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Modelo argentino para el proyecto nacional - 4
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El desarrollo político

Para alcanzar los caracteres de la sociedad política que perseguimos, debemos realizar cierta adecuación de los medios existentes a partir de la situación actual de nuestra sociedad. A esa adecuación [la] llamamos desarrollo político. Consideramos que lo político tiene una precedencia absoluta en nuestro medio. En consecuencia, debe hacerse mínimo el tiempo en que se logre la adecuación deseada, sobre la base de que ésta se hará efectiva por medios pacíficos.

Hemos comenzado ya nuestro proceso de cambio, beneficiados por la profunda movilización política que en el país se viene produciendo desde hace 30 años.

El desarrollo político deberá sustentarse tomando como premisa fundamental que la verdad debe primar sobre toda otra consideración y que constituye la única realidad tangible.

La verdad política debe estar presente en todas las manifestaciones, y debe ser vigorizada de manera perseverante. Para ello, es necesario que, en la lucha política, la violencia sea definitivamente reemplazada por la idea.

La política exterior

La paz mundial y la felicidad de los pueblos deberán constituir los objetivos esenciales en la conducción de la política exterior argentina. Una paz que, para nuestro país, se sustente en la plena vigencia de la soberanía política, de la justicia social y de la independencia económica.

La confraternidad con todos los pueblos del mundo, el respeto absoluto a su autodeterminación y la igualdad jurídico-política de los Estados, deben guiar nuestro accionar. Desde el momento en que una nación sólo ha de cumplir su vocación de destino si el pueblo que la predetermina se realiza como tal, la política exterior argentina tiene en éste su principal fundamento. 49

Argentina se incorpora decididamente al desafío de los tiempos y, con su sentido de humildad y de grandeza, logrará que su voz sea escuchada y respetada en el ámbito de las decisiones internacionales.

El año 2000 presentará a la humanidad actuando en un sistema internacional estructurado sobre la base de un equilibrio pluripolar; y a nuestro país, en particular, en su condición de Argentina Potencia, habiendo sobrepasado la etapa de continentalización política de América Latina y en plena participación con el resto de los países del mundo.

Sobre la base de una política de paz y de cumplimiento estricto de los compromisos internacionales, considero que la política exterior argentina debe encauzarse a través de los siguientes lineamientos generales:

a) Respeto de la soberanía de los Estados, la autodeterminación de los pueblos y el pluralismo ideológico, exigiendo su correspondiente reciprocidad.

b) Intensificación de las relaciones con todos los países del mundo, sin exclusiones ideológicas, políticas o económicas.

c) Vigencia plena de la «tercera posición» en un ámbito de recíproca solidaridad con los pueblos que aspiren a su liberación.

d) Estrecha asociación y comunidad de esfuerzos, en especial con los países que conforman el «tercer mundo» y, colateralmente, con todos aquéllos que conciban y respeten nuestros principios básicos sobre convivencia universal.

e) Defensa sistemática de los recursos naturales, científicos y técnicos, en el marco mundial, dentro de un ámbito de recíproca cooperación de esfuerzos y de utilización de [los] resultados.

f) Conducción de una política exterior auténticamente fundada en las grandes coincidencias nacionales, al servicio de nuestro pueblo, único protagonista y destinatario de la misma.

Tales objetivos exigen un servicio exterior altamente capacitado para el cumplimiento de su función específica, tanto desde el punto de vista ideológico como técnico-profesional, y cuyos únicos objetivos radiquen en la preservación y grandeza de la patria.

La «hora de los pueblos» está definitivamente en marcha. La «tercera posición» sustenta nuestro accionar. El «tercer mundo» constituye una realidad irrefutable. Debemos recuperar la iniciativa que tuviéramos hace ya tres décadas, como pioneros de una nueva mentalidad mundial.

Con tal propósito, tenemos que transformar nuestro estado de conciencia en acción deliberada y, con ello, concretar el pensamiento universalista que nos anima.

4. El ámbito económico

Caracterización general

Los principios y medidas generales que el Modelo Argentino propone en el campo económico deben comprenderse como justificados y fundados en las bases filosófico-políticas previamente delineadas. Es por eso que, en varias oportunidades, he sostenido que la dimensión política es previa al ámbito económico.

El Justicialismo comprende a lo económico como naturalmente emanado de un proyecto histórico-político de carácter intrínsecamente nacional, social y cristiano.

En tal sentido, el objetivo fundamental es servir a la sociedad como un todo, y al hombre no sólo como sujeto natural sometido a necesidades materiales de subsistencia, sino también como persona moral, intelectual y espiritual. En rigor, nuestra concepción tampoco supone que la búsqueda del beneficio personal invariablemente redunda en el bien de toda la sociedad.

Por el contrario, la actividad económica debe dirigirse a fines sociales y no individualistas, respondiendo a los requerimientos del hombre integrado en una comunidad y no a las apetencias personales.

Esta interpretación amplia y solidaria de la actividad económica llevará implícita una definición clara del concepto de beneficio, ubicándolo no ya como un fin en sí mismo, lo que daría como resultado una utilización de los recursos en función de un individualismo egoísta, sino como la justa remuneración del factor empresarial por la función social que cumple.

Preservamos así el estímulo para fomentar el incremento de la gestión empresarial privada, con su dinamizadora dosis de creatividad, pero enmarcada dentro de un contexto donde debe prevalecer una distribución socialmente justa.

La esencia de nuestra «tercera posición» consiste en anhelar una sociedad eminentemente creativa y justa, en la cual la conducción económica pertenezca al país como comunidad armónica, y donde los logros económicos no [atenten] 50 contra la libertad y la dignidad del hombre.

Pero cada uno de mis conciudadanos debe tener muy en claro que la única posibilidad de que lo anteriormente expuesto no quede en meras expresiones de deseo, reside en que todos los argentinos participemos de una profunda revolución ética que, en verdad, implica una auténtica toma de conciencia cristiana.

Nuestra concepción económica no es aséptica, no puede aplicarse como un conjunto de medidas técnicas si no está integrada en una visión del hombre y el mundo de carácter radicalmente nacional.

Para la conformación económica de nuestra sociedad resulta indispensable obtener la coincidencia generalizada de todos los sectores, hecha realidad a través de un compromiso firme, estable y, por ende, cuidadosamente elaborado a través de lo que será el Proyecto Nacional.

Necesidad de considerar el ámbito supranacional

Hasta el momento ha prevalecido, en casi todos los países, la concepción restrictiva de desplegar la actividad económica con el solo fin de lograr el máximo bienestar para sus habitantes. De ahora en más, el panorama se amplía, tendiendo a aunar esfuerzos en el nivel regional e internacional a fin de, en mutua colaboración, elevar las condiciones de vida de la sociedad universal del porvenir.

El mundo del futuro se está orientando hacia nuevas formas [en virtud de las cuales] ya no tendrá sentido 51 analizar los problemas como exclusivamente nacionales. Será preciso condicionarlos a la evolución general de la humanidad, en la que el progreso de la ciencia y la tecnología, por una parte, y la expansión demográfica, por la otra, influirán decisivamente sobre los sistemas socio-económicos. Por lo tanto, las soluciones de los diversos problemas en el nivel nacional no podrán ser [logradas] 52 plenamente si buscan su concreción exclusivamente dentro del país, como si éste fuera un compartimento estanco.

Toda labor económica se hace efectiva persiguiendo metas determinadas y considerando las restricciones propias de las circunstancias. En tal sentido, el futuro exigirá perseguir metas mundiales, en función de posibilidades también mundiales. Por consiguiente, en la medida [en] que Argentina oriente su accionar económico en tal dirección, será mayor su trascendencia en el orden internacional.

El desarrollo no debe quedar en manos de unos pocos, o de grupos poderosos, como tampoco debe responder a la concepción de una sola comunidad política o de las naciones más fuertes. Por el contrario, todos los sectores dentro de cada país, y el conjunto de las naciones en el orden internacional, deben participar en dicha tarea.

Esto no constituye una utopía, pero tampoco es tarea fácil de lograr, particularmente en un mundo convulsionado política e ideológicamente, donde el interés privado prevalece sobre el interés social.

Es necesario avanzar gradualmente, por etapas, evitando las formas violentas de cambio que sólo significan tremendos costos sociales para cualquier comunidad organizada. Los acuerdos en el nivel nacional y las integraciones regionales son el primer paso trascendente para alcanzar la meta propuesta y, para ello, el país debe estructurarse como un verdadero sistema. En él debe disponerse de un medio que oriente la acción y, al mismo tiempo, sirva de patrón para confrontar las realizaciones, como entiendo debe ser el Proyecto Nacional.

Necesidad del acuerdo interno

Difícil resultará integrarse dentro del marco regional y, más aún, del internacional si, previamente, no establecemos las bases de acuerdo dentro del país. Se deben definir las políticas en las distintas actividades y comprometer a todos los sectores sociales. Cada uno en su función deberá realizar una tarea solidaria para aprovechar al máximo la capacidad creativa del país.

Los compromisos que se contraigan serán concretos, efectivos y estables, independientemente de quién ejerza el liderazgo o el gobierno, porque esto último es circunstancial, mientras que estas medidas deben ser permanentes, aun cuando actualizables.

Los planes de desarrollo constituyen la expresión económica de este acuerdo general e indican el camino y las metas a lograr, basadas en apreciaciones sensatas y acordes con la realidad presente y la estimación del futuro. La planificación desmedida conduce inexorablemente a la pérdida de la libertad y de la creatividad, o bien a la subestimación y abandono de los fines perseguidos; mientras

que la falta o insuficiencia de la acción planificada conduce al derroche de recursos, debilita y —finalmente— deja a la nación a merced de los poderosos.

Las necesidades y la oferta de bienes y servicios

Resulta paradójico observar cómo, en un mundo que siente cada día con mayor fuerza la presión de la escasez de los recursos primarios, algunas concepciones tratan, por todos los medios, de fomentar el consumo en forma irracional y dispendiosa. Esto no sólo torna cada día más oscuras las posibilidades de las generaciones futuras, sino que refuerza los lazos de dependencia especulativa de grupos e intereses privados reñidos con el interés de la comunidad.

La exigencia de una sociedad plenamente realizada no sólo implica pensar en el presente sino también en el futuro. Para ello, debemos regular y analizar las necesidades dando preeminencia a las más auténticas, compatibilizándolas con nuestra liberación, dentro de un marco de “democracia social”.

A tal fin, sería conveniente que existiesen los medios que identifiquen objetivamente esas necesidades, con el propósito de canalizarlas y sugerir su satisfacción, aun cuando el pueblo no haya llegado a expresarlas en forma de demanda concreta.

Lo afirmado precedentemente implica reconocer que la demanda no puede ni debe ser identificada exclusivamente a través del mercado, sino que requiere algo de mayor contenido social. Para lograrlo, será necesario previamente establecer una escala de valores a partir de la cual el patrón de demanda se ajuste a la concepción social y universalista.

