamente en las elecciones, fue mucho más lejos, modificando la ley 7.722 que protegía el agua potable. Ahí vendrían las protestas, ante la emergencia y la urgencia más atroz: la megaminería metalífera contaminante.

Ahora, el último recurso al que se podría apelar  es a la justicia y a organismos internacionales, que apliquen sanciones y protocolos que aleguen inconstitucionalidad, dado que esta modificatoria viola el principio de no regresión ambiental establecido en la Ley General de Ambiente.

Demás está aclarar que el negociado funciona de la siguiente forma: pocas empresas se ven beneficiadas con el uso de la megaminería, vendiéndole agua embotellada a países europeos, mientas nuestro país se queda con la peor parte y migajas, condenando a generaciones enteras a la miseria, al agua envenenada y a la muerte.

El camino a seguir para lograr un verdadero cambio, será cuando se plantee de forma expresa y sin dudas, con conciencia ambiental, pero fundamentalmente conciencia política, desde el amparo de una Constitución que resguarde los derechos ambientales, preservando los recursos, garantizando la soberanía  y nacionalización de dichos recursos.