La oferta interna de bienes y servicios deberá, entonces, responder a esta demanda y, para ello, todas las fuerzas productivas coordinarán su acción a fin de lograr una sociedad realizada en los términos expresados.

La preservación de nuestros recursos, particularmente los agotables, [y] el permanente control sobre ellos y sobre el proceso productivo, son requisitos indispensables que, de no alcanzarse, harán naufragar cualquier intento de desarrollo y real independencia.

La producción y el aprovechamiento de los recursos

Es habitual, cuando se hace referencia a la producción, centrar fundamentalmente la discusión en dos grandes áreas: nivel de autosuficiencia económica y papel del Estado en el proceso productivo.

Tal vez en el pasado, [cuando se procedía entendiendo al país como compartimento estanco y las concepciones ideológicas] 53 se alineaban en posiciones extremas, dicha discusión tenía algo de sentido. En la época actual, y para mentes con visión de futuro, enfoques de tal naturaleza carecen de todo valor.

Es indudable que, si hacemos referencia a un mundo que tiende cada día más a acelerar su integración y a coparticipar en la solución del problema de la escasez de recursos tratando de incrementar el comercio internacional y de integrarse en el proceso productivo, resulta pueril y contradictorio dispersar esfuerzos.

Esto no implica aceptar o mantener las estructuras productivas tal como están, consolidando la dependencia. Nuestra Argentina cuenta con una naturaleza pródiga en recursos, una mano de obra cualitativamente comparable a la que poseen países con un elevado desarrollo y un grupo empresarial creativo y pujante.

Dicho en otros términos, se dan las condiciones para armonizar una estructura económica agropecuaria con una industrial sin que el progreso de un sector se logre a costas del otro.

Lo fundamental es que cada producto que salga al mercado, y en particular al internacional, cuente con el mayor valor agregado que los factores de la producción permitan y, por otra parte, que se consolide una integración del proceso productivo en el nivel regional interno, continental y, finalmente, universal.

El pleno empleo de los recursos tendrá entonces un verdadero y sólido sentido, [y] no tomará la forma de una expresión de deseos de plataforma política con fines electorales.

De nada servirá disponer de generosos recursos naturales si éstos permanecen inexplotados; es imprescindible orientar los mayores esfuerzos para utilizar, particularmente, aquéllos que se poseen en forma abundante en relación con las propias necesidades, pero sin perder de vista un uso racional para los agotables.

Es aquí donde el establecimiento de metas cuantitativas, previa investigación inteligente y realista de nuestras reservas, adquiere especial relevancia. En todo proceso productivo hay insumos críticos que condicionan severamente la actividad industrial y la productividad del sector agropecuario. Es respecto de ellos que adquiere verdadero sentido el concepto de autosuficiencia y ruptura de la dependencia. Ésta es la otra área hacia donde deben canalizarse los esfuerzos del sector público y privado, ya sea actuando en forma independiente o conjunta.

El Estado [en] la actividad económica

La trascendencia del Estado en la actividad económica depende de su grado de injerencia en este campo, así como de la modalidad y calidad de su participación.

En la función empresarial, el Estado tendrá un papel protagónico o complementario de la acción privada, según que las exigencias presentes o futuras así lo aconsejen. Debe destacarse, como un deber ineludible, la idoneidad con que el Estado asuma dicho rol, materializado a través de su gestión empresarial. La empresa del Estado no es un vehículo para alimentar una desocupación disfrazada o para transformarse en fuente de trabajo o de ingresos de quienes ejerzan circunstancialmente el manejo de la cosa pública. Es el camino para satisfacer básicas necesidades de la comunidad.

La experiencia indica que nadie critica a una empresa por el solo hecho de ser del Estado, sino por el resultado de su gestión. Nadie reaccionará contra el control y supervisión que el Estado realiza sobre el quehacer económico si éste es llevado a cabo no sólo con honestidad sino también con idoneidad, y si tanto el Estado como el sector privado se hallan plenamente identificados con un Proyecto Nacional, un fin superior en el que no caben mezquindades ni turbios manejos especulativos. De lo expresado surge como de imperiosa necesidad el intensificar el proceso de formación y perfeccionamiento del funcionario público.

La función pública debe ser ejercida con idoneidad técnica y capacidad de decisión. Pero estas cualidades, necesariamente, tienen que sustentarse en la adhesión plena por parte del funcionario a la idea de que él es parte integrante de una comunidad que busca perfilar un Proyecto Nacional, ante cuyos fines superiores quedan relegados los objetivos meramente individuales o sectoriales.

El rol del capital extranjero

Argentina ha sido siempre un país abierto a la participación externa; también lo será en el futuro; pero es imprescindible disciplinar dicha participación determinando las áreas de su injerencia y el rol que debe cumplir en nuestra vida social, política y económica.

Ningún país es realmente libre si no ejerce plenamente el poder de decisión sobre la explotación, uso y comercialización de sus recursos, y sobre el empleo de sus factores productivos. Por ello, es necesario determinar las reglas de juego que habrán de regir la participación del capital extranjero y, una vez establecidas, asegurar su estabilidad y, fundamentalmente, hacerlas cumplir.

El progreso económico dependerá exclusivamente de nuestro propio esfuerzo; de allí que el capital extranjero deba tomarse como un complemento y no como factor determinante e irreemplazable del desarrollo.

La formación y distribución del ingreso

La elevación permanente y sostenida del nivel de ingresos y su distribución con criterio de justicia social es, y así debiera reconocerse unánimemente, la finalidad de todo proceso de desarrollo.

Poco nos dirán los impactantes índices de crecimiento global si no vienen acompañados de una más equitativa distribución personal y funcional de los ingresos que termine, definitivamente, con su concentración en reducidos núcleos o élites que han sido la causa de costosos conflictos sociales.

Debemos crear el país del futuro para las generaciones venideras, pero partiendo de la base [de] que las presentes deben participar plenamente en su configuración.

Sería socialmente injusto que, con el objeto de acelerar el desarrollo, se afectasen ostensiblemente las posibilidades de realización de quienes precisamente lo generan. Por otra parte, es cristianamente inaceptable que este desarrollo se materialice a expensas de los más necesitados. El costo debe ser repartido proporcionalmente, de acuerdo con las posibilidades de cada uno.

Cuando se habla de distribución funcional, suele predicarse que, para favorecer el proceso de crecimiento económico, es conveniente remunerar en una mayor proporción al factor capital y empresarial en detrimento del trabajo. Aun cuando esto técnicamente pudiera tener visos de realidad, es socialmente injusto y, por lo tanto, debe desecharse de nuestra doctrina nacional.

Por el contrario, es condición necesaria estimular sostenidamente a este último factor que, precisamente, está integrado por los estratos más bajos de la escala social y, para ello, debe intensificarse el uso de los diversos mecanismos que incrementan el ingreso real, tarea en la cual el Estado tiene una responsabilidad impostergable.

La solución del déficit habitacional; la ampliación y difusión de los serviciosque hacen a las necesidades primarias, a la educación y al esparcimiento; los subsidios a la familia numerosa y a las clases pasivas, son meros ejemplos de lo que el Estado debe concretar en forma amplia y eficiente, o sea cuantitativa y cualitativamente en relación con la necesidad. La inflación, cualquiera sea su origen, tanto como el control de la oferta y, por ende, de los precios por parte de estructuras con poder monopólico, en todos los casos, terminan con una distorsión del ingreso y generan una distribución regresiva del mismo.

Es aquí también donde el Estado debe estar presente y, para ello, no bastará con atacar los efectos, sino las causas que [los originen] 54 . En este quehacer deberá actuar con el máximo poder que le confieren sus facultades. No es suficiente que exista, además de una adecuada tasa global de crecimiento, una buena distribución personal y funcional, si regionalmente existen serios desniveles.

La sociedad argentina está integrada por el hombre de la ciudad y del campo, de las grandes urbes y de los pequeños conglomerados, aún de aquéllos ubicados en la zona fronteriza. Todos deben participar en el esfuerzo, pero todos deben también gozar de los beneficios.

La distribución regional de los ingresos debe ser también motivo de especial preocupación, no sólo del Estado sino de toda la comunidad. Los gobiernos provinciales, en pleno uso de las facultades que otorga un sistema federal, deben poner todo de sí y crear conciencia popular de solidaridad para ayudar a las áreas sumergidas.

Mientras exista una sola familia cuyo ingreso esté sólo en un mero nivel de subsistencia o, peor aún, por debajo de éste, no habremos logrado en modo alguno un nivel económico con justicia social.

Con respecto al capital extranjero, sería utópico pretender que no reciba una participación por su aporte en el quehacer nacional.

No es esto lo que realmente importa, sino las fuentes que dan lugar a tales ingresos. Es por ello que la comunidad, en general, y el Estado, en particular, deben definirlas con claridad.

Existen empresas y organizaciones internacionales que aún hoy persisten en manejarse con pautas de explotación y especulación, sin darse cuenta [de] que los países del presente, por pequeños que sean, han aprendido la lección y van ejerciendo, cada día con mayor vigor, la defensa de sus propios intereses.

Nuestra patria ha avanzado en tal sentido, pero es necesario lograr aún mayores progresos. No podemos olvidar que somos los únicos responsables de los éxitos o fracasos que el país experimenta.

Cabe aquí recordar, nuevamente, lo expresado en materia de capacitación de nuestros hombres públicos, funcionarios y aún empresarios. Sólo una firme formación moral y una elevada idoneidad técnica permitirán seleccionar adecuadamente las fuentes que dejen un beneficio real para el país.

El agro

El mundo actual observa, con creciente preocupación, el paulatino agotamiento de los recursos naturales, al punto de temer el desencadenamiento de una crisis en materia de productos esenciales para la subsistencia de la humanidad.

Nuestro país, en tal sentido, resulta un privilegiado de la naturaleza y una esperanza para la sociedad en la etapa universalista, en razón de sus potencialidades en materia de recursos naturales. De allí que la definición de una política estable y definida para el agro constituye una responsabilidad ineludible de las generaciones del presente para con las del futuro.

Esta política debe señalar, con precisión, los objetivos a alcanzar en materia de colonización, infraestructura, régimen de tenencia de la tierra, explotación, investigación, capacitación e incentivos, para lograr, a la vez, una fuente continua de riqueza para el país y un aporte vital para el mundo del futuro, con criterio de solidaridad universal.

Ambos conceptos, fuente sostenida de riqueza y solidaridad universal, implican necesariamente hacer un uso racional de nuestras tierras aptas, como así también realizar un esfuerzo sostenido para agregar a éstas las hoy ociosas o deprimidas.

La colonización de nuestras tierras adquiere, en razón de lo expuesto, una importancia tal vez superior a la que se le asignara en épocas pasadas pero, simultáneamente, es amenazada por mayores condicionamientos y dificultades.

El paulatino desplazamiento de la población rural hacia los centros urbanos, las necesidades propias de la vida moderna, la complejidad de los medios técnicos y niveles de inversión requeridos para la explotación agrícola, son aspectos que condicionan el logro de este objetivo.

No podrá pensarse en colonizar si, previamente, no creamos los medios que aseguren a los inmigrantes que necesitaremos [las] condiciones de vida propicias para su desplazamiento.

Ello, indudablemente, implica un esfuerzo económico de magnitud trascendente y una planificación detallada con determinación de prioridades. En tal sentido, será preferible un plan con metas no excesivamente ambiciosas, escalonadas en el tiempo y por zonas, pero basado en posibilidades reales de concreción, a otro ambicioso que permanezca en el plano teórico o sea usado como mera herramienta de propaganda ideológica o partidista.

Simultáneamente, con la creación de la infraestructura destinada a hacer digna la vida de la población rural, será necesario considerar la requerida para posibilitar la explotación de las tierras en condiciones de productividad creciente y de agilización de las etapas de distribución, almacenaje y comercialización de los productos.

Entendemos que la tenencia de la tierra implica la responsabilidad de no atentar contra la finalidad social que debe satisfacer la explotación agraria. Dicha finalidad social sólo se cubrirá cuando la tierra sea explotada en su totalidad y en relación con su aptitud real y potencial, tomando el lucro como un estímulo y no como un fin en sí mismo.

La tierra no es básicamente un bien de renta sino un bien de trabajo. El trabajo todo lo dignifica.

La explotación de las tierras implica considerar un dimensionamiento óptimo y una conservación adecuada del suelo; ambos aspectos deben ser evaluados dentro de un contexto eminentemente técnico y con miras a lograr consenso y no enfrentamientos de grupos o sectores.

La experiencia indica que muchas discusiones, particularmente en lo que concierne a subdivisión de las tierras, se han orientado — o han sido fuertemente condicionadas — por razones meramente ideológicas más que de beneficio para la sociedad en su conjunto.

La actividad productiva dentro del sector primario no ha escapado a la influencia de la continua revolución tecnológica que es un signo de nuestros tiempos. Más aún, puede observarse que, en los últimos años, se hacen denodados esfuerzos para lograr nuevos procedimientos que compensen la no reproductividad de la tierra con el crecimiento sostenido de la población mundial.

La República Argentina, como poseedora de un vasto territorio con especial aptitud para su explotación, no puede, bajo ningún concepto, quedar rezagada tanto en el uso de tales nuevos procedimientos como en el proceso de investigación.

La creación y estímulo para lograr una conciencia en esta materia debe ser responsabilidad no sólo del Estado sino también de los sectores privados que participan en esta actividad.

Los actuales centros de experimentación y de formación de mano de obra capacitada necesitan contar con el decidido apoyo público y privado. Pero éstos, a su vez, deben basar sus planes de acción sobre objetivos y metas concretas y acordes con las posibilidades del país.

No resulta novedoso señalar la natural resistencia de muchos trabajadores rurales a la implantación de nuevos métodos, procedimientos y herramientas, tendientes a proteger el suelo, incrementar la productividad y cultivar nuevas especies. Sin embargo, pareciera que los esfuerzos para lograr un cambio radical y definitivo resultan todavía insuficientes.

Por tal motivo, el Estado, en particular, y las organizaciones rurales, en general, deberán coordinar sus esfuerzos a fin de profundizar los cambios y hacer evidentes los beneficios que los mismos traerán aparejados. Un hombre de campo con una mentalidad moderna y de futuro es el factor insustituible del progreso del sector, más allá de toda medida administrativa o de estímulo a la actividad.

Todo lo señalado hasta este punto implica un esfuerzo económico-financiero que va más allá de las posibilidades del sector y, por tal razón, el Estado debe, ineludiblemente, acudir como apoyo real y estímulo, como así también hacer un uso intenso de su poder como fiscalizador, control y regulador.

En cuanto al apoyo, éste debe materializarse a lo largo de todo el espectro de actividades que, directa o indirectamente, hace al quehacer agrario; desde la capacitación técnica hasta la creación de condiciones para la explotación, pasando por el apoyo financiero para las distintas etapas de la producción y comercialización. Sólo podremos exigir el cumplimiento de un compromiso social si, previamente, facilitamos los medios básicos para llevarlo a cabo.

El asesoramiento técnico, el apoyo crediticio, la política fiscal y el desarrollo de cooperativas agrarias, son instrumentos que deben usarse en forma intensa, particularmente para aquéllos que se encuentran en inferioridad de condiciones para producir.

El apoyo para lograr el aprovechamiento de las zonas ociosas debe ser motivo de especial preferencia, pero una vez satisfechas adecuadamente las necesidades en las zonas aptas.

En su función fiscalizadora, de control y regulación, el Estado debe previamente definir, con absoluta claridad, su participación y, una vez logrado el consenso general, se deberá proceder sin solución de continuidad.

Nuevamente aquí la política fiscal cumple un decidido papel para obligar a la explotación racional de los recursos, evitando capacidades ociosas. Producir cada día más, manteniendo la fertilidad de las tierras, debe ser criterio rector.

La intervención directa en el proceso de comercialización interna y externa, como así también en la fijación de precios que aseguren un beneficio normal y una eliminación de la incertidumbre del futuro, son también responsabilidades que el Estado no debe, bajo ningún concepto, delegar y, menos aún, olvidar.

La industria

El sector industrial ha ido creciendo en la Argentina hasta convertirse en parte importantísima de la actividad económica, de ahí la necesidad de delinear, a grandes trazos, cuáles serán las pautas que han de regir el comportamiento de ese sector dentro de la comunidad que anhelamos.

Me parece evidente que nadie puede, razonablemente, dudar [de] que la planificación es imprescindible, de ahí que, una vez identificadas las necesidades auténticas de la sociedad, habrá que cuantificarlas. Deberá, entonces, determinarse cuánto y qué producirá el Estado; cuánto y qué, el sector privado.

En lo que concierne a la actividad industrial estatal, la planificación será estricta y la coordinación de los esfuerzos, máxima. Para el quehacer privado se establecerán marcos —con la flexibilidad que las circunstancias sugieran— dentro de los cuales el empresariado desenvolverá su capacidad creativa.

Si tanto el Estado como el sector privado comprenden que su meta es la misma — el bienestar de toda la comunidad — la determinación de los límites de acción no puede ser conflictiva.

Sin embargo, el Estado deberá evitar que estos marcos que encuadren la actividad privada sean excesivamente cambiantes o confusos, pues esto sumiría al empresariado en la incertidumbre, desalentaría las inversiones y fomentaría la especulación.

El capital foráneo ocupará también un lugar dentro del esquema industrial, aquel lugar que el país juzgue conveniente para sus propios intereses. Hay que tener siempre presente que aquella nación que pierde el control de su economía, pierde su soberanía. Habrá que evitar, entonces, que esa participación extranjera — en forma visible o embozada — llegue al punto de hacernos perder el poder de decidir.

Ya he afirmado, y volveré más adelante sobre esto, que la tecnología es uno de los más fuertes factores de dependencia en la actualidad. Resulta importante enfatizar que este hecho se agudiza en el caso del sector industrial. Si nuestra industria es ya fuerte, en el Modelo la deseamos aún mucho más importante.

Necesita, entonces, una tecnología que cimente su desarrollo, pero esta necesidad no debe instrumentar la acción de un poderoso factor de dependencia.

La alternativa surge clara: tenemos que desarrollar en el país la tecnología que nutra permanentemente a nuestra industria.

Estado y sector privado deben volcar todos sus esfuerzos en ese sentido, cada uno en la medida de sus posibilidades. El gasto en investigación y desarrollo debe ser tan grande como jamás lo haya sido hasta ahora, pero tan bien programado como para soslayar cualquier posibilidad de despilfarro. Deben aprehenderse bien estos conceptos, pues son absolutamente esenciales: sin tecnología nacional no habrá una industria realmente argentina, y sin tal industria podrá existir crecimiento, pero nunca desarrollo.

La tarea que se propone no es fácil. Hay que remontar la herencia de un esquema ferozmente competitivo, en el que sólo primaban fines solitarios, o simplemente grupales, que dieron lugar a una batalla entre intereses, de la cual generalmente salieron mal parados los más débiles. El sector industrial privado es ahora convocado a colaborar, con su quehacer específico, bajo una perspectiva totalmente distinta. El Estado debe orientarlo en su acción, señalándole claramente cuál ha de ser su rol en los programas de desarrollo y haciéndolo participar activamente en la elaboración de la política económica. No deben quedar dudas de que, cuando hablo de sector privado industrial, me refiero tanto a empresarios como a trabajadores, nucleados unos y otros en sus organizaciones naturales.

Si, como ya afirmé, el mercado no constituirá la referencia fundamental en la determinación de las necesidades auténticas de la comunidad, el sistema de precios no será — en algunos sectores — el impulsor de las decisiones de inversión. El Estado tendrá, entonces, que suplir este posible déficit, ya sea mediante su acción directa como inversor o bien, indirectamente, a través de su política económica.

Al Estado le cabe también la responsabilidad de relevar asiduamente el comportamiento del sector industrial en su conjunto, en una acción fiscalizadora, tanto de control como de apoyo.

Por otra parte, es imprescindible que el sector privado continúe fortaleciendo su mentalidad exportadora, a lo que contribuirán, seguramente, el desarrollo de una tecnología íntegramente nacional, acorde con los más altos niveles alcanzados mundialmente, y la eficacia en el manejo de la política internacional del gobierno.

Volveré sobre algunas de estas cuestiones cuando me refiera al papel que, en nuestra futura comunidad, debe desempeñar el empresario.

En síntesis, es menester dejar sentado que los sectores público y privado han de concertar firmemente su acción en los planes de desarrollo industrial que conjuntamente determinarán. Cada uno de ellos actuará a través de sus organizaciones, y ambos deben reconocer ampliamente que uno de los factores de producción — el trabajo — necesita participar en forma auténtica de los beneficios que tan esencialmente concurre a gestar.

5.- La ciencia y la tecnología

Conceptos básicos

Si bien la importancia de la ciencia y el desarrollo tecnológico normalmente se asocia con los países rectores en el mundo, es imperioso señalar que la ciencia y la tecnología tienen una función primordial que cumplir en los países de menor desarrollo relativo en busca de una mayor autodeterminación y solución de sus problemas particulares.

La tecnología constituye un conjunto de conocimientos directamente aptos para la producción. Tal conjunto tecnológico puede provenir de fundamentos empíricos de actividades de producción [o] de la actividad de investigación y desarrollo del sistema científico-tecnológico propiamente dicho.

Para asumir las proposiciones que este Modelo formula más adelante, es esencial señalar que la tecnología es, hasta cierto punto, una forma especial de «mercadería». Siendo inmaterial, es acumulable; entra como un recurso en la producción; es susceptible de todas las transacciones económicas corrientes (compra-venta, importación, exportación, etc.); constituye un verdadero patrimonio; está sujeta a posibilidades de sustitución, a caer en obsolescencia y a otros eventos que afectan a los bienes corrientes.

Toda la acumulación de conocimientos tecnológicos se ha hecho, normalmente, a partir de modos de conocimiento elemental, que se han ido combinando, por un proceso racional, en forma cada vez más compleja.

Internacionalización del conocimiento

Pese a que es necesario compensar el costo de la producción del nuevo conocimiento tecnológico y retribuir el esfuerzo que ha demandado originarlo, resulta una realidad concreta que el mundo en desarrollo requiere que ese conocimiento sea libremente internacionalizado.

Esta exigencia contribuirá al logro de la ansiada comunidad mundial, donde cada país debe asumir la mejor disposición para su aporte al bienestar de los demás, preservando su autonomía y capacidad de decisión.Dependencia tecnológica Ciertos sectores de nuestra economía han dependido, y aún dependen, de la importación de tecnología extranjera. Tal dependencia constituye, en alguna medida, un aspecto particular de dominación.

Eliminar totalmente la importación de tecnología no constituye un paso próximo a lograr, pero sí debe ser reducida a lo estrictamente imprescindible.

La sociedad que anhelamos para el futuro debe comprender que el problema científico-tecnológico está en el corazón de la conquista de la liberación.

Sin base científico-tecnológica propia y suficiente, la liberación se hace imposible. El mundo es, en esta materia, cada vez más interdependiente, y nuestro potencial actual ya tiene la capacidad crítica necesaria para permitirnos una política nacional inteligente que concentre ese potencial, lo trabaje con programas efectivos y unidad de criterio, y opere recíprocamente con todos los centros del mundo.

Tiene que generalizarse también la idea de que la dependencia tecnológica es más difícil [de] revertir que la dependencia comercial o financiera. En lo comercial, pueden modificarse rápidamente estructuras; y en lo financiero, lograrse un cambio de financista.

Lo científico-tecnológico requiere una larga sedimentación que exige la acción decantadora del tiempo, y sólo rinde fruto real cuando alcanza cierto nivel de costo y aceptable grado de perfectibilidad.

Lo importante es que, en materia de ciencia y tecnología, debe trabajarse para el presente y el futuro al mismo tiempo.

Este concepto tiene una seria implicación inmediata: toda tecnología incorporada desde el exterior — y aún la tecnología nacional — puede desarrollarse con limitaciones o bien ser ampliamente difundida.

No ayuda a la liberación la existencia de estrechos compromisos tecnológicos. Ésta es una clara orientación que la sociedad debe tener en cuenta para establecer reglas de juego precisas en el proceso de incorporación de tecnología y de capital extranjeros, así como para el comportamiento de los sectores productores y usuarios de tecnología en el nivel nacional.

Además, como el ritmo de crecimiento depende del ritmo de aplicación de tecnología en función productiva, en la medida [en] que se quiera un crecimiento suficiente del producto, será también necesario llegar a, por lo menos, cierto nivel de desarrollo tecnológico propio.

Es muy difícil determinar cuál es el nivel de acumulación de conocimientos científicos suficiente. En tal sentido, la sociedad deberá tratar de establecer algunos criterios razonablemente objetivos, para que pueda tomarse una decisión sobre el particular.

La cuestión es fundamental, pues no puede existir heterogeneidad alguna entre el nivel de suficiencia científico-tecnológica y el de los recursos que se vuelquen en su desarrollo.

Elección de objetivos

La sociedad científico-tecnológica que propongo a partir de la evaluación conceptual expuesta, debe elegir ciertos objetivos esenciales en su acción permanente. Para establecer estos objetivos hay que tener en cuenta que todos los ámbitos de la actividad económica requieren de lo científico-tecnológico una determinada conducta en lo que hace a logros y procedimientos.

Esto define algunos caracteres de la fisonomía que debe tener el campo de la ciencia y la tecnología. Otros derivan de sus propios requerimientos. En esencia, se trata de que el campo científico-tecnológico tenga un nivel de conocimientos suficiente como para ser razonablemente autónomo.

Ningún país puede aspirar hoy a una total autarquía, y el nuestro no puede cubrir con igual eficiencia todas las necesidades científico-tecnológicas. Pero será vital que las decisiones sobre el desarrollo de nuevos conocimientos, y particularmente los conocimientos que se incorporen a nuevas inversiones, queden en manos nacionales o sean gobernables por el país.

Debe haber, en consecuencia, un poder nacional de decisión para conducir lo científico-tecnológico que nos interese.

Se trata, además, de no hacer de la acumulación de conocimientos científico-tecnológicos el objetivo del cambio. Por el contrario, se trata de identificar al conocimiento científico-tecnológico que es indispensable para el modelo de sociedad propuesto. Considero que el campo científico-tecnológico debe aportar conocimientos para: desarrollar una capacidad adecuada que permita disponer de suficiente poder nacional de decisión, pues cada sector de conocimiento contribuye a

fortalecer este poder; tener disponible, en el momento preciso, la tecnología adecuada para lograr los mejores resultados en cada una de las actividades económicas; exportar tecnología con el máximo grado de complejidad posible; sustituir progresivamente la importación de tecnología, realizándola a niveles adecuadamente económicos; establecer los sectores de conocimiento necesario, para que sean asumidos por la sociedad, a fin de estar en condiciones de adoptar las pautas que se ajusten a su propia fisonomía; y alcanzar una conducta lo suficientemente prudente como para que nuestro país no sufra los mismos males del desarrollo tecnológico cuyas consecuencias estamos viendo en los países superdesarrollados.

Incentivación de la creatividad

La sociedad que visualiza el presente Modelo debe asignar a este campo la misma importancia que se asigna a los ámbitos ya considerados.

Se requiere la máxima incentivación del esfuerzo creativo, desarrollando también criterios de adaptación de tecnología externa, en la medida en que sea conveniente, pero sin ubicar a nuestra sociedad dentro de un simple modelo adaptativo.

Este modelo científico-tecnológico creativo debe elaborar programas y proyectos, integrados desde la concepción científica hasta la aplicación final; a partir de allí, será necesario establecer adecuados controles de evaluación de tales proyectos y desarrollos, como así también de la eficiencia del sistema científico-tecnológico en su totalidad.

El hombre de ciencia y el tecnólogo

Hace falta establecer un adecuado sistema científico-tecnológico, con centralización de conducción y descentralización de ejecución.

Una primera tarea del sistema consiste en asegurar confianza perdurable a los científicos y técnicos. Esta confianza requiere la consideración, entre otros, de los siguientes aspectos: respeto a la tarea del hombre de ciencia y del técnico; adecuada estabilidad; reconocimiento social de su función; nivel de remuneración que retribuya dignamente su consagración y su esfuerzo y, sobre todo, que cree las condiciones que permitan su consagración plena a la disciplina que cultiva; medios de promoción según valores auténticos. Por último, será necesario realizar un equipamiento total para que los largos esfuerzos puedan realizarse sostenidamente y hasta el completo logro de los fines propuestos.

No me cabe duda [de] que hace falta también una clara toma de conciencia en el gobierno y en el empresariado. Ambos tienen la responsabilidad moral e histórica de ocupar a todos los científicos y técnicos del país.

Esto no debe entenderse simplemente como paliativo contra el éxodo; en rigor, configura una grave incoherencia social impulsar a nuestros hombres a desarrollar líneas de especialización, sin darles después la posibilidad de aplicar sus aptitudes en forma socialmente útil.

El avance científico-tecnológico requiere una tarea planificada e interdisciplinaria, como así también la asignación de recursos suficientes que posibiliten alcanzar óptimos niveles de desarrollo.

Bases institucionales y conducción del campo científico-tecnológico

La indispensable organización en este ámbito debe contar con un ente, con máximo nivel de decisión — tal vez un Ministerio de Ciencia y Tecnología 55 — , como central de conducción del sistema; así como [de] una total unidad de inteligencia y de control nacional, que oriente y regule la oferta y la demanda de conocimientos científico-tecnológicos con cabal especificidad y [que] sirva como fuente de información especializada.

Considero que en nuestro país la administración superior de la ciencia y la tecnología debe hacerse efectiva en el nivel gubernamental, incorporando para ello los mecanismos de participación que corresponda.

Esto implica que la política científico-tecnológica no puede ser de tipo liberal. La más alta responsabilidad en el ámbito científico-tecnológico no puede estar en manos extranjeras.

Concibo, además, que la estructura organizativa más apta para el campo de la ciencia y la tecnología requiere un grado elevado de participación y de acuerdo.

Debe establecerse un apropiado sistema de vinculación entre todos los entes dedicados al proceso de desarrollo científico-tecnológico y, especialmente, es preciso conectar al sistema científico-tecnológico con el gobierno, los medios de producción y el sistema financiero.

Criterios de política y programación

Dentro de este ámbito de organización, la política de ciencia y tecnología tendrá que fundarse principalmente en las necesidades reales del país antes que en [el] estímulo de tipo indirecto. Así como en lo económico se exige cierto nivel de empresa para que haya eficiencia, también se requiere un nivel de trabajo en lo científico-tecnológico para iguales fines, y debe la política de este campo asegurarlo.

Si nuestra sociedad científico-tecnológica es suficientemente creativa, planteará demandas de recursos en mucha mayor magnitud de la que el país puede requerir. A partir de este punto, debe efectuarse la evaluación de prioridades a efectos de identificar los campos en los cuales será necesario trabajar en cooperación internacional.

Si, por el contrario, falta creatividad, nunca se generará la demanda suficiente de ciencia y tecnología como para impulsar el desarrollo nacional.

La creatividad — y particularmente su incentivación — está en la base de la política científico-tecnológica que deseo para nuestra sociedad.

Es imprescindible establecer los medios adecuados [para que la formación profunda del científico y del técnico se concrete tanto bajo avanzadas formas de postgrado] 56 como a través de institutos especializados, o estrechando vínculos adecuados con el exterior.

Considero que el científico debe adquirir la capacidad auténtica de negarse, con convicción absoluta, a producir determinada forma de conocimiento científico-tecnológico que resulte inadecuado para el país. La historia presenta claros ejemplos sobre cuál es el tipo de conocimiento que nunca debió haberse desarrollado en la humanidad.

La propuesta que acabo de delinear debe estar abierta a la recíproca cooperación internacional que es, sin duda, imprescindible.

En el futuro será necesario arbitrar todos los recursos a nuestro alcance para establecer una clara política mundial, desarrollando un conjunto de acuerdos con todos los países con los cuales podamos emprender esfuerzos conjuntos de investigación y desarrollo, pero siempre procurando trabajar al ritmo del más rápido.

Finalmente, determinados elementos de la problemática científico-tecnológica, cuyo comportamiento se requiera asegurar y legalizar, deben tener su correspondiente consideración en la Constitución Nacional, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

6. El ámbito ecológico

En la actualidad, atmósfera, suelo y agua han sufrido efectos degradantes transmisibles tanto al hombre como a la fauna y a la flora mediante reacciones directas e indirectas.

Las expresiones de la degradación son múltiples y la corrección tiene que efectuarse a través de cada uno de los factores de degradación.

Lo esencial es que el hombre mismo sea el primer defensor del medio ambiente y que el Estado establezca los medios adecuados que logren una solución a los problemas que se presenten.

Considero conveniente señalar algunas premisas que es menester tener en cuenta para detener la marcha hacia un proceso que puede constituir el desastre de la humanidad. 57

Son necesarias y urgentes una revolución mental en los hombres, especialmente en los dirigentes de los países más altamente industrializados; una modificación de las estructuras sociales y productivas en todo el mundo, en particular en los países de alta tecnología donde rige la economía de mercado; y el surgimiento de una convivencia biológica dentro de la humanidad, y entre la humanidad y el resto de la naturaleza.

Esa revolución mental implica comprender que el hombre no puede reemplazar a la naturaleza en el mantenimiento de un adecuado ciclo biológico general; que la tecnología es un arma de doble filo; que el llamado progreso debe tener un límite y que, incluso, habrá que renunciar a algunas de las comodidades que nos ha brindado la civilización; que la naturaleza debe ser restaurada en todo lo posible; que los recursos naturales resultan agotables y, por lo tanto, deben ser cuidados y racionalmente utilizados por el hombre; que el crecimiento de la población debe ser planificado sin preconceptos de ninguna naturaleza; que, por el momento, más importante que planificar el crecimiento de la población del mundo, es aumentar la producción y mejorar la distribución de alimentos y la difusión de servicios sociales como la educación y la salud pública; y que la educación y el sano esparcimiento deberán reemplazar el papel que los bienes y servicios superfluos juegan actualmente en la vida del hombre.

Cada nación tiene derecho al uso soberano de sus recursos naturales. Pero, al mismo tiempo, cada gobierno tiene la obligación de exigir a sus ciudadanos el cuidado y utilización racional de los mismos. El derecho a la subsistencia individual impone el deber hacia la supervivencia colectiva, ya se trate de ciudadanos o pueblos.

La modificación de las estructuras sociales y productivas en el mundo implica que el lucro y el despilfarro no pueden seguir siendo el motor básico de sociedad alguna, y que la justicia social debe erigirse en la base de todo sistema, no sólo para beneficio directo de los hombres sino para aumentar la producción de alimentos y bienes necesarios; consecuentemente, las prioridades de producción de bienes y servicios deben ser alteradas en mayor o menor grado según el país de que se trate.

En otras palabras: necesitamos nuevos modelos de producción, consumo, organización y desarrollo tecnológico que, al mismo tiempo que den prioridad a la satisfacción de las necesidades esenciales del ser humano, racionen el consumo de recursos naturales y disminuyan al mínimo posible la contaminación ambiental.

Necesitamos un hombre mentalmente nuevo en un mundo físicamente nuevo. No se puede construir una nueva sociedad basada en el pleno desarrollo de la personalidad humana en un mundo viciado por la contaminación del ambiente, exhausto por el hambre y la sed, y enloquecido por el ruido y el hacinamiento. Debemos transformar a las ciudades cárceles del presente en las ciudades jardines del futuro.

El crecimiento de la población debe ser planificado, en lo posible de inmediato, pero a través de métodos que no perjudiquen la salud humana, según las condiciones particulares de cada país y en el marco de políticas económicas y sociales globalmente racionales.

La lucha contra la contaminación del ambiente y la biósfera, el despilfarro de los recursos naturales, el ruido y el hacinamiento de las ciudades, y el crecimiento explosivo de la población del planeta, debe iniciarse ya a nivel municipal, nacional e internacional. Estos problemas, en el orden internacional, deben pasar a la agenda de las negociaciones entre las grandes potencias y a la vida

permanente de las Naciones Unidas con carácter de primera prioridad. Éste, en su conjunto, no es un problema más de la humanidad: es «el» problema. Todos estos problemas están ligados de manera indisoluble con el de la justicia social, el de la soberanía política y la independencia económica del «tercer mundo», y la distensión y la cooperación internacionales.

Muchos de estos problemas deberán ser encarados por encima de las diferencias ideológicas que separan a los individuos dentro de sus sociedades o a los Estados dentro de la comunidad internacional.

Lo expresado señala la conveniencia de establecer un adecuado registro de factores de contaminación que determine, para cada uno de ellos, los medios de contaminación a través de los cuales operan estos factores, el potencial de degradación, la capacidad del medio ambiente para absorber a los factores sin degradarse, y todo otro aspecto que resulte de interés a los fines indicados.

El gobierno debe adoptar las máximas previsiones para preservar el ámbito ecológico hasta aquellos niveles que se consideren no perjudiciales para la vida humana. Debe, a su vez, disponer [de] un ente adecuado para el tratamiento de todos los aspectos inherentes al ámbito ecológico, tanto [en] lo que concierne a la preservación de la vida como [a] la determinación de las fuentes de recursos naturales.

Finalmente, deseo hacer algunas consideraciones para nuestros países del «tercer mundo».

Debemos cuidar nuestros recursos naturales, con uñas y dientes, de la voracidad de los monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y desarrollo en los centros de alta tecnología donde rige la economía de mercado. Ya no puede producirse un aumento en gran escala de la producción alimenticia del «tercer mundo» sin un desarrollo paralelo de las industrias correspondientes. Por eso, cada gramo de materia prima que se dejan arrebatar hoy los países del «tercer mundo», equivale a kilos de alimentos que dejarán de producirse mañana.

De nada vale que evitemos el éxodo de nuestros recursos naturales si seguimos aferrados a métodos de desarrollo preconizados por esos mismos monopolios, que significan la negación de un uso racional de los mismos.

En defensa de sus intereses, los países deben propender a las integraciones regionales y a la acción solidaria.

No debe olvidarse que el problema básico de la mayor parte de los países del «tercer mundo» es la ausencia de una auténtica justicia social y de participación popular en la conducción de los asuntos públicos. Sin justicia social, el «tercer mundo» no estará en condiciones de enfrentar las angustias ante las difíciles décadas que se avecinan.

La humanidad debe ponerse en pie de guerra en defensa de sí misma. En esta tarea gigantesca nadie puede quedarse con los brazos cruzados. Por eso, nuestro país, que aún tiene la enorme posibilidad de salvar su integridad ambiental, debe iniciar cuanto antes su campaña en el orden interno y, al mismo tiempo, unirse a todos los pueblos y gobiernos del mundo en una acción solidaria que permita solucionar este gravísimo problema.

7. La organización institucional

En este terreno he insistido [en] que nuestra posición es la de proceder a realizar una revolución en paz. Eso significa que todo lo debemos hacer dentro de la ley y que nada debe realizarse fuera de su alcance. Nuestra comunidad habrá de funcionar sobre la base de la fuerza del derecho.

Ya he dicho en la sección histórica de este trabajo que debemos corregir el defecto de creación de las instituciones jurídicas que proviene del liberalismo, por el cual primero se dictaba la norma y, luego, se procedía a la asignación de funciones. Nosotros deberemos actuar precisamente a la inversa. Es decir que, en primer lugar, se establecerán las funciones requeridas y, luego, dictaremos la norma que resulte adecuada para el fin propuesto.

Así concibo la raíz del problema institucional [de] nuestra futura comunidad. De ello nace la necesidad de trabajar con programación institucional y de realizar un control permanente de la eficiencia del sistema de normas y de cada una de éstas en particular.

La democracia social y la programación institucional

He definido a la democracia que debemos consolidar como una democracia social. Consecuentemente con ello, nuestra forma de gobierno deberá ser: representativa, republicana, federal y social. Social, por su naturaleza, por sus objetivos y por su desenvolvimiento; libre de preconcepciones dogmáticas y de extremismos. Social, en fin, en un sentido intrínsecamente cristiano. En la democracia que deseamos no existirá incompatibilidad alguna entre la permanente actualización de la libertad individual y una imprescindible planificación con adecuados recaudos de flexibilidad.

Definida en estos términos la futura sociedad argentina, el mejor camino para alcanzarla es gobernar sobre la base de una minuciosa programación.

Datos para la programación institucional

Los siguientes son los datos básicos para la programación institucional que propongo:

- Se concibe al país como un verdadero sistema. En el mismo, el campo institucional estructura el marco y establece las reglas de juego fundamentales de tal sistema, en términos jurídicos.

- Se pide al sistema eficiencia social máxima. Para ello, la planificación es un instrumento; y el gobierno con planificación, un método de gobierno.

- El sistema debe funcionar con participación de todos los entes representativos de la comunidad.

La participación dentro de nuestra democracia social deberá funcionar de una manera real y positiva. El ciudadano se expresa, como tal, a través de los partidos políticos, cuyo eficiente funcionamiento ha dado tradicionalmente al Honorable Congreso Nacional su capacidad de crear historia a través del voto de las leyes.

Pero también se expresa a través de su condición de trabajador, intelectual, empresario, militar, sacerdote, etc. Como tal, tiene que organizarse para participar en otro tipo de recinto, como puede ser el Consejo para el Proyecto Nacional.

La tarea de ese Consejo debería enfocarse hacia esa gran obra en la cual todo el país tiene que empeñarse: el Proyecto Nacional.

Empero, ningún partícipe del Consejo mencionado debe ser un emisario de la posición del Poder Ejecutivo o de cualquier otra autoridad que no sea el grupo social al que representa. Para ello, tendrá que asegurarse que cada integrante exprese la voluntad del sector al que pertenece, en forma debidamente institucionalizada.

La democracia social no puede ser desviada hacia alguna de las formas conocidas, ni en la estructura ni en el funcionamiento de las instituciones. Será preciso, entonces, que sus normas jurídicas contengan los necesarios principios fundamentales, asumiendo, además, la dimensión procesal requerida para evitar que el objetivo fijado por la norma sea falseado en el uso concreto.

La fisonomía gubernamental

Dejo a la consideración de mis conciudadanos la posibilidad de modificar la fisonomía clásica de nuestro gobierno, introduciendo en el mismo innovaciones que lo fortalezcan, como pueden ser, a mi juicio, las siguientes:

- La creación de un organismo como el mencionado Consejo para el Proyecto Nacional. 58

- La institución de un Consejo de Estado, al que el presidente de la Nación pueda convocar para tratar asuntos de alta trascendencia que motiven su asesoramiento.

- La incorporación de nuevos ministerios como, por ejemplo, para los ámbitos de ciencia y tecnología, y de recursos naturales y medio ambiente.

- La vigorización del federalismo, que instrumente la vigencia de la plena participación de los grupos locales.

- Y la designación de un coordinador ministerial — podría ser un primer ministro — , que facilite al presidente de la Nación la conducción de la administración pública. 59

Todas estas cuestiones deberán ser obviamente tratadas a través de los mecanismos legales correspondientes para que adquieran la vigencia necesaria. En todos los casos, se trata de una comunidad que desarrolle el máximo respeto a los derechos de las mayorías y las minorías; y que institucionalice concretamente este respeto mediante criterios normativos que aseguren su representación.

El método de trabajo institucional

La democracia social requiere que la programación institucional sea instalada en su seno como un proceso y no como un evento transitorio que actúe con conceptos similares a los que rigen la planificación en los demás campos de la actividad social integrada; que sea conducida en forma interdisciplinaria; que los juristas que participen de la labor interdisciplinaria tengan como objetivo

programar la norma para mañana antes que el código que consolida lo pasado; y que se hallen dispuestos a crear todas las nuevas instituciones jurídicas que la transformación requiera, sin ataduras de ninguna naturaleza.

Las normas que se establezcan tendrán que contener también sistemas de control de su propia eficiencia para proveer a su corrección oportuna. De lo contrario, todo nuestro esfuerzo jurídico-institucional estaría dirigido a cristalizar lo que ya cambió. Configuraría un freno al ajuste necesario y, en cierta medida, una consolidación de valores no necesariamente deseables.

Es obvio que esto no significa desestimar el valor de la construcción jurídica pasada. Sólo quiere poner énfasis en la necesidad de una práctica creativa para anticipar los ajustes necesarios.

La adecuación institucional

El camino a seguirse para efectuar los ajustes institucionales necesarios deberá partir, naturalmente, de una reforma de la Constitución Nacional. 60

Para ello, es preciso recoger las opiniones de los distintos sectores representativos de la comunidad argentina. De esta forma, seremos fieles al principio de que las grandes realizaciones no se llevan a cabo si no es con la participación de todo el país.

Con respecto a nuestra Constitución Nacional, es necesario tener en cuenta que deberá servir no sólo a una nación que quiere alcanzar una fisonomía interna de comunidad organizada. También estará al servicio de un país que busca desempeñar un papel protagónico en la realización continental, etapa previa del futuro universalismo.

8. La función de los grandes sectores de la vida nacional

El gobierno

El gobierno debe hacer lo que el pueblo quiere y defender un solo interés: el del pueblo.

Las tareas de gobierno deberán orientarse hacia dos finalidades esenciales: la grandeza de la nación y la felicidad de su pueblo. Lo justo es desarrollar una acción racional tendiente a alcanzar la prosperidad, sin que para ello sea preciso sacrificar el mínimo de libertad a que los pueblos tienen derecho.

Nuestro Modelo exige también un gobierno para una revolución en paz. Esto significa que el papel permanente del gobierno reside en conducir al sector político-administrativo y, simultáneamente, [en] realizar los ajustes necesarios de estructuras, con amplia visión de futuro.

Es necesario tener en cuenta que, normalmente, toda tarea de transformación suele herir determinados intereses que poseen su propio mecanismo de defensa.

Por ello, para que la transformación sea posible, no basta con un gran impulso entusiasta. Hace falta, también, una seria perseverancia.

Pero, además, se requiere capacidad para organizar su propia estructura y definir su propio crecimiento. El Proyecto Nacional debe constituir uno de los medios esenciales para que el gobierno marche ordenadamente hacia los fines establecidos.

Dadas estas condiciones, un mandato importante del gobierno, en la actual circunstancia, es crear las bases necesarias para la elaboración del Proyecto Nacional, e instrumentarlo una vez realizado.

El gobierno debe lograr que todo lo que se establezca en el Proyecto Nacional resulte debidamente ejecutado y cumplido.

El país necesita ver materializado el Proyecto Nacional. De lo contrario, otros serán los efectos sociales que se obtengan.

Corresponde al gobierno conducir debidamente el proceso; conciliar la acción de todos los partícipes del quehacer social, allí donde esta acción sea necesaria; coordinar la marcha del país y establecer los adecuados sistemas de control para corregir el rumbo cuando se haya desviado.

En consecuencia, el gobierno que necesitamos debe caracterizarse por:

a) Tener centralizada la conducción y descentralizada la ejecución.

b) Actuar con planificación, estableciendo la suficiente flexibilidad que permita introducir los reajustes que correspondan. Entre los planificadores y quienes decidan y ejecuten, debe existir una absoluta conciencia de trabajo en equipo.

c) Posibilitar la participación de todo el país, procurando instrumentar la forma para facilitar el alcance de los objetivos propuestos.

d) Concebir al gobierno como un medio al servicio total de la comunidad, para lo cual deberá lograr la máxima eficiencia posible.

e) Contar con funcionarios estables, de la mayor capacidad, que permanezcan ajenos a los cambios políticos.

Los partidos políticos

En un país institucionalmente representativo, la organización de las fuerzas políticas debe ser representativa para servir con fidelidad al país.

Para ello, toda organización política debe tener claramente establecida su unidad de doctrina, en la cual se apoyarán su estructura orgánica y su accionar.

La unidad se logra, básicamente, cuando se dispone de un profundo conocimiento del país y se hayan determinado con claridad los objetivos que desean alcanzarse y los medios a utilizar.

La democracia social que deseamos no se funda esencialmente en la figura de caudillos, sino en un estado de representatividad permanente de las masas populares.

Todas las fuerzas políticas necesitan de la acción armónica de quienes conciben la doctrina, de los que la predican y de los que habrán de ejecutarla.

La doctrina de cada partido debe ser predicada y no simplemente enseñada.

Ello significa que hay que hacerla conocer, comprender y sentir.

Pero todo partido político, para que ejerza una acción eficiente, requiere no solamente del valor numérico de sus integrantes sino también de una base ideológica explícitamente establecida. Tal aspecto podrá evidenciarse a través de una clara plataforma política que no será otra cosa que lo que el partido conciba como Proyecto Nacional.

Ésta es, a mi juicio, la forma en que cada partido político debe concebir los medios para lograr los objetivos en los diferentes campos del quehacer nacional.

Los trabajadores

En nuestra concepción, el trabajo es un derecho y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Los trabajadores constituyen uno de los pilares del proceso de cambio.

En el momento en que teníamos que rescatar a la sociedad argentina de una concepción liberal, los trabajadores configuraron la columna vertebral del proceso. En la comunidad a [la] que aspiramos, la organización de los trabajadores es condición imprescindible para la solución auténtica [de las necesidades] del pueblo.

A partir del principio de libre posibilidad de constituir sindicatos, el Justicialismo siempre se sustentó en el criterio de la indivisibilidad de la clase obrera organizada. Se requiere, en consecuencia, una sola central obrera.

El fundamento del vínculo es la solidaridad. Las organizaciones sindicales viven al impulso de esa solidaridad, que es la que da carácter permanente a la organización y la única fuerza indestructible que la aglutina. Ello con el claro sentido de que, además de la solidaridad de la organización, está vigente la esencia de la solidaridad individual de los hombres que la integran, por la sola razón de ser trabajadores.

Los objetivos de las organizaciones de trabajadores residen en la participación plena, la colaboración institucionalizada en la formulación del Proyecto Nacional y su instrumentación en la tarea de desarrollo del país.

Los trabajadores tienen que organizarse para que su participación trascienda largamente de la discusión de salarios y condiciones de trabajo. El país necesita que los trabajadores, como grupo social, definan cuál es la comunidad a la que aspiran, de la misma manera que los demás grupos políticos y sociales.

Se requiere [la] presencia activa de los trabajadores en todos los niveles.

Ello exige actualización y capacitación intensas, y exige también que la idea constituya el medio esencial que supere a todos los demás instrumentos de lucha.

Las organizaciones sindicales no valen sólo por la cantidad de los componentes que agrupan, sino también por los dirigentes capacitados que las conducen. Debe procederse a la formación de líderes en todos los niveles. Ello es fundamental para que los trabajadores cumplan con toda la responsa bilidad social que este Modelo Argentino les asigna.

La capacidad para decidir y para participar en las organizaciones de los trabajadores [forma] parte de las condiciones fundamentales del dirigente gremial.

Los Derechos del Trabajador, consagrados en nuestra reforma constitucional de 1949 61, tienen plena vigencia e integran este Modelo. Los derechos a trabajar, a una retribución justa, a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de su familia, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales, contenidos en dicha reforma, tienen que ser adicionados [al] 62 derecho a la participación plena en los ámbitos a los cuales el trabajador sea convocado por leyes especiales y, además, con el derecho de participación en el ámbito de las empresas en las que se desenvuelve.

Los intelectuales

El mundo vive un período de extraordinaria evolución en los ámbitos científico-tecnológico y filosófico, lo que origina cambios de trascendencia, muchos de los cuales ocurren a lo largo de la vida de un solo hombre.

La figura del intelectual constituye un verdadero seguro contra la incertidumbre y la vacilación.

El futuro debe edificarse sobre bases tanto filosóficas como eminentemente prácticas.

Por ello, el intelectual debe remitirse a interpretar el cambio y a visualizarlo con suficiente anticipación; a poner en juego la inteligencia junto con la erudición, la ciencia social junto con la ciencia física, el mundo de las ideas junto con el de la materia y el del espíritu, y la idea junto con la creación concreta.

Se hace necesaria la presencia activa del intelectual en todas las manifestaciones de la vida. Pasó la época en que podía admitirse la carencia o [la] evasión de talentos.

Cuando rige una sociedad competitiva, que se mueve económicamente en función del beneficio y que no valoriza el costo social de su forma de ser, la necesidad de la intelectualidad se remite básicamente a los procesos de producción y a las exigencias del mercado.

Los intelectuales de las ciencias sociales quedan allí remitidos a ser evaluadores de un cambio social de cuyo proyecto no participan y resultan idealistas, trabajadores conceptuales a alto nivel, pero no activistas del cambio.

Cuando, por el contrario, se quiere construir una “democracia social” en la cual se produce según las necesidades del hombre, se valoriza al hombre en función social como el fin de la tarea de la sociedad, se asume la necesidad de trabajar con programación y con participación auténtica y se toma la responsabilidad de formalizar un Proyecto Nacional y de concebir a la sociedad del futuro y trabajar para ella como un proceso, la dimensión de la tarea intelectual que ese proceso requiere se hace realmente muy grande.

Para identificar en nuestro medio el papel de los intelectuales basta recordar que el Proyecto Nacional a que aspiramos tiene que tener valor no sólo conceptual sino práctico, y resultar de una tarea interdisciplinaria. Para ello, debe tenerse especialmente en cuenta lo que los intelectuales conciban, lo que el país quiera y lo que resulte posible realizar.

Su tarea de aporte a la reconstrucción de la argentinidad está así claramente definida. La forma de enfrentarla está también precisada por el hecho de que la labor debe ser realizada con [la] participación auténtica de todos los elementos que representan [a] nuestra comunidad.

Toca a la intelectualidad argentina organizarse para asumir su papel.

El intelectual argentino debe participar en el proceso, cualquiera sea el país en que se encuentre.

No han de bastar para ello las declamaciones ampulosas.

El sistema liberal ha formado intelectuales para frustrarlos. Les ha negado participación y ha creado las condiciones para que no exista reconocimiento social ni reconocimiento económico a su labor.

La distorsión en la escala de valores ha sido tan absurda que el intelectual argentino ha terminado siendo un extraño en su propia tierra.

La comunidad que deseamos consolidar tiene que desarrollar un reconocimiento social adecuado a la labor del intelectual auténtico y adoptar previsiones que preserven siempre este estado de cosas. Se trata no sólo del reconocimiento económico, sino particularmente de su valoración social y política. Se trata también de institucionalizar su participación y de establecer medios de evaluación del intelectual auténtico.

Queremos, por lo tanto, una sociedad en la que el hombre valga por sus conocimientos y sus condiciones morales, y no por sus diplomas y vinculaciones sociales.

Esto exige un adecuado régimen universitario y la vigencia constitucional de los derechos del intelectual.

Los empresarios

Para calificar la función del empresariado en la “democracia social” argentina,partimos de que la empresa se organiza sobre una base humanista. Los criterios para ello nacen de la esencia de este Modelo Argentino, social y cristiano.

El primer objetivo de la empresa en una sociedad que quiere justicia social auténtica no es simplemente el beneficio sino el servicio al país.

El beneficio de la empresa, en nuestra concepción, debe establecerse de forma tal que siempre se asegure una retribución justa al empresario como factor de producción, lo cual incluye cierta retribución de riesgo, que se hace mínimo en la medida [en] que se trabaje con planificación; y que [se] determine, también, que los frutos del progreso se difundan a toda la comunidad a través del sistema de precios.

Sólo cuando el empresario procura prestar el mayor servicio al país, admitiendo límites mínimos y máximos a su beneficio, puede coincidir lo que es conveniente tanto para el empresario como para el país. Esta coincidencia es una precondición para que exista una democracia verdaderamente social.

La admisión del concepto de que la empresa constituye un bien social y que la participación de los trabajadores en su funcionamiento y beneficio es una realidad irreversible, constituyen elementos de juicio que deben ser adecuadamente reglamentados.

Otro aspecto reside en la participación de los empresarios en las decisiones.

La fisonomía de esta participación admite formas que van desde el asesoramiento al gobierno hasta compartir ciertas actividades con él. Será la sociedad la que determinará, a través de sus mecanismos idóneos, cuál será la competencia específica que le corresponda para cada caso.

La empresa debe ser concebida como un sistema cuya eficiencia debe ser siempre incrementada.

Ella es el ámbito esencial de aplicación de la tecnología en el proceso productivo y reconocemos que, básicamente, la expansión de esa producción se debe originar en el efecto de la eficiencia.

Se reconoce también como decisivo el aporte del empresariado a la estructura de precios que, en todo momento, debe adecuarse al desarrollo deseado.

Desde el punto de vista del beneficio empresario, el mismo debe guardar estrecha relación con la aspiración de trasladar a la comunidad los frutos del progreso, a través del sistema de precios.

Esto implica la necesidad de establecer las formas de producción y comercialización que sean intrínsecamente más aptas para funcionar dentro del modelo requerido. La sociedad deberá decidir sobre ello, considerando separadamente cada actividad en desarrollo.

La Iglesia

Existe una cabal coincidencia entre nuestra concepción del hombre y el mundo, nuestra interpretación de la justicia social y los principios esenciales de la Iglesia.

Ya en otra oportunidad busqué ofrecer una visión espiritual y trascendente del hombre y su puesto peculiar en la historia y la realidad.

Un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, realizando su existencia como sujeto histórico que desempeña en el mundo una misión espiritual única entre los seres de la Creación. Tal hombre, realizado en la comunidad, está lejos de concretar fines egoístas o burdamente materiales, pues como ya lo sabían los griegos, no hay equilibrio posible en una comunidad en la que el alma de sus hombres ha perdido su armonía espiritual.

En este sentido, no sólo los principios filosóficos guardan plena coherencia; la Iglesia y el Justicialismo instauran una misma ética, fundamento de una moral común, y una idéntica prédica por la paz y el amor entre los hombres.

No vacilo en afirmar que toda configuración socio-política, tanto nacional como mundial, supone, además de una clara exigencia racional, una sólida fe superior, que impregne de sentido trascendente los logros humanos.

Si en las realizaciones históricas dependemos de nuestra propia creatividad y nuestro propio esfuerzo, el sentido último de toda la obra estará cimentado siempre sobre los valores permanentes.

No pretendo evaluar integralmente la concepción de la Iglesia [conforme a los propósitos de un modelo temporal como es el Modelo Argentino]. 63

Pero estoy seguro, eso sí, [de] que el llamamiento de las cartas encíclicas, las constituciones pastorales y las cartas apostólicas — particularmente las más recientes 64 — constituyen para nosotros un aporte claro y profundo. Pienso que, en este terreno, el Modelo Argentino sólo necesita que ese mensaje sea adoptado eficientemente.

Presento un Modelo nacional, social y cristiano.

Al núcleo trascendente del hombre argentino va esta propuesta: es hora de superar una visión materialista que amenaza aturdir al ciudadano con incitaciones sensoriales que dispersan su vida interior.

La ruta que debemos recorrer activamente es la misma que definen las Escrituras: un camino de fe, de amor y de justicia, para un hombre argentino cada vez más sediento de verdad.

Las fuerzas armadas

Pienso que el mundo del futuro tiene una sola posibilidad para poder realizarse: adoptar la concepción universalista; es decir, concebirse totalmente integrado. Para ello, es imprescindible que las naciones ingresen decididamente porel camino de la paz.

Sin embargo, la organización del mundo según la concepción universalista, no implica la desaparición de las fricciones y discrepancias en el orden internacional, especialmente durante las etapas de gestación de ese nuevo mundo.

Tampoco excluye totalmente las posibilidades [de] que se produzcan conflictos bélicos, a través de los cuales determinados grupos, especialmente los económicos, pretendan satisfacer sus propios intereses.

Es más, la marcha hacia el universalismo, en sus sucesivas etapas — nacional, regional y continental — , se caracterizará por la lucha que desarrollarán las naciones para independizarse de los imperialismos que las mantienen oprimidas.

El Modelo Argentino define claramente el estilo nacional que deberá identificar a la república en el futuro y, además, establece los grandes objetivos que deberán alcanzarse para lograr la total liberación nacional.

Tal circunstancia implica que las Fuerzas Armadas, adecuadamente reorganizadas en base al real potencial de la nación y a las verdaderas exigencias de la defensa nacional, se apresten a respaldar firmemente la transformación que marca la república. Transformación que, por otra parte, no es más que la materialización del deseo manifestado por el pueblo argentino, de eliminar definitivamente las formas de opresión de distinta naturaleza que durante decenios ejerció el imperialismo, para detener, en beneficio propio, el desarrollo nacional. 65

A fin de enmarcar con precisión las misiones que cumplirán las instituciones armadas, deberá tenerse particularmente en cuenta que no sólo se limitarán aprepararse para el desarrollo específicamente militar, sino que participarán decididamente en el proceso de liberación nacional, contra toda forma de imperialismo interno o externo.

Dicha intervención se concretará mediante actividades de apoyo a la comunidad y a través de acciones de tipo educativo que se dirigirán, especialmente, sobre el personal de tropa que anualmente pasa por sus filas 66, y que se extenderán al personal de cuadros, quien tendrá a su cargo difundir y predicar la doctrina nacional. Doctrina que, sintetizándola, podríamos definirla como las máximas aspiraciones argentinas, vertidas en el Proyecto Nacional.

Las fuerzas armadas son parte del pueblo y, como tal, están integradas con el mismo. La unión y solidaridad del pueblo y las fuerzas armadas [son] 67una precondición para que fructifique la “democracia social” de nuestro Modelo Argentino.

En consecuencia, a las fuerzas armadas, como a cualquier otro sector de nuestra sociedad, les compete desempeñar un rol preponderante en la defensa nacional.

Esto significa que, si bien nuestras instituciones armadas, ante la eventualidad de un conflicto militar, constituirán la columna vertebral del sistema de defensa, su participación no se limitará a prepararse para esas posibilidades.

También colaborarán firmemente en los esfuerzos en que se [empeñen] 68el Estado argentino y el resto de los sectores nacionales, con la finalidad de alcanzar y consolidar el desarrollo armónico de la república.

Nuestras fuerzas armadas asumieron plenamente la tarea de defensa contra el neocolonialismo, y su compromiso consiste en la participación activa en la reconstrucción del país, realizada con sentido nacional, social y cristiano.

Un nuevo aporte, en estas circunstancias, será el de contribuir a la formulación del Proyecto Nacional, como otro grupo efectivo de pensamiento de los que conforman la comunidad argentina, señalando, para cada uno de los campos que responden al quehacer nacional, qué es lo que conciben más apropiado para lograr la grandeza y la felicidad del pueblo argentino.

A fin de cumplir con eficiencia las misiones generales señaladas, nuestras instituciones castrenses deberán reunir ciertas características que, enunciadas, configuran el modelo de fuerzas armadas que necesita el país para respaldar su futuro.

Consecuentemente, las fuerzas armadas argentinas deben:

1. Tener un profundo conocimiento de los objetivos nacionales y consustanciarse con ellos.

2. Integrarse estrecha y realmente con el pueblo del cual se nutren y a quien se deben.

3. Establecer íntimo contacto con los diferentes sectores de la sociedad, a fin de comprender sus problemas y necesidades, única forma para materializar objetivos comunes.

4. Elaborar la estrategia militar basada en la que adopte el Estado. Consecuentemente, elaborar la doctrina militar nacional y estructurar las organizaciones adecuadas para satisfacer sus exigencias.

5. Desarrollar una verdadera doctrina conjunta, que facilite y haga más eficiente el accionar militar.

6. Coparticipar activamente en el desarrollo nacional fomentando áreas aún no abarcadas por los sectores privados y vinculados con la defensa nacional.

7. Impulsar decididamente la actividad científico-técnica, con la finalidad de desarrollar una industria bélica nacional que la autoabastezca, eliminando la dependencia del extranjero.

8. Sumar su acción a los esfuerzos que los sectores nacionales realizan en las distintas áreas de la comunidad, para romper con la sujeción material o spiritual ejercida por los grandes intereses extranacionales.

9. Participar activamente, con su tecnología, medios y personal, en la ejecución de los programas industriales que se realicen en el ámbito civil, fundamentalmente en aquéllos de importancia estratégica, como el Plan Siderúrgico Nacional, y en los que sean fuentes de producción de sus propias necesidades.

10. Cooperar con la comunidad en cuanta oportunidad pueda prestar su concurso en pro del bienestar del pueblo.

Así concibo a nuestras fuerzas armadas, consustanciadas con nuestro pueblo en una estrecha e indestructible unidad espiritual.

PARTE TERCERA

CONCLUSIONES Y APERTURAS

ARGENTINA EN LA COMUNIDAD MUNDIAL

He expuesto nuestro Modelo Argentino en términos de transformación de la comunidad nacional, deseando profundamente que sirva a nuestra patria como nación autónoma y plena.

Pero la Argentina opera dentro de la sociedad mundial, y esto no es incompatible con su independencia esencial. Veo con claridad que la sociedad mundial se orienta hacia un universalismo que, en un futuro relativamente cercano, nos puede conducir hacia formas integradas en el orden político tanto como en el orden económico y social.

Estamos en la aurora de un nuevo renacimiento, pero seríamos muy ingenuos si confiáramos en que tal renacimiento resultará un producto espontáneo de la historia del mundo.

Como partimos de una etapa en la cual las determinaciones políticas básicas se dan en el nivel de los pueblos — organizados en Estados — , la unión que conduzca al universalismo sólo puede provenir de los pueblos mismos antes que de decisiones arbitrarias. La experiencia histórica así lo enseña.

Los grandes problemas mundiales que se vislumbran en función de un panorama histórico general, pueden agruparse de la siguiente manera:

a. La [superpoblación] 69en relación con las disponibilidades de recursos dominantes, especialmente alimentos.

b. El agotamiento de recursos naturales no reproducibles.

c. La preservación del ámbito ecológico.

Tales problemas pueden tener solución adecuada si se comprende que el universalismo no puede reducirse al ámbito de la concepción teórica, sino que debe hacerse efectivo a través de un proceso integral que comprometa a toda la humanidad.

Creo que en esta línea de pensamiento se instala la carta pastoral Gaudium et Spes 70cuando afirma que «el género humano puede y debe no sólo perfeccionar su dominio sobre las cosas creadas, sino que le corresponde además establecer un orden político, económico y social que esté más al servicio del hombre y permita a cada uno y a cada grupo afirmar y cultivar su propia dignidad».

El itinerario está trazado: debemos prepararnos para recorrerlo.

Difícil y sutil tarea es ésta para los hombres del futuro: lograr una integración que no consista en una nueva manifestación enmascarada de imperialismo; compatibilizar el universalismo con la indispensable preservación de la identidad de los pueblos. Así como sostuve que una auténtica comunidad organizada no puede realizarse si no se realiza plenamente cada uno de sus ciudadanos, pienso que es imposible concebir una integración mundial armónica sobre la base de una nivelación indiscriminada que despersonalice a los pueblos y enajene su verdad histórica.

Para nosotros, los argentinos, esta ardua labor nos exige robustecer desde ya una profunda cultura nacional, como único camino para consolidar el ser nacional y para preservar su unidad en las etapas que se avecinan.

La liberación, en todos los terrenos, es insoslayable requisito para ingresar en el proceso universalista.

Resulta así que para constituir al mundo como un ente armónicamente integrado es necesario liberarse de dominadores particulares. Paralelamente, deben considerarse dos etapas esenciales, a las que me he referido en numerosas oportunidades: la del continentalismo y la del «tercer mundo».

La etapa del continentalismo configura una transición necesaria. Los países han de unirse progresivamente sobre la base de la vecindad geográfica y sin pequeños imperialismos locales. Ésta es la concepción general con respecto a los continentes, y específicamente la concepción de Argentina para Latinoamérica: justa, abierta, generosa y, sobre todas las cosas, sincera.

Debemos actuar unidos para estructurar a Latinoamérica dentro del concepto de comunidad organizada, y es preciso contribuir al proceso con toda la visión, perseverancia y tesón que hagan falta.

Tenemos que asumir el principio básico de que «Latinoamérica es de los latinoamericanos».

Quiero refirmar con énfasis que nuestra proposición no es agresiva: simplemente recoge la enseñanza de la historia y la proyecta hacia el futuro, incorporando la constructiva cooperación estrecha con todos los países.

Para cumplir plenamente con el propósito universalista, debemos tener real independencia de decisiones, y ello requiere una Latinoamérica con individualidad propia.

Como latinoamericanos, atesoramos una historia tras de nosotros: el futuro no nos perdonaría el haberla traicionado.

No me cabe duda [de] que el «tercer mundo» debería conformarse como una extensa y generosa comunidad organizada. El Modelo Argentino incorpora y sintetiza nuestra «tercera posición», pero no puedo dejar de reconocer que «tercer mundo» y «tercera posición» no significan lo mismo.

La «tercera posición» es una concepción filosófica y política. No todos los países que integran el «tercer mundo» participan necesariamente de ella. Es prudente admitir, en consecuencia, que la fortaleza del «tercer mundo» ha de residir precisamente en la sólida configuración de un movimiento que respete la pluralidad ideológica, siempre que conserve el denominador común de la liberación.

Por otra parte, existen como factores aglutinantes la comunidad de propósitos, la vocación mundial auténtica y el hecho de que nuestros países albergan grandes reservas de recursos naturales no reproducibles.

No se trata de promover una suerte de revancha histórica. Sólo de usar positiva y creativamente los recursos que la historia ha puesto en los países del «tercer mundo» como condiciones básicas de la sociedad mundial universalista que nosotros queremos.

La configuración del «tercer mundo» no ha de realizarse por generación espontánea. Por el contrario, debe surgir de un proceso deliberado y consciente y,por lo tanto, programado. Su realización requiere toda la eficacia necesaria para que la comunidad del «tercer mundo» quede al abrigo de oposiciones disolventes, tanto internas como externas.

La experiencia nos indica que un «tercer mundo» vinculado sólo a través de lo socio-político será inevitablemente débil en su conformación, mientras que si actúa en profundidad, con vínculos económicos bien definidos, habrá de gestar su propia importancia económica.

Desde el punto de vista geopolítico, se trata de lograr un nivel aceptable de coincidencias entre todos los países que se hallan fuera de la franja industrial del hemisferio norte, con las inevitables excepciones. Estoy pensando en América Latina, África, Medio Oriente y Asia, sin distinción de ideologías.

Los intentos de aproximación internacional han surgido, generalmente, a partir de problemas concretos y sin una previa visión universalista. En ese sentido, no respondieron a las auténticas necesidades de los pueblos, sino a los intereses particulares de los grandes grupos de poder. Es preciso ahora revertir el proceso, elaborando a la luz de la voluntad de los pueblos, los procesos que habrán de contribuir a la futura comunidad mundial.

El hombre es el único ser de la Creación que necesita «habitar» para realizar acabadamente su esencia. El animal construye una guarida transitoria, pero aquél instaura una morada en la tierra: eso es la patria.

Es mi deseo que nadie bastardee la palabra «patria», convirtiéndola en un rótulo vacío. Nuestros heroicos próceres no necesitaron desgastarla para comprender que alude a esa profunda morada que, recíprocamente, habita en el corazón de cada uno de sus hombres.

El universalismo constituye un horizonte que ya se vislumbra, y no hay contradicción alguna en afirmar que la posibilidad de sumarnos a esta etapa naciente, descansa en la exigencia de ser más argentinos que nunca. El desarraigo anula al hombre, y lo convierte en indefinido habitante de un universo ajeno.

En esta etapa de mi vida quiero, como nunca, para mis conciudadanos, justicia y paz: convoco con emoción a todos los argentinos a hundir hondas raíces en su tierra grande y generosa, como único camino esencial para florecer en el mundo.

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  • 49. Para una mejor comprensión de la frase: [Si una nación cumple con su vocación de destino sólo cuando el pueblo que la predetermina se realiza como tal, la política exterior argentina tiene en éste su principal fundamento].
  • 50. En el original CD: “atentan”.
  • 51. En el original: “donde ya no tendrá sentido”.
  • 52. En el original: “logrados”.
  • 53. En el original CD: “Tal vez en el pasado, donde se procedía entendiendo al país como compartimento estanco y donde las concepciones ideológicas...”.
  • 54. En el original CD: “lo originan”.
  • 55. Por primera vez en su historia, la Argentina contaría con un Ministerio de Ciencia y Tecnología recién en diciembre de 2007 (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva). Creado durante la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es el primero en Latinoamérica que contempló a la innovación productiva asociada a la ciencia y la tecnología. Su misión es orientar la ciencia, la tecnología y la innovación al fortalecimiento de un nuevo modelo productivo que genere mayor inclusión social y mejore la competitividad de la economía Argentina, bajo el paradigma del conocimiento como eje del desarrollo.
  • 56. En el original CD: “... para la formación profunda del científico y el técnico, sea bajo avanzadas formas de postgrado”.
  • 57. Los párrafos siguientes, hasta el final del subtítulo, transcriben casi textualmente el Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo que Perón difundiera desde Madrid el 21 de febrero de 1972.
  • 58. En tiempos agónicos del gobierno de María Estela Martínez de Perón, principios de enero de 1976, hubo un intento de creación del Consejo Nacional para el Proyecto Nacional pero, aunque fue anunciada la firma del decreto presidencial, una nueva crisis ministerial la postergó definitivamente. Nunca volvió a hablarse del tema y luego sobrevino el golpe cívico-militar del 24 de marzo.
  • 59. Ver nota 48.
  • 60. Claramente durante la gestión de su tercer gobierno Perón trató de avanzar en una reforma de la Constitución Nacional (y relacionó ese proyecto con la elaboración del Modelo argentino para el proyecto nacional). Pero los intentos se frustraron con su desaparición física. Ver nota 115 de la Segunda Parte del Prólogo de Oscar Castellucci para esta edición (http://www.bcnbib.gob.ar/uploads/Peron.-Modelo-argentino-para-el-proyecto-nacional.pdf): “En busca del tiempo perdido (Cómo y por qué Juan Domingo Perón escribió el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional)”. La reforma constitucional recién se concretaría en 1994 (durante el gobierno de Carlos Menem), pero durante su transcurso nadie recordó ni tuvo presente la obra de Perón.
  • 61. Los Derechos del Trabajador fueron proclamados por Perón el 24 de febrero de 1947 en un acto organizado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en el Teatro Colón y, luego, incorporados al texto de la reforma constitucional de 1949 (Capítulo III, Art. 37).
  • 62. En el original CD: “con el”.
  • 63. En el original CD: “...a los propósitos de un modelo temporal como en el Modelo Argentino”.
  • 64. La referencia remite, en particular, a la encíclica Populorum Progressio (1967), a la constitución pastoral Gaudium et spes (1969) y la carta apostólica Octogesima Adveniens (1971), todas del Papa Paulo VI.
  • 65. Expresado en las elecciones realizadas en 1973, con el masivo apoyo a los candidatos de los partidos o frentes electorales en cuyas plataformas se incluían explícitamente estos principios: Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), Unión Cívica Radical (UCR), Alianza Popular Revolucionaria (APR), Frente de Izquierda Popular (FIP), etc.
  • 66. Alude al personal que anualmente cumplimentaba con la obligación del servicio militar obligatorio vigente entonces e instituido por la ley 4.031 del 6 de diciembre de 1901 (“Ley Ricchieri”) y reemplazado ahora por el servicio militar voluntario creado por la ley 24.429 que fuera sancionada el 14 de diciembre de 1994.
  • 67. En el original CD: “es”.
  • 68. En el original: “empeñe”.
  • 69. En el original CD: “sobrepoblación”.
  • 70. Carta pastoral sobre la misión de la Iglesia frente a los desafíos del mundo actual, Concilio Vaticano II, 7/12/1965. Es el documento más extenso de dicho Concilio y se divide en dos partes: La enseñanza de la Iglesia sobre los seres humanos, el mundo en que viven, y la relación de la Iglesia con ellos...

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